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La Presidencia de la República remitió al Fiscal General el pedido de los familiares de los 21 pacientes de la clínica Garcés, de reabrir el proceso por la muerte de los pacientes que contrajeron VIH.

Los familiares de los fallecidos, solicitaron al Presidente de la República, en una carta dirigida a la Presidencia, el pasado 18 de agosto, la reapertura del proceso.

A través de la misiva, la progenitora de Carlos Mora, quien fue el último en fallecer, y los familiares de otros ocho pacientes fallecidos, solicitaron la reapertura del caso "pues las 21 muertes de nuestros familiares no pueden quedar en la impunidad, pues la impunidad no puede ser la respuesta al delito".

El pedido lo encabezó la progenitora del joven Carlos Mora, Liduvina Peñafiel. Su hijo, a quien cariñosamente llamaban Carlitos, fue la última víctima de los 21 pacientes de la clínica Garcés.

En 1995, unos 20 pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y un niño del hospital Francisco de Ycaza Bustamante contrajeron VIH en la clínica de Galo Garcés Barriga, donde recibían tratamiento de hemodiálisis. Todos murieron. Carlitos falleció el pasado 10 de julio. Tenía 9 años cuando le diagnosticaron VIH.

Las investigaciones determinaron que hubo negligencia médica. Según los testimonios de los afectados, que quedaron archivados en las bodegas de la Corte de Justicia del Guayas, en la clínica se reutilizaron los filtros de las máquinas de hemodiálisis. Y la heparina (anticoagulante) era administrada a todos los pacientes con una sola jeringuilla.

Con esos indicios, en agosto de 1996 el Juzgado Décimo de lo Penal de entonces inició un proceso contra Garcés. El médico fue detenido en marzo de 1997. Pero en enero de 1999 Garcés fue liberado, luego de cumplir un año sin sentencia.

Hoy, el abogado patrocinador de los familiares de los fallecidos, Rafael Esteves, remitió a los medios la respuesta de la Presidencia a la carta. El subsecretario del Despacho Presidencial, Jorge Troya, respondió el pasado jueves 15, que la solicitud fue remitida al fiscal General Galo Chiriboga.



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