Otra Corte

A partir del día viernes de la semana anterior, nuestro país cuenta con nueva Corte Nacional. ¿Qué número es esta nueva Corte? Es difícil saber por las constantes renovaciones ligadas a los procesos políticos. Ya en la Constitución Quiteña de 1812, constó: “Art.45, El Supremo Poder Judicial como parte de la autoridad soberana, o modificación suya, se ejercitará por la alta Corte de Justicia en todos los casos…” etc.

En 1875 hubo nueva Corte. En 1906, bajo la égida de Alfaro, tuvo lugar una reorganización. En 1937, el General Alberto Enríquez proclamado dictador, designó 15 jueces de la Suprema. Avanzando en el tiempo, en 1946, bajo dictadura del Dr. José María Velasco Ibarra, se produjo reorganización de esa Corte.

Siempre bajo el tratamiento político, en el año 2005 fue eliminada la que se denominó “Pichi Corte”, elegida mediante concurso de méritos y oposición. El Ecuador vivió ocho meses sin Corte Suprema. Luego de ello, todos conocemos que se organizó la Corte Suprema dotando a sus Ministros de periodo ilimitado.
Para que nadie meta las manos en la justicia, determinaron que los mismos Ministros, mediante un sistema llamado de cooptación, elijan a quien falte por muerte o por renuncia.

Posteriormente, siempre bajo concurso de méritos y oposición, se eligió la Corte que acaba de cesar en funciones; y con el mismo sistema se ha conformado la nueva, para un periodo de nueve años.

La pregunta, a la luz de la experiencia, es: ¿cuánto tiempo durará esta novísima Corte? Porque más temprano o más tarde, el Gobierno del Presidente que metió las manos en la justicia finalizará; y, entonces como es usual vendrán otros que, con seguridad, designarán otra Corte sea Nacional o Suprema y procederán a la reorganización del aparato judicial.

Es interesante anotar que el deterioro de las sucesivas Cortes Supremas –ahora Nacional- se ha producido por el sector penal. No se han registrado líos ni escándalos en las especializaciones civiles, laborales, administrativas, fiscales. El escándalo surge solo en las Salas penales, porque sus jueces están sometidos a la presión de actores políticos. Por lo general, son políticos los de la denuncia inicial; quienes desde curules del legislativo o acudiendo con denuncia a la Fiscalía, acompañados de medios de publicidad, originan los juicios.

En el cercano pasado esta práctica se llamó justicia politizada, respecto a los jueces; y judicialización de la política por parte de los actores políticos que originan e impulsan las acciones penales, con propaganda incluida.

¿Habrá un remedio para estas malas costumbres ya arraigadas?

La Corte Suprema tuvo 103 Presidentes desde 1830. El sector judicial ha debido atender reformas y más reformas de leyes: entre codificaciones y derogatorias: 215. El futuro de nuestra Justicia no es optimista.

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