Jaime Vargas, haciendo fisga de la legislación y la administración de justicia, se negó a declarar en la causa penal instaurada a propósito de los acontecimientos miserables de octubre de 2019, que agredieron e incendiaron a Quito, a título de que tenía derecho a hacerlo en su propio idioma. Y su abogado defensor, a una pregunta del periodista que le cuestionó el proceder, puesto que su cliente habla perfecto castellano, le contestó: “sí, pero tiene derecho”.
L a población de los países de América Latina es el 8% de la población mundial, pero tiene el 29% de los contagiados del covid-19 y el 31% de los fallecidos. Algunas explicaciones a este terrible escenario: En la región, aproximadamente el 55% de los trabajadores son informales y por tanto dependen de su labor diaria en las calles, para subsistir ellos y sus familias. Les resulta imposible cumplir las órdenes de confinamiento. Su dilema está entre quedarse en casa para evitar los contagios y no tener qué comer, o buscarse la vida en calles y plazas. Optan por lo segundo.
La ciudadanía está indignada por el mar de juicios penales que se han iniciado en contra de Correa, su vicepresidente Glas y buena parte de sus exministros, colaboradores de nivel ministerial y otros de nivel inferior, y que hasta ahora no tienen sentencias firmes. Todos estos juicios se proponen descubrir y castigar con las penas previstas por la ley a quienes abusaron de fondos públicos y se enriquecieron directamente, o a través de contratos con sobreprecios celebrados con empresas, correos en los delitos. La corrupción no es de ahora ni solo pertenece al gobierno de “las manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes”, pero en la historia ecuatoriana no se registra un período presidencial en que se haya organizado una mafia atracadora desde la jefatura del Estado. Y l os montos que han logrado embolsicarse estos pieichdis y compañía, llegarían a miles de millones de dólares.
Ecuador iba a ser el país con mayor generación de energía hidroeléctrica gracias a las enormes inversiones que realizaría el gobierno de “las mentes lúcidas, los corazones ardientes y las manos limpias”, para beneficio de todos los ecuatorianos. No solamente el ciudadano tendría acceso a energía eléctrica estable y a precios reducidos, sino que Ecuador exportaría energía a los países vecinos. En este contexto se lanzó una multimillonaria campaña para dejar de usar el gas licuado de petróleo, GLP, y adquirir cocinas y calentadores de agua, eléctricos. Las cocinas de inducción se importaron masivamente de China y se presionó a la industria nacional para que las fabricara localmente. Estas cocinas están arrumadas en alguna bodega y quienes confiaron en la propaganda y adquirieron estos artefactos se arrepienten amargamente, por su poca utilidad y especialmente por el costo de electricidad. El consumo de gas sigue aumentando y el enorme subsidio que otorga el gobierno a los consumidores y
Los bandazos que va dando el gobierno del presidente Moreno, afectan al normal desenvolvimiento del país en mucho mayor grado del que parecen creer los altos funcionarios. En un asunto tan intrascendente como el feriado el 1 de mayo, se expidieron 2 decretos ejecutivos en menos de 24 horas, debido, según se informó en su momento, a una reunión del jefe de Estado con la dirigencia sindical. La pregunta obvia es: ¿Así se cambiará cualquier decisión? ¿Todo depende de la presión que se ejerza o de la sensación de debilidad del propio gobierno?
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, Cpccs t designó al Consejo de la Judicatura interino (CJI), con funciones específicas de desmontar el control correísta sobre jueces y fiscales y pasar a una administración de justicia independiente y confiable. Entre sus más importantes responsabilidades, estuvo la de evaluar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), respecto de cuya designación ha habido muchos cuestionamientos y sobre sus actuaciones múltiples descalificaciones. Tan pronto se instaló el CJI se enviaron extrañas comunicaciones a algunos jueces pidiendo “información”, lo cual se traduce como intentos de influir sobre ellos. Esto ocasionó un rifirrafe entre sus miembros, que terminó en que el Cpccs t le retiró la facultad de evaluar a la CNJ. Primer objetivo logrado: mantener a los jueces de la CNJ que han dado reiteradas muestras de censurable cercanía con el poder de los 10 años.
No hay duda. El caudillo está realmente acongojado por lo que le puede venir. Los procesos judiciales iniciados y por iniciarse pueden llevarlo con sus huesos a la cárcel, o a refugiarse en el país de su cónyuge como asilado. Se acabarán los continuos viajes alrededor del mundo, sus “conferencias magistrales” en universidades controladas por los políticos a quienes financió con dineros públicos del país y sus desplazamientos “por trabajo” para asistir a la inauguración del torneo mundial de futbol.
Ha transcurrido un tercio del período del presidente Moreno, en el que los avances en materia política son muy apreciados por la ciudadanía. Como se ha repetido más de una vez, se respira un ambiente diametralmente distinto al de los 10 años anteriores. Son evidentes las libertades públicas, el espíritu de diálogo, el respeto a la persona humana y un destacable esfuerzo por reinstitucionalizar al país. Y han sorprendido positivamente, pues se creyó que Moreno sería una continuación de Correa, para guardarle las espaldas.
Repudiable y condenable la cobarde acción de los grupos narcoguerrilleros colombianos que han segado las vidas de 4 militares, asesinado a dos periodistas y un conductor de esta casa y, en una muestra de audacia y desafío, han secuestrado a una pareja de inocentes ciudadanos ecuatorianos. Mi solidaridad con los familiares de las víctimas y con ELCOMERCIO.
No está destinada a impedir que un ciudadano acceda a determinada función. Eso sería conceder excesiva importancia a un personaje. El tema es mucho más profundo: ¿Es propio de las democracias presidenciales permitir la permanencia indefinida en el poder? ¿La alternancia en la jefatura del Estado es un activo de las democracias? Por último: ¿La lucha contra la corrupción exige que de tiempo en tiempo terceras personas accedan al gobierno para que se puedan destapar los actos de las anteriores administraciones?
En relación a la carta a la Dirección remitida por el señor Francisco Rosales Ramos, publicada el 28 de marzo del 2016, cuyo título es No a la ley ‘mordaza’, me permito indicar: