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La pesca indiscriminada de tiburones continúa en la reserva marina de Galápagos. Las operaciones de embarcaciones de mediano calado en el área protegida se realizan al margen de la Ley, pues en esta zona está prohibida la pesca de los escualos, considerados una especie protegida.

Pese a la gravedad de estas acciones, que son consideradas delitos ambientales, y por lo tanto penadas con cárcel para los implicados, las autoridades de la Fiscalía, el Parque Nacional Galápagos y diversas organizaciones ambientalistas están muy preocupadas por que los jueces han liberado a la mayoría de detenidos.

El último caso ocurrió el martes pasado en la rada de Puerto Baquerizo Moreno, en San Cristóbal. Las autoridades de Recursos Marinos y la Fiscalía de Ambiente realizaron un operativo en la bahía y ubicaron 225 aletas de tiburón.

El fiscal de Ambiente, José Cevallos, informó que junto con las autoridades de la Policía, la Armada y el Parque Nacional (PNG) realizan operaciones constantes de vigilancia e inteligencia para ubicar a los barcos que ingresan a pescar clandestinamente a la reserva. No obstante, esas operaciones delictivas se podrían incrementar, alertó Cevallos, alentadas por la actuación concesiva y cómplice de algunos jueces.

Desde julio pasado han sido ubicados y capturados dos barcos de pesca industrial en la reserva: el Fer Mary I y seis fibras, descubiertos el 18 de julio. En esa embarcación se transportaban 357 tiburones, a 20 millas dentro de la reserva. También fueron capturados 22 tripulantes.

El 17 de septiembre, personal de la Armada detuvo al pesquero Reina del Cisne, junto con dos fibras, que pescaban a 34 millas de Punta Pitt, en la isla San Cristóbal (6 millas dentro de la Reserva).

En sus bodegas se encontraron 81 tiburones. Ante el delito flagrante, el fiscal Cevallos actuó de oficio, en coordinación con autoridades del Parque interponiendo las acciones correspondientes, ante el juez Primero de Garantías Penales, Jorge Cabrera Moserrate, quien inicialmente ordenó la prisión de 12 personas.

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