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Cada vez que los equipos de los servicios de imagenología de los hospitales públicos de Quito se dañan o están en mantenimiento, los pacientes deben recurrir a centros privados de diagnóstico y pagar por los estudios que necesitan.

Radiólogos Asociados, ubicado cerca de la Universidad Central, tradicionalmente atiende a los pacientes del Hospital Eugenio Espejo. Diego Rodríguez, gerente y director, dice que cuando el tomógrafo del hospital está dañado reciben 60 pacientes diarios.

No existe ningún convenio firmado con esta casa de salud ni con otro hospital. “Siempre hemos colaborado con los pacientes de hospitales, lo hacemos sin que nos pidan. Pedimos el sello de trabajo social para asegurarnos de que ayudamos a personas de escasos recursos”, aclara.

Los pacientes de las unidades públicas pagan, entre 40% y 50% del valor de cada estudio en este centro privado. Por una tomografía simple de cráneo, por ejemplo, pagan USD 35. Esto anula la gratuidad establecida por el Gobierno, pero Rodríguez dice que cuando el personal de trabajo social del hospital les pide ayuda con determinados pacientes, les exoneran de todos los pagos.

El tomógrafo del Eugenio Espejo es el equipo que más trabaja. Una de sus partes más sensibles es el tubo y para cambiarlo se necesitan unos USD 120 000. La importación de esta pieza ha hecho suspender el servicio en más de una ocasión. Cuando esto ocurre los pacientes son referidos a centros que dan precios especiales como Radiólogos Asociados.

Actualmente el servicio de imagenología del Eugenio Espejo tiene los equipos necesarios para el diagnóstico y trabaja 24 horas. Cada día unas 500 personas pasan por esta área. La demanda sube por los pacientes que son derivados de otras casas de salud carentes de equipos. Los servicios del tomógrafo y de la resonancia magnética son los más buscados. Unas 80 tomografías y 35 resonancias se despachan cada día.

Imagenisco, el servicio de imagenología de la Clínica San Francisco, que está frente al Hospital Baca Ortiz, también socorre a la red pública. Ellos cobran entre USD 10 y 35 a las personas del pediátrico y algunas veces también les eximen de pagar.

El Baca Ortiz actualmente solo tiene dos equipos de Rayos X portátiles alquilados. Los otros equipos de Rayos X y el tomógrafo, que tenían 25 y tres años de funcionamiento, colapsaron en noviembre por una falla eléctrica.

Patricio Canelos, gerente de la San Francisco, explica que el apoyo de Imagenisco fue vital entre noviembre y enero. “No les cobramos nada a los usuarios porque luego íbamos a hacer un cruce de cuentas con el hospital”, dice Canelos. Se hicieron 3 000 exámenes referidos del Baca Ortiz y la cuenta subió a USD 14 000, pero tras el escándalo de la niña que cayó por el ducto del ascensor y la remoción de las autoridades, se suspendió el acuerdo y la deuda quedó pendiente.

En enero también se suspendió el acuerdo que tenía la Dirección Provincial de Salud de Pichincha con Medinuclear, empresa que desde hace seis años alquila un espacio en los predios del Hospital Pablo Arturo Suárez. A cambio cobraba precios reducidos a los pacientes. La tomografía de cráneo, que era lo más demandado porque el hospital carece de un tomógrafo, costaba USD 39.

Alexis Carrera, director de Medinuclear, cuenta que le notificaron del fin del acuerdo por carta y que estaban a punto de abandonar el predio del hospital, pero esta semana les llamaron para firmar otro acuerdo.

El Hospital Enrique Garcés, en el sur de Quito, sí cuenta con los equipos necesarios. Germán Herrera, jefe de imagenología, dice que hacían autogestión para mantener sus equipos. Hasta hace 15 días cobraban a los usuarios, según su capacidad económica. La gratuidad se mantenía solo para el programa de maternidad gratuita, personas con discapacidad, con VIH, de la tercera edad y pacientes del SOAT.

Había tres categorías de pago: unos cancelaban el 25%, otros 50% y los que tenían recursos, el 100%. Herrera enfatiza que los precios eran más bajos que los centros privados. Por una placa de tórax se pagaba USD 5 y por una tomografía 20. Esto generaba un ingreso mensual de USD 15 000, para comprar insumos y costear mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Pero esta práctica fue prohibida en enero por el Ministerio de Salud para cumplir con la gratuidad. “La cuestión es cómo vamos a mantenernos. En un par de meses quizás corramos la misma suerte de otros hospitales, si no tenemos insumos no podemos trabajar. Esperemos que el Gobierno evite que eso ocurra”, dice Herrera.

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