La reunión de los países OPEP y de sus aliados (Rusia, principalmente) arrojó una declaración ambigua sobre el volumen de crudo que se inyectará en el mercado internacional, pero de todas formas beneficiará a Ecuador. La conclusión de la cita de la semana pasada tuvo dos partes. Por un lado, recordó la resolución del 30 de noviembre de 2016, cuando se acordó recortar la producción de los países OPEP en 1,2 millones de barriles por día. Los países no pertenecientes a la OPEP contribuyeron con 600 000 más. Esa menor producción tenía como objetivo mejorar los precios del crudo, lo cual superó las expectativas iniciales.
El primer Informe a la Nación del Presidente Lenín Moreno tuvo un hecho concreto: la presentación en la Asamblea de un proyecto de ley para atraer inversión, impulsar el crecimiento y equilibrar las finanzas públicas.
Durante los próximos dos o tres años, la clase media en el mundo puede crecer en 3 000 millones de personas, la población total superará los 7 700 millones de habitantes y hasta el 2020, en Ecuador tendrá más de 17 millones de habitantes. Ese panorama global y local abre muchas posibilidades para atender la demanda de alimentos y es allí donde debería apuntarse la estrategia de producción agroalimentaria de los países con vocación en este segmento económico.
A los productores de papa les tocó, de nuevo, perder. La sobreproducción del tubérculo en el país está derrumbando los precios y golpeando las economías de los campesinos. Los costos de producción rondan los USD 12 por quintal pero los comerciantes ofrecen pagar menos de 10, pues existen muchos productores dispuestos a recuperar algo de la inversión para no perder todo el capital.
Los agentes económicos internacionales miran al Ecuador con suma atención. Mientras a través del Decreto Ejecutivo Nro. 252 se declaró como Política de Estado la atracción de inversiones, quienes representan al Gobierno aparentemente no siguen ese mandato. Al menos eso se desprende de los reportes de la prensa especializada y de quienes asistieron hace unos días a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial en Washington.
El IESS no está quebrado, pero es insostenible financieramente gracias a las decisiones tomadas por autoridades del anterior y del actual gobierno. Al Seguro Social lo han descapitalizado, le han quitado el 40% de aporte estatal para el pago de pensiones, el Gobierno no le ha pagado una millonaria deuda por Salud y le ha obligado a prestar más servicios sin el correspondiente financiamiento. También le han obligado a invertir en bonos soberanos y en proyectos estratégicos a cambio de una tasa de interés más baja que la que pagan a otros inversionistas.
El nuevo plan económico que presentará el Gobierno en los próximos días no solo requerirá de medidas eficaces para superar los problemas de endeudamiento público, de comercio exterior, de productividad o de falta de empleo. El elemento primordial en el plan será la coherencia de las medidas.
Los consumidores en la actualidad están adoptando con más frecuencia estilos de vida limpios. Estudios especializados advierten que el mercado mundial de alimentos orgánicos está creciendo y genera cada año nuevas posibilidades que permiten proyectar ventas globales de USD 90 000 millones anuales.
El crecimiento económico del Ecuador pinta mejor este año según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que tiene incluso mejores números que el propio Gobierno u organizaciones como la Cepal, cuyas estimaciones daban al país menos del 2%.
El precio del petróleo ecuatoriano tuvo un vertiginoso aumento durante el último trimestre del 2017, lo que empujó la cotización promedio a USD 46 por barril el año pasado. Ese valor fue 32% mayor al registrado en el 2016 y también 10% mejor respecto al 2015.
Deuda, petróleo y exportaciones, en ese orden, están salvando la economía del 2017, pero eso no garantiza un crecimiento sostenible.
El 2017 prácticamente ha terminado, y transcurrido un año de turbulencia política y económica, las empresas buscan ajustar su planificación para el 2018. En ese contexto y como parte de la celebración de los 20 años de la Revista Líderes se desarrolló el Foro Agenda Empresarial 2018. En este espacio de análisis, tanto autoridades públicas como representantes de gremios privados, expresaron sus puntos de vista sobre lo que pueden ser ‘oportunidades’ para un mejor desempeño corporativo durante el próximo año.
El Gobierno anunció un recorte de gastos a través de un decreto de austeridad, pero el próximo año proyecta gastar más.
En 1999, las familias ecuatorianas acogieron a unos 305 000 recién nacidos. Esa cifra se constituye en una de las más altas de las últimas dos décadas. Ahora ellos han cumplido la mayoría de edad y en los próximos diez años serán quienes más empleo demanden en el país.
El Banco Central falló en los cálculos sobre sus necesidades de liquidez para realizar sus operaciones y, en una operación inusual, decidió empeñar 200 000 onzas de oro de la reserva a cambio de efectivo. Se trata de un crédito similar al que hace una persona cuando empeña sus joyas en el Monte de Piedad.
En la última encuesta de empleo divulgada por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) se advierte una baja en el número de afiliados a la Seguridad Social en el país. Hasta septiembre del año pasado, un 30,3% de las personas con empleo tenía esta cobertura, mientras que en igual período de este año ese grupo bajó al 29,5%. Eso quiere decir que más o menos unas 100 000 personas dejaron de recibir esas prestaciones.
Mientras en el país el paquete de anuncios económicos del Gobierno deja más dudas que certezas, la región y el mundo miran con preocupación lo que sucede con la alimentación y la industria alimentaria.
De cumplirse las proyecciones del Gobierno, el crecimiento económico del país en los próximos cuatro años promediará el 1,8%, que es un desempeño mediocre. Si se descuenta la tasa de crecimiento poblacional significará que en la práctica no habrá tal crecimiento.
El actual Gobierno ha dado señales de querer transparentar la situación económica que atraviesa la caja fiscal, pero eso no se refleja en la Pro forma 2017. En ella se inflan los ingresos para aparentar que el déficit fiscal se está reduciendo y, por tanto, las necesidades de financiamiento serán menores en el presente año.
Las autoridades hidrocarburíferas han expresado su intención de incrementar la producción de crudo, pese al acuerdo de reducción suscrito el año pasado en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La necesidad de contar con más recursos para aliviar el abultado endeudamiento público y tratar de equilibrar en algo el déficit fiscal puede obligar al país a incumplir ese compromiso, para poder generar fondos para la caja fiscal.