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Rosa G., de 50 años y 20 de servicio en el Hospital Baca Ortiz es una de las empleadas que será desvinculada de esta casa de salud pediátrica de Quito. Su último día de trabajo en el servicio de alimentación será el 31 de este mes.

Comparte su angustia en uno de los patios con temor de ser escuchada por las autoridades. “Dicen que nos echan por la mala administración, pero los trabajadores no tenemos nada que ver . Hemos servido al paciente con cariño y dedicación”, cuenta y se pregunta ¿por qué el Gobierno ahora está de acuerdo con las empresas tercerizadoras?

Sus ojos se llenan de lágrimas al contar que tiene una hija con epilepsia y que siempre ha trabajado por ella; enseguida otros compañeros de trabajo se juntan y dan sus testimonios anónimos por temor a las represalias. “No nos han explicado nada, nos llamaron a talento humano del hospital hace 15 días y nos dijeron que íbamos a ser despedidos, pero todo fue verbalmente”, dice otra mujer, que aprovecha para contar que es madre y padre y que mantiene a sus hijas gemelas. “La mayoría somos mujeres y no tenemos edad para buscar trabajo en otras empresas”, dice otra empleada que no da detalles de su vida privada.

Cerca de 200 trabajadores que serán desvinculados prestan servicios generales, limpieza, lavandería y nutrición y según ellos no les han dado otra opción más que acogerse al despido y recibir la indemnización. El anuncio fue sorpresivo y todavía esperan que les entreguen algo por escrito.

“Estamos hecho pedazos, nos ha afectado mucho la noticia, tenemos incertidumbre, no sabemos nada, no hay papeles de nada”, dice un hombre que trabaja en la limpieza y que hace referencia a compañeras embarazadas que también serían despedidas.

“Yo pienso que el señor Presidente nos manda porque no nos quiere dar una jubilación patronal, a mí me faltaban siete días para llegar a la patronal”, dice una mujer, que tampoco quiere ser identificada. “Dicen que los que se quedan serán evaluados”, añade otro trabajador. “Dicen que nos pueden mandar al Oriente”, afirma otro más convencido.

La directora del hospital, Catalina Vásquez, se negó a hablar sobre este particular y remitió al Ministerio de Salud.

José Vaca, que gerenciaba el proyecto Mi Hospital hasta hace unas semanas en el Ministerio y que ahora está a cargo de la gerencia del pediátrico, aseguró que la semana pasada se reunieron con el sindicato de trabajadores para explicar la situación y que ellos debían hablar con el personal.

Vaca también asegura que les ofrecieron reubicar a los trabajadores que decidan seguir vinculados al Ministerio de Salud y que el resto tendrá la indemnización que les corresponde por el contrato colectivo y que supera los USD 80 000.

Ante la pregunta de qué razones tuvieron las autoridades del Ministerio de Salud para contratar a empresas que se hagan cargo de los servicios del hospital, el gerente explica que se debe a la “eficiencia” y asegura que hay estudios puntuales que se han hecho y que determinan que la Cartera de Estado ahorrará con la contratación de las empresas privadas.

Este periódico solicitó a Vaca conocer la comparación de gastos que indican que se invierte más en sostener a los 200 trabajadores que en pagar a las tres empresas que empezarán el 1 de abril. Hasta el cierre de la edición y pese al ofrecimiento de que se enviaría la información no llegó vía e-mail. Rosa y sus compañeros también esperan su carta de despido.

Más de los empleados

El líder del sindicado del Hospital Baca Ortiz, Nilo Nenger,  fue despedido en octubre del año pasado y no ha podido reinsertarse en el mercado laboral.
Nenger asegura  que no ha tenido ningún encuentro formal con el MInisterio de Salud y que no conoce el listado de las personas que serán despedidas.

El sindicato  realizará una reunión hoy para analizar sus perspectivas de futuro dentro del sector de la salud.

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