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Pese a que el Seguro de Salud cerró el 2011 con un saldo en contra de USD 287,8 millones, el Estado no se pone al día con sus cuentas pendientes. Estas corresponden a prestaciones de salud para jubilados y enfermedades catastróficas.

El Estado acumuló una deuda de USD 819,3 millones, entre 2002 y 2011, aunque a junio de este año se calcula que ya superaría los USD 1 000 millones.

La Ley de Seguridad Social establece que el jubilado debe recibir las prestaciones médicas en las unidades del Seguro Social, sin perjuicio de que el Estado entregue su contribución financiera.

El literal f del art. 103 de esta legislación también señala que el tratamiento de enfermedades catastróficas recibirá la contribución obligatoria del Estado.

La falta de pago de estos rubros agrava la actual situación del Fondo de Salud, de acuerdo con un informe interno de la entidad al que tuvo acceso este Diario.

En el documento se dice que para el 2013 la atención médica de los asegurados podría estar en riesgo por falta de recursos.

En el 2010 faltaron USD 2,3 millones para cubrir los servicios de salud, un año después el faltante fue de USD 287,8 millones y en el 2012 el déficit oscila en USD 215 millones.

Además de la falta de pago por parte del Estado, en el informe se responsabiliza de la situación del fondo a la ampliación de la cobertura de salud a cónyuges e hijos de afiliados, la fuerte inversión en unidades médicas y otras.

Para compensar la falta de recursos que registra este seguro, las autoridades han recurrido a los ahorros y liquidaron inversiones de corto plazo en 2011 por USD 239 millones. Esta desinversión le costó USD 80 millones.

Actualmente las autoridades también afrontan una investigación por presunto peculado, en la Fiscalía por la compra de aceleradores lineales para pacientes con cáncer. Y se descubrió un perjuicio de USD 1,3 millones en el Hospital Andrade Marín.

Para compensar la falta de ingresos, los técnicos recomendaron el cobro de la deuda del Estado, optimizar la inversión, etc.

El Ministerio de Finanzas informó que la falta de pago se debe a que no se ha determinado el valor real a pagar, aunque en abril pasado acordó formar una comisión con el IESS para contratar auditorías para la validación de cifras.

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