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El Ministerio de Salud mantiene su hermetismo y no explica el porqué de los despidos de los 110 profesionales de la salud y 90 enfermeras. Ayer, el titular de esta Cartera de Estado, David Chiriboga, en una entrevista televisiva, señaló que esto fue fruto de un proceso de análisis a escala nacional (ver nota compartida).

El Foro de Análisis de la Salud Pública en el Ecuador, una de las voces críticas de la gestión en salud, ha recopilado testimonios y fichas de los funcionarios despedidos para rebatir el argumento del Gobierno de que "eran vagos y corruptos".

Mauricio Espinel, miembro del foro y profesor de salud pública de la Universidad San Francisco de Quito, indica que enviaron una carta a la ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz, para expresar su desacuerdo con la medida y pedir que se argumenten las acusaciones de corrupción. Pero han pasado ocho días y no hay ninguna explicación.

"Por supuesto que es importante depurar el sector, pero hay que hacerlo de la manera correcta, si se dicen que son 'vagos', hay un proceso administrativo y si son 'corruptos' debería haber un proceso penal", opina Espinel.

"El común denominador que hemos encontrado en esos casos es que son gente crítica, que no permite que haya corrupción y que se posiciona frente a los problemas en sus unidades".

Muchos de los médicos despedidos tenían valoraciones altas.
El inventario que ha hecho el Foro de la Salud Pública incluye a profesionales como Gonzalo Jaramillo, cirujano del Hospital de Otavalo (Imbabura), con menos de cinco años de trabajo y evaluaciones superiores a 90; o a Simón Quimi, epidemiólogo de Santa Elena, técnico único en su especialidad en esta provincia, con calificaciones similares.

Estas valoraciones, por ley, se hacen a todos los funcionarios
públicos, una vez o dos veces por año. No hay otro parámetro para medir el rendimiento de estos trabajadores. Iván Riofrío, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, dice que una calificación bajo los 70 puntos determinaría un llamado de atención, dando la oportunidad de que el funcionario corrija su actitud.

En teoría se valoraba por la calidez de la atención y el número de pacientes atendidos, pero esto va en contra de especialistas como los cirujanos, que cuando hacen una intervención quirúrgica dejan de atender la consulta.

Riofrío cuenta que el gremio que preside está analizando los despidos de entre 20 y 30 casos para pedir explicaciones al Ministerio de Salud. Uno de los casos es el de Milton Jijón, genetista con una valoración de 99 sobre 100, que impulsó proyectos tan importantes como la primera unidad de diálisis renal infantil o la unidad para tratamientos de síndromes genéticos en el Hospital de Niños Baca Ortiz. Los médicos que salieron del Baca Ortiz, una decena, lideraban proyectos importantes. Es el caso de Paúl Astudillo, cirujano pediatra, con la máxima calificación y 10 000 cirugías. Este especialista impulsaba un programa de cirugías bariátricas para niños obesos.

Los dramas en Guayaquil

El cirujano Mario García obtuvo 99,4 sobre 100 puntos en el análisis que valora las metas médicas y administrativas de cada profesional. Pese a ello, el viernes 28 de octubre, cuando salía de uno de los quirófanos del Hospital Abel Gilbert Pontón, recibió la notificación de despido. "Llegaron con policías del GOE cuando terminaba de operar a una paciente con cáncer de estómago".

Mario García cumplió 13 años de servicio. Fue temporalmente Jefe del Departamento de Cirugías, Subdirector del hospital y en febrero pasado creó el Programa de Cirugía Ambulatoria, a través del cual se han realizado 956 cirugías hasta la fecha.

Una de sus últimas funciones fue durante la emergencia hospitalaria. Cuenta que dio las indicaciones técnicas para la construcción de los dos nuevos quirófanos en el área de Urgencias. "Acompañé al Señor Presidente (Rafael Correa) en un recorrido en octubre. Le expliqué para qué iban a servir, para qué ayudarían. Y después llega la notificación... Me quedé sorprendido".

A diario en el hospital se realizan unas 50 operaciones, entre ellas de tumores cerebrales, reemplazo de cadera, de vías biliares, oncológicas y correctivas. Gonzalo Bermúdez las coordinaba como jefe del cirugía. Eso fue hasta hace 10 días, cuando recibió la notificación de despido.

"Fui fundador del servicio hace 37 años. Empezamos con 60 camas. Hoy siguen las mismas camas y los mismos seis quirófanos. Pedí que ampliaran el servicio... a cambio una señorita me entregó la orden de despido acompañada por un militar con traje camuflaje y una metralleta", cuenta.

