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Carmen Victoria Macas recorrió un subcentro de salud y dos hospitales públicos, para que examinaran a su hijo de 8 meses. Ayer, esta madre de 18 años con su hijo en brazos esperaba que le hicieran una tomografía en Imagenisco, el servicio de imagenología anexo a la Clínica San Francisco.

“Le está creciendo la cabecita”, contó la joven madre que empezó su peregrinaje el 4 de este mes, en el subcentro San Juan de Calderón, en donde solo encontró el servicio de odontología.

“Me mandaron al Pablo Arturo Suárez y fui al día siguiente, pero dijeron que no había neurólogo de niños y tampoco tomógrafo”, cuenta Carmen, que esperó desde las 04:00 para escuchar esa respuesta. Ese mismo día fue al Hospital Baca Ortiz, en donde consiguió que el funcionario del área de Estadística le diera un turno, luego de varios ruegos.

El médico especialista que revisó al niño le pidió una tomografía, que no se pudo hacer en el hospital y tuvo que esperar 12 días, hasta que ella reuniera el dinero.

La tomografía se hizo ayer en Imagenisco y le costó USD 35. Generalmente, el precio de este examen es del doble, pero los pacientes del Baca Ortiz tienen un precio diferenciado.

Patricio Canelos, gerente de la Clínica San Francisco y director médico de Imagenisco, explicó que “desde siempre hay un acuerdo verbal” con el pediátrico, para realizar placas de diagnóstico y cobrar un precio reducido.

Pero los pacientes son libres de acudir a otros centros o esperar que los equipos se arreglen.

Hace dos meses hubo un acuerdo más formal, porque los equipos colapsaron por un problema del fluido eléctrico. El hospital se comprometió a pagar por los exámenes de los pacientes que enviaban a Imagenisco con un sello de trabajo social. “En total llegaron unos 2 000 pacientes y se hicieron unos 3 000 exámenes”, contó Canelos y añadió que aún no cobran por sus servicios.

Este acuerdo se interrumpió unilateralmente por parte del hospital, este lunes, y dejaron de enviar los pacientes con el sello que garantiza la gratuidad.

Los equipos siguen dañados y ahora los pacientes son referidos al Patronato Municipal San José o a la Unidad Municipal del Sur, que ofrece ecografías y rayos X.

El problema con este arreglo del hospital es la lejanía de esta última unidad, que está en el sector de La Ferroviaria. Muchas madres, como Carmen, se niegan a ir hasta ese sector y volver para que examinen a sus hijos. Por eso optan por pagar en el centro de imagenología de la San Francisco.

La declaratoria de utilidad pública de la San Francisco

La propuesta del Gobierno de declarar a esta clínica y sus servicios adjuntos como bienes de utilidad pública todavía no llega de forma oficial a sus accionistas. “Esa declaración depende del Estado y tendrán que venir y negociar con los accionistas, que somos en torno a 120 ó 140”, dijo Canelos, quien también funge como representante legal.

Esta clínica de cuatro pisos y 53 años de historia cuenta con tres quirófanos, 30 camas de hospitalización; seis de terapia intensiva de adultos y 12 para cuidados neonatales. Además, tiene servicios anexos como imagenología, endoscopia, consulta externa y terapia física, entre otros.

Por el momento, Canelos no se atreve a dar una cifra del avalúo de la clínica y sus servicios. “Dentro de los conceptos de salud hay un proyecto en desarrollo, el ‘know how’ (cómo hacerlo) tiene un valor intrínseco que es diferente”, dice este radiólogo y asegura que no lo tiene porque no ha pensado en vender. “No tengo un concepto claro, no estoy negociando, hay otro capital que yo tengo y son los trabajadores. Me debo a mis trabajadores (100), yo no les puedo decir que se vayan”.

Y no cree que la clínica sea la respuesta para los problemas del Baca Ortiz. “No podría funcionar como un centro para consulta externa porque tiene habitaciones y el área de Servicios Médicos, que es el brazo de consulta externa de este consorcio, tiene un papel más limitado, puede atender 100 pacientes por día. Yo no le veo como una alternativa para descongestionar el hospital”.

Canelos y un grupo de profesionales adscritos a la sociedad Promédica ya participaron en un proceso similar. Ellos eran los dueños del Hospital San Francisco, que hoy pertenece al Instituto de Seguridad Social (IESS).

Primero hubo una invitación de la ex ministra, Caroline Chang, pero luego Ramiro González, titular del IESS, dijo que quería comprar la clínica. “Yo no sé si lo declararon bien de utilidad pública o lo compraron. Pero los mecanismos se dieron con cordialidad”, dice.

La venta se selló después de discutir la propuesta con los representantes de los jubilados, las autoridades del IESS y los miembros de Promédica, que habían intentado levantar el hospital durante 10 años. Al final la transacción se cerró en unos USD 8,5 millones, según recuerda Canelos.

La relación de los accionistas de la Clínica con el IESS viene desde allí y desde el 2006 son parte de la red de servicios médicos que el IESS ofrece a sus afiliados.

Y al igual que el Baca Ortiz, el área de imagenología es la que más demanda tiene, porque el talón de Aquiles de las unidades médicas del IESS también es la falta de equipos de diagnóstico.

La compra de clínicas

Hoy se espera   que Carina Vance, ministra de Salud encargada, explique en rueda de prensa  más de la reestructuración del Hospital Baca Ortiz, su convenio “verbal” con la Clínica San Francisco y la compra del resto de las  clínicas privadas.

El Proyecto Mi Hospital,    de esta Cartera de Estado,  es el encargado de hacer estas adquisiciones para ampliar la red de servicios de salud pública y descongestionar los hospitales de referencia nacional. En total hay siete unidades privadas que están en proceso de compra.  

El presupuesto de  este año para estas compras de clínicas privadas  es de USD 78 millones, pero mucho de este dinero ya fue comprometido el año pasado.  

Las negociaciones  más  adelantadas son con los dueños de la  Clínica Santa Lucía de Quito, el Hospital Milenium de Ambato, CA Maternidad de Guayaquil, la Clínica Alcívar de Santa Elena y un terreno para construir un hospital en Puyo.


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