La Cámara de Minería del Ecuador hace un llamado a la Corte Constitucional para que inadmita una acción de inconstitucionalidad.
Un total de 17 organizaciones de carácter nacional de pueblos indígenas, montubias y afroecuatorianas llegaron hasta el salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. Era la última etapa de la consulta prelegislativa sobre la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
En dos semanas, la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea espera entregar la sistematización de los resultados de las consultas prelegislativas sobre la Ley de Aguas. Desde el 26 de marzo hasta el martes pasado, los miembros de esta Comisión viajaron por todas las provincias del país, a excepción de Galápagos, para tratar con las organizaciones provinciales los principales temas de la Ley.
Ayer, a las 16:00, en la parroquia de Tarqui (provincia del Azuay) se realizó la consulta prelegislativa sobre la Ley de Aguas. El dirigente, Carlos Pérez Guartambel, explicó que la Constitución garantiza el derecho a que las comunidades sean consultadas sobre temas que incidan en su dinámica, en este caso la minería. Más de 500 usuarios del sistema de agua Tarqui-Victoria del Portete coincidieron en que no quieren la extracción minera en fuentes hídricas, porque podría afectar su salud. Además, esta comunidad vive de la agricultora y crianza de animales e incidirá en su dinámica laboral. En este encuentro se propuso que la Ley de Aguas prohíba cualquier extracción en zonas de recarga hídrica, fuentes, nacientes y ecosistemas asociados al ciclo hidroecológico. El presidente de la Asociación de Derechos Humanos en Azuay, César Zea, fue el observador. Él dijo que la consulta prelegislativa es un derecho del pueblo, avalado por la Carta Magna y que permite a la población decidir también.
Hoy, el Consejo de Administración Legislativo, que agrupa a las autoridades de la Asamblea, aprobó el instructivo para la aprobación de la consulta pre legislativa, que permitirá continuar con el trámite de la ley de Aguas.