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El Ministerio de Salud prevé continuar con el camino de la expropiación de clínicas privadas para ampliar su red de servicios. La Clínica San Francisco, ubicada frente al Hospital Baca Ortiz, pasó a manos del Estado el 27 de diciembre.

Su gerente, Patricio Canelos, confirma que ese día se firmó un convenio con la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) y aunque no revela el monto de la negociación dice que se hizo un segundo avalúo catastral, ya que el primero, que era de USD 730 000, no estaba acorde con la realidad.

“Aceptamos la expropiación como una contribución que hacemos desde la Clínica San Francisco para conseguir el bienestar de la salud pública. Jamás estuvo en nuestro pensamiento crear conflicto, obtener un beneficio excesivo, o perjudicar a nuestros trabajadores”, dice Canelos y añade que la clínica, que tiene una trayectoria médica de 50 años, continuará en otras instalaciones en el norte.

Las palabras del gerente de la clínica tienen correspondencia con sus actos pues en el último período que apoyó al pediátrico, a finales de 2011 e inicios de 2012, se encargó de los análisis radiológicos de más de 2 000 niños y hasta ahora no ha recibido el pago por sus servicios y los insumos que ocupó. Son más de USD 20 000.

El edificio de la Clínica San Francisco debe pasar a manos del Estado en dos meses, pero el gerente está pendiente de una reunión con las autoridades sanitarias para conseguir una prórroga de dos meses más. Está pendiente la reprogramación de las más de 100 cirugías que tenían planificadas y el traslado de zonas sensibles como el área de terapia intensiva neonatal, que tiene 12 camas y una ocupación del 100%.

“Hay cuatro o cinco niños que están en etapa de maduración o esperando cirugías importantes que no van a poder ser manejados desaprensivamente”, dice.

Los cuatros pisos del edificio de la Clínica San Francisco se convertirán en una unidad de diagnóstico del pediátrico Baca Ortiz, según Andrés Cadena, asesor de talento humano del Ministerio de Salud. La expectativa era empezar el equipamiento y la readecuación del espacio en este mes, pero se retrasará hasta que se haga la entrega efectiva del inmueble. La Cartera de Salud, sin embargo, no ha indicado el monto de la inversión que hará en esta nueva unidad.

La expropiación de esta clínica obedeció a un pedido del presidente Rafael Correa, que visitó el Hospital Baca Ortiz en enero del 2012, después de que una niña de siete años cayera por el ducto de un ascensor. Allí se enteró de que la entidad de enfrente prestaba servicios médicos al pediátrico. Por eso, pidió que el inmueble fuese declarado en utilidad pública.

Para Fernando Salazar, médico especialista en administración e investigación médica, el crecimiento de la red pública de salud, a través de las expropiaciones, se justifica porque la infraestructura está deteriorada y data de los años del ‘boom’ petrolero de hace 40 años. Pero su crítica es que nuevamente todo se construye en función de la curación. “El Ministerio solo genera oferta para la atención de la morbilidad y no hace nada para la prevención y promoción de la salud”.

En el portal de esa Cartera de Estado aparece de manera escueta el detalle de un proyecto que lleva como título: “Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad” y se lee en los apartados de misión y visión que el primer nivel de atención contará con todo lo necesario para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Pese al pedido que hizo este Diario para ampliar esta información no hubo respuesta de la autoridad sanitaria. En el documento, colgado en el portal, solo hay un detalle estadístico de las unidades con las cuales contará el país hasta 2021 (ver nota compartida).


Otras proyectos
La idea de comprar clínicas privadas para aliviar la carga de los hospitales empezó en el período del ex ministro de Salud, David Chiriboga. La consultora Gens Sapiens, que cobró casi USD 1,4 millones por el asesoramiento durante la emergencia sanitaria, elaboró un listado de ocho inmuebles que debían ser declarados de utilidad pública para contar con una oferta inmediata y diversificada de servicios de salud.

A través del proyecto Mi Hospital se aprobó la inversión de USD 80 millones para la adquisición de esos inmuebles y las negociaciones avanzaron con la Clínica Santa Lucía, de Quito y el Hospital Milenium, de Ambato. Pero con la salida de David Chiriboga y la llegada de Carina Vance todo se detuvo y el proyecto Mi Hospital perdió autonomía dentro del Ministerio.

Cuando la Cartera de Salud anunció la expropiación de la Clínica San Francisco, también comunicó que no había otro proceso de expropiación en marcha. Jorge Carrión, asesor jurídico del Ministerio, dijo que se había invalidado la declaratoria de utilidad pública del Hospital Milenium y que se estaba haciendo lo mismo con la Clínica Santa Lucía. “En el caso del hospital se revocó tras analizar los informes técnicos y lo misma va a suceder con la clínica”.

El hospital de Ambato jamás se desocupó del todo y ha vuelto a operar, según su ex gerente, Cristóbal Andrango. No así la clínica de Quito. Uno de sus propietarios, Diego Almeida, confirmó que el inmueble es propiedad del Ministerio de Salud desde el 23 de diciembre del 2011, fecha en la cual se inscribió la escritura de expropiación en el Registro de la Propiedad. “La clínica ya está en propiedad del Ministerio desde hace un año y el precio pagado fue de USD 2 millones, en base al avalúo catastral”, señala.

La Clínica Santa Lucía estaba funcionando hasta antes de la expropiación. Tenía un flujo de 100 pacientes diarios en oftalmología, que era su fuerte, y unos 70 más en otras especialidades, y realizaba unas 80 cirugías semanales. El ex propietario del inmueble habla del perjuicio: “Cuando fuimos notificados con la expropiación nos tocó desocupar a los médicos arrendatarios y pagar las indemnizaciones a los 60 trabajadores que teníamos. Ellos son inconscientes al hacer esto y no darle uso, si hacen la expropiación de una clínica operativa deberían ponerla en marcha inmediatamente”.

LA CIFRA:
USD 80 millones se van a invertir en comprar ocho clínicas privadas.

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