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Colectivos de mujeres denunciaron ayer la falta de seriedad con la que actúan el Ministerio de Salud y otras entidades del Estado frente a la violación de los derechos humanos en clínicas, que tratan adicciones.

Entre estos colectivos se destacan el Taller de Comunicación Mujer y Artikulación Esporádika, cuyos miembros hablan de por lo menos100 casos de lesbianas que han sido recluidas en esas clínicas contra su voluntad y que han sufrido todo tipo de maltratos, incluidas las llamadas “violaciones correctivas”.

Tatiana Cordero, del Taller de Comunicación Mujer, asegura que la Cartera de Salud oculta información sobre el supuesto cierre de 30 de estas clínicas en agosto pasado. “Pedimos detalles de esto y nos respondieron el 16 de septiembre, diciendo que no eran 30, sino 23 centros clausurados entre agosto y septiembre”.

Pero el problema según explica es que muchos de estos sitios han vuelto a abrir, porque no fueron cerrados por la violación a los derechos humanos sino por otros motivos, como tener medicamentos caducados.

Según la documentación que estos colectivos tienen del Ministerio de Salud y del Consep, estas entidades conocen de al menos 16 casos de maltrato en estas clínicas, entre los que se incluye el estrangulamiento. Por esto insisten en que no hay ningún directivo sancionado penalmente.

Uno ejemplo de esto es lo que pasó con el Centro Terapéutico Puente a la Vida, que cerró el 24 de noviembre y abrió unos días después, según las denunciantes. Paola Concha, de 29 años, pasó un año y medio internada en ese sitio, en el valle de Los Chillos. “Me sacaron de mi casa y me llevaron en una camioneta, fue prácticamente un secuestro”.

La joven que en ese entonces tenía 24 años cuenta que fueron sus padres los que habían acordado con los terapeutas que se la llevaran para revertir su conducta y su preferencia por personas del mismo sexo.

Durante todo su internamiento solo pudo ver a su familia tres veces y solo en la última visita les suplicó que la sacaran de allí. “Lo peor que soporté fue la tortura en el sauna: Durante casi 3 meses me tenían esposada y recostada en el piso, mientras me golpeaban y me vejaban sexualmente”.

Los agresores, según la denuncia de Concha, eran los terapeutas y los guardias del lugar. Esta joven ha repetido su testimonio varias veces y hasta ahora no ha conseguido justicia, ahora es parte de Artikulación Esporádika.

Este Diario trató de comunicarse con el propietario de la comunidad terapéutica Puente a la Vida, pero nadie responde a los teléfonos de su página web.

Cordero dice que durante 10 años han recogido pruebas de los abusos y han pedido el cierre definitivo de estos centros, pero nadie les ha apoyado. Los folios de su investigación han sido entregados a la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Fiscal y Ministerio de Salud, pero hasta ahora no ven resultados concretos.

Agradecen el nombramiento de Carina Vance, una mujer lesbiana como titular de Salud, pero todavía esperan una audiencia con ella. En los últimos días, Vance dijo a medios nacionales e internacionales que estas clínicas están en investigación, pero no puntualiza cuáles son y qué acciones se tomarán, pese a que el tema se hizo público el año anterior.

Estos colectivos hablar de que hay 226 centros privados, que cobran, entre USD 200 y 1 200 al mes, y tratan las adicciones con métodos retrógrados y fuera del marco de los derechos humanos.

Un 25% de estos sitios tiene nombres religiosos. Cada mes, las activistas conocen entre dos y cuatro casos de lesbianas que han pasado por métodos correctivos abusivos.

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