¿Fin de la política?

Los principales críticos de la posmodernidad sostienen que uno de sus efectos más perniciosos ha sido el sistemático debilitamiento del mundo de la política. Los espacios públicos construidos durante la época moderna, y que permitieron la confrontación de poderes y la resolución de los conflictos sociales, están hoy sometidos a la dinámica y a los requisitos del mercado. Las decisiones políticas más importantes ya no se toman en las instituciones públicas correspondientes, sino en las elegantes oficinas de las corporaciones multinacionales. Las gerencias reemplazan a los parlamentos, los tecnócratas a los políticos y los publicistas a los ideólogos.

Esta tendencia conspira contra las instituciones del Estado y, de manera particular, contra los órganos del poder legislativo. Una de las principales críticas ciudadanas al manejo de la crisis europea sostiene que los gobiernos hacen más caso a las exigencias del sector financiero que a las necesidades de la población. Y las medidas finales las toman avasallando a los parlamentos que, de acuerdo con la tradición jurídica moderna, constituyen el lugar de la política por antonomasia.

Nuestro sistema político no escapa a este fenómeno: tenemos una Asamblea Nacional que ha proscrito el debate y la fiscalización; un sistema judicial con evidentes signos de parcialización; una función de participación totalmente burocratizada; y, para colmo, un Consejo Nacional Electoral que no logra disipar las dudas ciudadanas respecto de su ineptitud y falta de transparencia. En síntesis, las instituciones que supuestamente defienden el interés público adolecen de raquitismo político, y actúan de acuerdo con decisiones que se imponen desde los más reservados cenáculos del Poder Ejecutivo.

El sueño griego del ágora –que ha sido la base filosófica de la democracia occidental– se está haciendo añicos. Ese espacio donde se encontraban cara a cara lo público y lo privado, el oikos y la ecclesia, para buscar un entendimiento a través del diálogo, se convierte cada vez más en una mera formalidad (Zygmunt Bauman, La sociedad sitiada, 2011). Por eso Correa puede lograr acuerdos con los empresarios sin siquiera regresar a ver a los trabajadores. Y por eso mismo, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional hace mutis por el foro; porque ahora la legislación laboral se resuelve en los salones de los hoteles de lujo.

El sometimiento de las instituciones y funciones del Estado a intereses privados mediados por el poder Ejecutivo ha sido tan brutal, que hoy la política tiene que desplazarse nuevamente a las calles.

Un derecho tan elemental para la democracia como la existencia de partidos políticos debe ser defendido con marchas y protestas… como si estuviéramos en los albores del siglo XIX.

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