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Son tan sofisticados que envían radiación de forma precisa a un tumor cancerígeno de 1 o más de 20 cm, sin dañar los tejidos sanos. Si la forma de la tumoración es como la de una pera o una salchicha, la radiación sigue su contorno y si está en sitios difíciles de llegar se usa una especie de semillas o líquidos radiactivos.

A estos aparatos de radioterapia de última generación se los conoce como aceleradores lineales y pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte para los pacientes con cáncer (se los emplea entre el 40 y 70% del tratamiento, ya sea al inicio o durante el proceso).

Por la importancia que tienen en la curación y control del dolor, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) abrió un concurso público, en 2009, para adquirir, instalar y poner en marcha tres aceleradores, tres simuladores (tomógrafos) y tres sistemas de dosimetría (cálculo de dosis de radiación para cada paciente).

Los beneficiarios: pacientes oncológicos de los tres hospitales de Quito, Guayaquil y Cuenca. El valor referencial de la licitación fue de USD 10,6 millones.

Estos equipos debían entregarse en septiembre del 2010 por parte de la firma ganadora Jon & Die Medical, pero hasta el momento los pacientes no los han visto (ver recuadro del proceso).

En las regionales 1, 2 y 3 de Pichincha, Guayas y Azuay, según el IESS, hasta el 2011 se registraron 6 170 pacientes oncológicos y en el país 7 391.

Ellos reciben los tratamientos en centros privados, lo que genera un gasto para el IESS, que en 2011 fue de USD 24,9 millones. Para reducir este rubro y descongestionar, principalmente, a Solca se resolvió tener equipos propios. Pero los pacientes no imaginaron que el proceso se extendería por más de dos años y fue objeto de un examen especial de la Contraloría.

Esa investigación está plasmada en el informe final 0002595 DPRC.DP, que establecen indicios de responsabilidad en contra de más de una docena de funcionarios del IESS, quienes participaron en las fases precontractual y contractual. Esto motivó, además, la apertura de una indagación previa en la Unidad de Delitos Financieros y de la Administración Pública de la Fiscalía. A esto se suman observaciones de dos veedurías a la contratación.

Según la auditoría, no se consideró el tiempo de construcción de los búnkeres, en donde se deben instalar los aceleradores, previo a la adjudicación del contrato. Por esta omisión se entregó un anticipo de USD 7,3 millones, entre febrero y marzo del 2010, que estuvo en poder del contratista por más de 634 días. Adquirir equipos sin el espacio físico donde debían instalarse “fue una irresponsabilidad”, concluye el informe.

Ramiro González, titular del Consejo Directivo del IESS y vocero de los funcionarios implicados, explicó que no se podía prever el tiempo porque “dependemos de terceros”. Sostuvo que esperaron tres meses por una autorización de la Dirección de Ambiente para sacar un árbol histórico (Secoya), en Quito, y 11 meses para el aval del Scian (Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares).

Pero, el 9 de junio del 2008, un año y tres meses antes de convocar a la licitación, el ex jefe del Servicio de Oncología del Hospital Andrade Marín (HCAM), Fernando Checa, cinco médicos tratantes y un físico médico, indicaron al Director Técnico de Auxiliares, Diagnóstico y Tratamiento del hospital, que “se quiere adjudicar los equipos sin tener preparada el área física”, lo que debe tomar un estimado de un año.

La razón por la cual la obra no empezaba, según el supervisor de Planificación, fue porque estaba en etapa de estudio. El 26 de junio del 2008, Checa volvió a enviar una solicitud a Felipe Pezo, miembro del Consejo Directivo, para que “inicie la construcción lo más pronto posible”.

Estos pedidos no se tomaron en cuenta y en octubre 2009 se adjudicó el contrato. Hasta la fecha en los búnkeres no se han instalados los equipos, mismos que según González están en Aymesa.

Por esta razón el plazo para entregar y ejecutar los bienes y la capacitación, por parte de Jon & Die, de 180 días, desde el pago del anticipo, no se ha cumplido.

Otro perjuicio para los pacientes fue la descontinuación de los equipos. Rafael González, gerente de Jon & Die, explicó que el contrato establece equipos del 2009 y “una vez instalados se actualizará el software con su última versión, con lo que quedarán a la par de las máquinas actualmente en producción”. Los tres simuladores serán reemplazados por otro modelo, que según dice, conserva las mismas características que el anterior que está descontinuado. Y no se subirá el precio.

El proceso precontractual analizado por la Contraloría y las veedurías también revela que Jon & Die no cumplió con tres requisitos mínimos: certificados que demuestren capacidad para ejecutar el contrato, de distribuidor autorizado emitido por el fabricante y de capacitación del personal técnico de los dos últimos años.

