El Ejecutivo propone penas desde los 6 meses hasta los 25 años de cárcel, además de multas, para quienes cometan actos de corrupción en contratos de emergencia.
El secretario (ministro) de Hacienda mexicano, Luis Videgaray, reconoció el viernes, 12 de diciembre del 2014, que compró una lujosa vivienda al mismo contratista gubernamental que vendió la polémica mansión de la primera dama, pero negó que haya existido un conflicto de interés.