La Corte Constitucional del Ecuador (CC), en sesión ordinaria del miércoles 28 de octubre de 2020, aceptó parcialmente las acciones públicas de inconstitucionalidad presentadas dentro de los casos 26-18-IN, 23-19-IN, 30-19-IN y 7-20-IN que tienen que ver con la compra de renuncias en el sector público.
Este lunes 17 de febrero del 2020 se desarrolló una jornada de plantones en los bajos de la Corte Constitucional (CC). Sectores a favor de la minería, representantes de comunidades cercanas a la hidroeléctrica Hidrotambo y una asociación de personas desvinculadas del sector público por el Decreto 813, pidieron pronunciamientos de la CC.
85 servidores públicos del Ministerio de Finanzas serán cesados de sus funciones por compra de renuncias, desde el 11 de marzo del 2019.
Una nueva ola de compra de renuncias obligatorias a empleados públicos se desató ayer. Esta vez, los involucrados fueron trabajadores de las gobernaciones e intendencias de cuatro provincias.
Representantes de la Internacional de Servidores Públicos (ISP) llegaron al país para reunirse con autoridades gubernamentales y legislativas. Con ellos analizarán el tema de la compra de renuncias de los servidores públicos.
En la Intendencia de Compañías de Guayaquil también fueron entregadas las notificaciones de compras de renuncia. Hoy, personal de Recursos Humanos y policías vestidos de civil informaron a un grupo de trabajadores que la institución había decidido la separación de sus cargos. Ellos dejaron las instalaciones en ese momento. Hasta el cierre de esta edición se desconocía el número de despedidos. Desde el Departamento de Comunicación solo se informó que la única persona autorizada para dar esa información es la Superintendenta de Compañías, Soad Manssur. Al término de a jornada laboral, el personal se retiró sin brindar declaraciones sobre este hecho.
Esta mañana, a partir de las 08:00, inició la segunda oleada de compras de renuncias obligatorias en el sector público.
Hoy, el doctor Milton Jijón respondió públicamente las aseveraciones en su contra, difundidas a semana seguida en una cadena de televisión auspiciada por el Gobierno. Jijón es uno de los 110 médicos despedidos del sector público. Genetista y con una puntuación de 99 sobre 100, impulsó proyectos como la primera unidad de diálisis renal infantil o la unidad para tratamientos de síndromes genéticos en el Hospital de Niños Baca Ortiz, donde fue director. En la cadena, el Gobierno afirma que él recibió cerca de USD 5 000 en viáticos, que solo atendió dos pacientes por día y en el 2011 “ni un solo paciente por día” y que enviaba a sus pacientes hasta una fundación, donde no se emitían facturas, para que fueran atendidos. "Debería darles darles vergüenza cuando se dice una parte y no se dice la otra", replicó Jijón durante una entrevista esta mañana en Ecuavisa. "En la Fundación Humanística era uno de los pocos lugares donde se hacía análisis citogenéticos, que hasta el día de hoy no se los h
La falta de argumentos técnicos por el despido de 2 700 burócratas puede pasarle la factura al Gobierno. El presidente de la República, Rafael Correa, al justificar la medida implementada a finales del mes pasado, señaló ayer que “hay corrupciones evidentes, pero que no se pueden demostrar. Tenemos que actuar”. Si no se puede demostrar algo evidente, las demandas legales que han emprendido cientos de servidores públicos que fueron separados pueden tener éxito en las instancias legales. Freddy Carrión, abogado laborista, señaló hoy en Radio Visión que una acusación de actos de corrupción se debe tramitar a través de sumarios administrativos, sin ninguna indemnización. No se puede generalizar la corrupción en los servidores públicos, pues el propio Presidente ha dicho que no decir la verdad completa es una forma de corrupción. En ese sentido, los despidos bajo esa justificación es “ilegal y además es inhumano”. Alabó que se trate de mejorar el servicio público que tiene demasiadas falenc