El lunes, Bermúdez regresó nuevamente al hospital pero sin mandil, solo como profesor. En el cuarto piso, donde funciona el área de cirugía, dio clases a sus 150 estudiantes del internado, de séptimo año de Medicina. "Espero que no me impidan ser maestro", dijo.

Chiriboga habla de 110 galenos despedidos

El ministro de Salud, David Chiriboga, en una entrevista  con Gamatv,  explicó ayer el tema de las renuncias obligatorias o el proceso de desvinculación, como él lo llama. Lo primero que aclaró es que se han despedido a 110 médicos  de un total de 7 600 que laboran a escala nacional.  “El número de despedidos ha sido realmente mínimo. La gran parte de los servidores públicos desvinculados del Ministerio de Salud, fue personal administrativo, un total de 650 personas desvinculadas”, dijo Chiriboga.

Sobre las causas del despido simplemente indicó que fue  un proceso de análisis a escala nacional y que el Ministerio está en una reingeniería profunda. Esta  incluye la creación de la agencia de control de los establecimientos de Salud, que evaluará el desempeño en cuanto al número de pacientes atendidos y  la atención de Salud.  Rechazó las denuncias de mala atención médica. “Son versiones que han sido emitidas unilateralmente y deben verificarse”, dijo Chiriboga y añadió que el Ministerio ha elaborado un plan de contingencia y que está contratando personal ocasional hasta que se convoque a un concurso.

El cambio de la jornada médica, que pasó de 4 a 8 horas diarias, también es  parte del plan de Salud. Esta medida pensada para la optimización del recurso humano equivale a contratar 1 200 médicos, según el Ministro.

 En otra entrevista, concedida a Teleamazonas, Chiriboga confirmó que en diciembre se iniciará este concurso,  basado en la meritocracia, para la reintegración de esas partidas.  El titular de Salud solo  adelantó que se reformará el reglamento para que también puedan concursar especialistas extranjeros que aspiren a convertirse en servidores públicos.

Punto de vista
Dr. Fernando Sacoto A. / Médico Salubrista
‘Es una torpeza sanitaria’
 
La reciente disposición gubernamental de aplicar su plan de renuncias ¿obligatorias? ha tenido un efecto particularmente negativo en el sector de la salud, donde la importancia del recurso humano es decisiva e inobjetable.

Resulta incomprensible la torpeza con la que ha actuado el Gobierno para separar - sin criterio técnico particularizado- a médicos, enfermeras y otro personal sanitario; efectivamente, y sobre el vago andamiaje de procesos de “reestructuración, optimización o racionalización institucional” (Decreto Ejecutivo 813), la endeble base para “depurar” personal ha sido un subjetivo análisis de “idoneidad técnica o personal” avalado por circunstanciales autoridades de turno. Esto ha determinado que personas de valía hayan sido injustamente evaluadas por procesos nada transparentes. Agrava el hecho la forma indignante con que se trató a los despedidos, con injustificables actos de amedrentamiento, despliegue policial incluido.

La irreflexiva medida, por otro lado, no ha considerado, entre otros impactos, la disminución de oferta médica especializada de difícil reemplazo, o el debilitamiento de procesos normativos, que bastante esfuerzo le ha costado al Ministerio de Salud.

Mención especial merece el potencial efecto de limitar la docencia a alumnos de medicina que tienen como profesores a médicos renunciados, impedidos, por ello, de enseñar en los hospitales de los que fueron separados. Todo esto inscrito en un marco incoherente de gestión de recursos humanos que acierta al vincular laboralmente -aunque sin concurso- a miles de personas a servicios públicos de salud a partir del 2007, pero yerra al mantenerlas con contratos ocasionales en puestos permanentes.

Así pues, pensar que el simple cambio de una persona por otra -cual mecánico reemplazo de fichas- pueda llenar sensibles vacíos, refleja una perspectiva miope, no compatible con una visión moderna de desarrollo de capital humano que ha de valorar ponderadamente experiencia con renovación y más bien genera sospechas de interés de favorecimiento a personas afectas al Régimen.

Subyace además una absurda concepción cuadriculada de los recursos humanos públicos, empeñada en desconocer la necesidad de un marco normativo para el sector de la salud y sus particularidades: la “carrera sanitaria”, presente en todas las latitudes del mundo. Quien invariablemente termina perjudicada es la gente que acude a los servicios públicos de salud.    

La poco sesuda intervención desnuda la inexistencia de sistemas serios de evaluación de desempeño que, en función de parámetros objetivos y cumplimiento de resultados planificados; evidencie, documente, discrimine, premie y sancione a quienes lo merezcan.

Claro que tal cosa solo puede darse en un contexto institucional sólido, con  liderazgo firme, conducción competente y claridad de metas de corto, mediano y largo plazos. Justamente aquello de lo que el Ministerio de Salud Pública carece.

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