Para González, sin embargo, no hay cómo pedir la experiencia al distribuidor sino al fabricante porque este tipo de equipos no se producen en el país. El certificado presentado por Jon & Die del fabricante Elekta no establece que es representante o distribuidor. Solo autoriza que presente la oferta de equipamientos en la licitación y garantiza respaldo técnico, asesoría al personal y aprovisionamiento de repuestos, etc.

¿Por qué se pidió esto en los pliegos de la licitación si no se podía cumplir? Eduardo Rubio, miembro de la Comisión Técnica, responde: “Cuando uno pide los pliegos no se puede saber cuáles son los mejores equipos que le van a ofertar y para eso está la Subcomisión de Apoyo para ver cuáles son los mejores”. Esta subcomisión, en su informe técnico anterior a la adjudicación del contrato, dice: “Debemos indicar que se solicitó a Jon & Die que presente el certificado de distribuidor autorizado... No se ha tenido respuesta”.

Sobre el personal técnico, Rubio añade: “ Lo que se pide es para mantenimiento y es obvio que la empresa sí presentó y no necesariamente tenía que ser contratado por la firma. Esto también dice Rafael González. Estas inconsistencias deben revertirse ante la Fiscalía, para lo que el IESS contrató al abogado penalista Jaime Donoso.

Según Ramiro González, los abogados del IESS, no los defenderán, porque “son malos” y “ya los estoy botando”.

Las inconsistencias durante el proceso

1. El 18 de septiembre 2009, el  IESS publicó en el portal de Compras Públicas (Incop)  la licitación (015-IESS-2009).   Siemens, Ecuador Overseas y Jon & Die presentaron  ofertas. En esta fecha aún no arrancaba  la construcción de  búnkeres, donde van los aceleradores.    

2.   El 22 de octubre 2009,  el Seguro  publicó en el portal  11 convalidaciones de errores para que los oferentes envíen documentación hasta el 27 de octubre 2009.

3. Según el Incop,    ningún   oferente  contestó a las 11 convalidaciones. Isabel Fraga, secretaria de la Comisión Técnica, dice que la empresa  Jon & Die entregó documentos el 26 de octubre 2009 a esta Comisión.

4. El 27 de octubre 2009,   miembros de la Subcomisión Técnica informan  que Jon & Die no presentó los certificados, para sustentar  requisitos mínimos.

5. El 30 de octubre 2009,  los   miembros de la Comisión Técnica solicitaron  a la  directora general (e), que adjudique  a Jon & Die, por cumplir  las especificaciones. Según el reglamento de  Ley de Contratación Pública,  solo podían  recomendar. La directora (e) acogió el pedido.     

6. El acta de resultados  del 30 de octubre del 2009  no explica por qué las otras dos firmas  obtuvieron calificación “cero” y solo Jon & Die cumplía todas las exigencias para la contratación. Las otras dos firmas reclamaron.    

7.  El informe legal, sin fecha,  de Juan Ortiz, procurador, dice que la única firma que convalidó documentación es Jon & Die. Esto contradice a  la Subcomisión.

8.  Los documentos  convalidados no tienen fecha, hora ni firma de recepción. Para el IESS son del 26 de octubre.  

9.  El director general    firmó el 3 de febrero del  2010 el contrato con  Jon & Die Medical  por USD 10,5 millones y luego de 20 días se  entregó el anticipó del 70%.

 Testimonios

Esther Gualpa  , Azogues
‘Voy  de un lugar a otro para recibir atención’
Soy de Azogues, pero por falta de equipos  fui a Cuenca y del  hospital me transfirieron a  Solca.  Voy  de un lugar a otro, sacando  papeles para la atención.  Es una especie de vía crucis, me siento cansada.  Para mí sería una ventaja que haya equipos propios.  

María Tigrero,  Guayaquil
‘Estoy esperando desde marzo por una cita’
Tener un equipo  en el IESS sería más beneficioso. Cuando transfieren a Solca se demora mucho. Estoy esperando desde marzo y me dieron  cita para el 3 de julio y solo es para  la simulación. De ahí tengo que esperar la cita para la primera radioterapia.

Elva Verónica Tigasi,  Quito
‘Tengo cáncer de seno y necesito el acelerador’
Soy de La Maná. Nos dijeron que la máquina para hacer la radioterapia aún no está  lista en el Andrade Marín y por eso  me mandaron a la Clínica Pichincha. He oído que por el  acelerador   son los trabajos. Y lo necesito porque tengo cáncer de seno.

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