La crisis económica desatada por la pandemia del covid-19 generó conflictos en el arriendo de viviendas y locales comerciales en el país. Por ejemplo, hay atrasos en el pago mensual del alquiler, pedidos de desalojos y problemas con la devolución de garantías.
Las historias son similares en los centros de mediación. Desde el 10 de junio pasado, cuando se autorizó al personal el retorno físico, en las 91 oficinas que operan en el país hay más usuarios que buscan una solución por despidos o por retraso en el pago de arriendos.
Desde afuera se observa un local completamente remodelado. El material del piso se cambió y las paredes se pintaron para lo que iba a ser una cafetería, pero la puerta ha permanecido cerrada con llave y quien arrendó el local no ha cancelado por su ocupación desde hace nueve meses. Tampoco ha contestado llamadas ni mensajes.
En un año, el inquilino pagó solo un mes de arriendo. Los dueños le pidieron que se marchara y hasta lo demandaron, pero nada sirvió. El inquilino solo decía que estaba desempleado y así esquivó las dos órdenes de desalojo que llegaron.
Samuel Oakford. IPS Seis años después del estallido de la crisis financiera que provocó la recesión de Estados Unidos y de buena parte del mundo, los inversores de Wall Street se frotan las manos ante el multimillonario potencial de ganancias que les ofrece el mercado de alquiler de viviendas unifamiliares en este país.
Muchos propietarios que desean vender su casa y no lo consiguen acaban por arrendar el inmueble. Esta decisión, sin embargo, puede suscitar preocupación en caso de querer desahuciar al inquilino.
La cultura del alquiler es una tradición en el país. El déficit de vivienda, que supera las 1 200 000 unidades, y la falta de poder adquisitivo de la población son los factores para el auge de este tipo de transacción inmobiliaria.