El Régimen mantiene su posición de que la compra de renuncias obligatorias es para depurar el sector público. La más reciente defensa a su tesis apareció el domingo 20 de noviembre en una cadena nacional. Allí cinco ministros hablaron de la necesidad de renovar el sector público y se difundieron críticas a quienes cuestionan el proceso. La separación de profesionales en el sector de la salud ha sido uno de los puntos más polémicos. Muchos de los especialistas despedidos en Quito, Otavalo, Santa Elena y Guayaquil tenían calificaciones altas: un promedio de 90 puntos sobre 100. Los cuestionamientos provienen del Foro de Salud Pública, gremios médicos y pacientes. En la transmisión del domingo, el Régimen aprovechó el espacio para refutar afirmaciones del doctor Milton Jijón, quien ha reprochado su despido. Esta cadena se unió a la transmitida el domingo 30 de octubre, dos días después del inicio del despido de funcionarios de la burocracia. En esa ocasión la entonces ministra Coordinador
En una cadena transmitida desde la noche de ayer y la mañana de hoy, el Gobierno cuestionó las críticas del médico Milton Jijón a la compra de renuncias obligatorias, quien a su vez las calificó de “infamias”. Jijón es uno de los 110 médicos que han sido despedidos del sector público. Genetista y con una puntuación de 99 sobre 100, impulsó proyectos como la primera unidad de diálisis renal infantil o la unidad para tratamientos de síndromes genéticos en el Hospital de Niños Baca Ortiz, donde fue director. En la cadena, el Gobierno afirmó que solo atendía dos pacientes por día y en el 2011 “ni un solo paciente por día”. Jijón explica que desde el 2007 hasta el 2009 en su calidad de director del Hospital no estaba en sus obligaciones trabajar en consulta externa. “Pese a eso al no haber otro genetista clínico examinaba pacientes”. Mientras que en el 2010 hasta inicios del 2011 su tiempo lo dedicó a la misión gubernamental Manuela Espejo, que estudió las causas de las discapacidades en el
Esta mañana, varios pacientes se encontraron con otros médicos en los consultorios del hospital Abel Gilbert Pontón, en el Suburbio de Guayaquil.
En horas de la mañana de ayer fueron notificados con la compra de renuncias obligatorias Tenían media hora para recoger sus cosas y dejar sus puestos de trabajo.
Los representantes de los servidores públicos, acompañados por líderes de organizaciones sindicales, firmaron ayer el pedido de inconstitucionalidad al artículo 8 del Decreto 813, que establece la compra de renuncias obligatorias.
Hoy se reunieron las centrales sindicales del sector público en la Asamblea Nacional en Quito (Ecuador). Los trabajadores públicos se reunieron en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, donde establecieron realizar convenciones a nivel de Quito, Guayaquil y Cuenca para dar a conocer las desventajas del Decreto 813 emitido el 7 de julio pasado por parte del Ejecutivo. Así lo dio a conocer Mesías Tatamuez, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
La asambleísta Nivea Vélez, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, informó ayer que los asambleístas del bloque de Alianza País negaron la moción para la revisión del decreto presidencial 813, que viabiliza la compra obligatoria de renuncias en el sector público.
En noviembre del año pasado, María Natividad Guerra, de 73 años, se quedó repentinamente en el desempleo. Y sin indemnización.
El Decreto Ejecutivo 813, que estipula la compra de renuncias obligatorias a los servidores públicos entró en vigencia el pasado 12 de julio con la publicación en el Registro Oficial, con el número 489.
Ayer, 38 representantes de los funcionarios de ministerios y entidades estatales se reunieron por dos horas en la sede de la Federación de Servidores Públicos para rechazar el Decreto 813, que estipula la compra de renuncias obligatorias por parte del Estado.
El plan de reestructuración del Estado, que busca separar unos 10 000 funcionarios públicos este año (según lo señaló el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, el 17 de noviembre del 2010), a través de cinco mecanismos (ver cuadro) preocupa a la burocracia.