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El ‘call center’ del IESS es una perturbación para los jubilados, exclama Édgar Saravia, ex presidente de la Confederación de Jubilados de Pichincha. Él rechaza la contratación del servicio con la empresa Recapt.

Es inadmisible que se adelanten USD 3,4 millones y que la empresa recién monte el centro de llamadas”. Mientras esto ocurre, añade, el alza de las pensiones jubilares es negada constantemente por el Consejo Directivo.

El costo del contrato por dos años de USD 19 millones indignó a Marco Moncada, otro jubilado que ayer se enteró que una empresa de ‘courier’ ganó la puja. “Si de una empresa que tenía experiencia no se obtuvo buenos resultados que se puede esperar de otra con cero experticia”.
Aunque los directivos de Recapt dijeron que las posiciones de ‘call center’ no son las importantes sino la tecnología con la que cuentan.

Ayer el presidente Rafael Correa pidió, a través de Twitter, revisar la denuncia de un tuitero de irregularidades en el concurso. Para Abdón Logroño, presidente de la Federación de Jubilados de Pichincha, el proceso no se manejó de forma transparente y cree necesario investigar la procedencia de los folios de las dos firmas finalistas: Recapt SA y Solnet.

Esto lo dice porque en la puja, a través del portal de Compras Públicas, Solnet “no compitió” con la oferta de Recapt y lo “dejó ganar”.

En esto coincide Dimitri Dávila, presidente del Consorcio Proyecing-Tecsible, firma que también participó en el concurso y fue descalificada el pasado 6. “Ayer se ingresó a la puja la oferta de Recapt SA y Solnet no pujó”.

También señala que la cantidad de USD 19,4 millones es un costo muy alto para cualquier software que sustenta un ‘call center’ en “cualquier país del mundo”.

Fausto Yacelga, otro usuario del IESS está a la expectativa, de que el 23, cuando termina el contrato con Crónix, el servicio no se suspenda. Esto lo dice porque las bases del concurso dan seis meses a la empresa para que adecúe el servicio. “No requerimos una plataforma tecnológica, lo que exigimos es atención y no nos pueden dejar sin citas seis meses”.

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