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La inmediata revisión de la transferencia de licencia ambiental de Petrobras a Petroamazonas, que opera el bloque 31, en el Parque Nacional Yasuní, es una exigencia del sector ambientalista y de la asambleísta María Paula Romo.

‘El bloque 31 y el Parque Nacional Yasuní: un debate que la Asamblea debe asumir’ es el título del documento que presentó anteayer ante el Pleno de la Asamblea, pero no tuvo eco. Solicitó un cambio en el orden del día para discutir el tema pero no consiguió los 63 votos a favor.

Su reclamo surge porque la licencia original para explotar el bloque 31 fue otorgada a la brasileña Petrobras el 18 de octubre de 2007, pero una vez que salió del país, Petroamazonas asumió el control del bloque y el Ministerio de Ambiente (MAE) transfirió la licencia el 26 de enero del 2009.

La ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, explica que la licencia fue otorgada en la época de la ministra Ana Albán y que ahora se encuentra como un acto administrativo absolutamente pleno y legítimo. “No tiene ninguna invalidación ni suspenso jurídico que impida su ejecución”. Agrega que cuando se traspasó el permiso también se pidió a Petroamazonas una actualización de su plan de manejo, requisito que la petrolera ya cumplió.

Pero Romo aclara que si bien la licencia fue otorgada en el 2007, un año después la Constitución cambió y específicamente el artículo 407 prohíbe la explotación de recursos no renovables en las áreas protegidas. El bloque 31 se encuentra junto al bloque ITT, dentro del Parque Nacional Yasuní, que es un área protegida.

“Existe una licencia pero es contraria a la Constitución. Si se quisiese extraer ese petróleo, la nueva Constitución incluye un requisito adicional que es pasar por la autorización de la Asamblea y luego de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular”, enfatiza Romo. Eso es lo que está solicitando.

De acuerdo con la Ley Ambiental, las licencias ambientales se otorgan a los proyectos y no a las empresas, si es que fuesen iguales la transferencia podría ser legítima, pero si son diferentes es necesario que se tramite un nuevo permiso en el MAE.

Natalia Greene, presidenta de Cedenma (Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente), explica que no se trata del mismo proyecto. El plan de Petroamazonas se diferencia del de Petrobras en un 20%. “Petroamazonas propone construir una infraestructura con la capacidad para hacer un petróleo más líquido. Se está construyendo de tal manera que cuando se decida explotar el ITT ya haya la infraestructura”.

Además, es necesario que se revisen las cláusulas del contrato que se rescindió con Petrobras y verificar si este tipo de licencias quedaron nulas, cuando se fue del Ecuador. Romo también propone que el bloque 31 se incluya dentro de la Iniciativa Yasuní ITT. Justifica su propuesta diciendo que la cantidad de petróleo en el bloque 31 es pequeña en relación a la del ITT y no valdría explotarlo porque se afectaría toda la zona protegida.

Carlos Larrea, del equipo técnico de la Iniciativa Yasuní ITT, explica que el fideicomiso firmado con el PNUD considera solo al bloque ITT y no al 31, pero agrega que en términos de conservación sería una decisión apropiada incluirlo porque se tendría una mayor protección del parque. Agrega, sin embargo, que es una decisión del Ejecutivo.

Más sobre el bloque

El bloque  31 está  junto a la zona de la Iniciativa Yasuní-ITT.

El bloque tiene cerca de 40 millones de barriles.   
 
La Constitución  del 2008  prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas intangibles.
 
El Parque Nacional Yasuní tiene    zonas, en   donde  viven pueblos no contactados.

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