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La pesca indiscriminada de tiburones continúa en la Reserva Marina de Galápagos. Las operaciones de embarcaciones de mediano calado en el área protegida se realizan al margen de la Ley, pues en esta zona está prohibida la pesca de los escualos, considerados una especie protegida.

Pese a la gravedad de estas acciones, que son consideradas delitos ambientales, y por lo tanto penadas con cárcel para los implicados, las autoridades de la Fiscalía, el Parque Nacional Galápagos y diversas organizaciones ambientalistas están muy preocupados porque los jueces han liberado a todos los detenidos.

El último caso ocurrió el martes pasado, en la rada de Puerto Baquerizo Moreno, en San Cristóbal. Las autoridades de Recursos Marinos y la Fiscalía de Ambiente realizaron un operativo en la bahía y ubicaron 225 aletas de tiburón. El fiscal de Ambiente, José Cevallos, informó que junto con las autoridades de la Policía, la Armada y el Parque Nacional (PNG) se realizan operaciones constantes de vigilancia e inteligencia para ubicar a los barcos que ingresan a pescar clandestinamente a la Reserva. No obstante, esas operaciones delictivas se podrían incrementar, alertó Cevallos, alentadas por la actuación concesiva y cómplice de algunos jueces.

Desde julio pasado han sido ubicados y capturados dos barcos de pesca industrial en la reserva: el Fer Mary I y seis fibras, descubiertos el 18 de julio. En esa embarcación se transportaban 357 tiburones, a 20 millas dentro de la reserva. También fueron capturados 22 tripulantes.

El 17 de septiembre, personal de la Armada detuvo al pesquero Reina del Cisne y a dos fibras, que pescaban a 34 millas de Punta Pitt, en la isla San Cristóbal (6 millas dentro de la Reserva). En sus bodegas se encontraron 81 tiburones. Ante el delito flagrante, el fiscal Cevallos actuó de oficio, en coordinación con autoridades del Parque, interponiendo las acciones correspondientes, ante el juez Primero de Garantías Penales, Jorge Cabrera Monserrate, quien inicialmente ordenó la prisión de 12 personas.

Inesperadamente, el martes pasado el Juez declaró la nulidad de este juicio, sosteniendo que no era competente para conocer el proceso, que debía ser tramitado en la Corte Superior Guayaquil.

“Lo que acaba de hacer el juez es una barbaridad, porque está fallando en contra de lo que establece la Ley Especial de Galápagos, que faculta a los jueces de las islas a juzgar delitos ambientales, aunque no exista una Corte Superior. Está sentando un precedente funesto”, sostuvo Carlos Zapata, del Sector Conservación, Ciencia y Educación de Galápagos.

Una vez declarada la nulidad, el juez levantó las órdenes de prisión y la incautación de la nave, y autorizó su zarpe.

No es la primera vez que los jueces echan al traste todo el trabajo combinado de las autoridades de control. Edwin Naula, titular del PNG, sostuvo que en Galápagos los jueces han mostrado lo que es una constante en el resto del país, al no aplicar fallos justos, apegados a Derecho. Uno de los casos más escandalosos -agregó- es el del Fer Mary, en el que el juez cambió las medidas cautelares dejando en libertad a los 20 implicados, y solo dos permanecen en Galápagos con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado. “En la práctica tenemos un proceso sin responsables, lo cual redunda en la impunidad y en el consecuente estímulo para esta actividad ilegal”.

Las decisiones judiciales también han generado alarma entre representantes de fundaciones internacionales. Alex Cornelissen, director de Sea Shepherd, no ocultó su molestia por las últimas decisiones judiciales, “que no ayudan a fortalecer la cultura de conservación de especies únicas en las islas Galápagos”.

En agosto pasado, el Sector Conservación, Ciencia y Educación envió un oficio pidiendo que el Consejo de la Judicatura tomara cartas en el asunto y supervisara la actuación de los jueces. La carta no ha tenido respuesta aún.


Un recurso judicial

El Sector Conservación, Ciencia y Educación presentó un amicus curiae el pasado 26 de septiembre ante la Fiscalía Ambiental y el Juzgado Primero de Garantías Penales de Galápagos. Este recurso es parte del seguimiento al caso de la embarcación Fer Mary I.

Este recurso es una forma de participación ciudadana, que permite a la sociedad ofrecer una opinión jurídica especializada y relevante sobre un caso concreto e informar al juzgador sobre temas ambientales.



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