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Cada día diseña una estrategia para mimetizarse, como cambiar de una ciudad a otra o modificar su apariencia con ropa y cortes de cabello. José L. prefiere el anonimato para no ser descubierto por los armados que lo persiguen.

Huyó de su país tras escapar de un secuestro de grupos irregulares y cruzó a Ecuador, por tierra, en busca de refugio. “Llegué sin nada, pensando que aquí encontraría un futuro mejor, porque no había el problema que tenía en mi tierra, era más fácil cruzar la frontera y porque no iba a estar en un país demasiado lejano”.

Razones similares empujaron a desplazarse a la mayoría de refugiados que vive en Ecuador. El 98,5% es de Colombia y la mayoría, mujeres y niños. Esa cifra hace que este sea el país con mayor número personas acogidas en Latinoamérica, según la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Sin embargo, organizaciones como la Misión Escalabriniana en Ecuador, que trabaja con este segmento de la población, señalan que la respuesta del Estado ecuatoriano y de las organizaciones que trabajan con esta población es demasiado limitada.

Janeth Ferreira, directora de la Fundación Escalabriniana, dice que “el Estado solo legaliza la condición de refugio, dando las visas. Pero en cuanto a los servicios sociales, protección e integración prácticamente no existe aporte del Gobierno”. Agrega que más bien hay dificultades administrativas para la renovación anual del carné, sobre todo para quienes viven en zonas fronterizas como San Lorenzo y necesitan desplazarse a las oficinas de Quito, Tulcán o Ibarra para los trámites.

La misionera asegura que “de nada sirve tener 54 000 refugiados reconocidos sino se les da la suficiente atención y seguridad”.

Ferreira señala que muchas personas en condición de refugiadas se ven obligadas a permanecer encerradas en sus casas o departamentos por miedo a ser perseguidos incluso en territorio ecuatoriano. “El Estado no les da ninguna seguridad”.

Esa es la razón por la que José L. prefiere estar en constante rotación por el país. Recuerda que un día, mientras caminaba por las calles de una ciudad ecuatoriana, reconoció a uno de sus secuestradores, por lo que enseguida se cambió de ciudad para evitar cualquier riesgo.

Ante homicidios, en los que las víctimas han sido personas refugiadas, la Fiscalía de Pichincha no descarta que la persecución haya traspasado las fronteras.

Janeth Ferreira reconoce la posibilidad de que hayan delincuentes infiltrados entre los beneficiados por el refugio. “Esto perjudica a la mayoría porque se deteriora el concepto”.

A propósito, Carla R. coincide con José L. al asegurar que es evidente el discrimen desde algunos sectores de la población ecuatoriana. “Si preguntamos por algo enseguida nos juzgan al decir que si no somos narcotraficantes, somos terroristas”, dice José L.

Según Josep Herreros, jefe de la Unidad de Quito de Acnur, “para toda sociedad es un reto y ninguna está preparada para recibir a emigrantes y refugiados. Por eso junto con más de 100 organizaciones impulsamos una campaña para ayudar a la inserción”.

Pero Ferreira asegura que “hay quienes ni siquiera quieren tener el carné de refugiado. Si van a solicitar trabajo o arrendar una casa, al mostrar su documento de identificación en el que está escrita la palabra refugiado, la gente les miran con temor”.

También denuncia que en muchas escuelas y centros de salud les dicen que “no hay ni siquiera para atender a los ecuatorianos, peor para dar a los extranjeros”.

José Sandoval, director de Refugio de la Cancillería, niega que haya discrimen. Insiste en que los refugiados tienen los mismos derechos que los ecuatorianos, aunque no en situación de privilegio. “Hay mitos que deben erradicarse, por ejemplo que el Estado ecuatoriano da dinero. Es falso”.

Muchos que llegan en situación precaria reciben raciones alimenticias o USD 60 al mes de organismos internacionales.

Los expertos aseguran que ante esa vulnerabilidad la estrategia es mejorar la seguridad social. La directora de la Fundación Escalabriniana señala que la asistencia más depende de lo que hagan las organizaciones civiles. Mas el trabajo es aislado ante la falta de una política pública que las articule.

El único seguimiento que hace el Estado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, es la renovación anual del carné y una actualización de la información.

Sandoval insiste en la necesidad de una corresponsabilidad, a través de aportes de proyectos de asistencia. Incluso pidió a la comunidad internacional más impulso al reasentamiento de los refugiados en otros países.

Al respecto, ayer, con motivo del Día Mundial del Refugiado, Antonio Guterres, jefe de la Acnur en Quito, anunció que 1 000 refugiados partirán desde Ecuador a Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Brasil y Chile.

En cambio, para José L. su mejor opción es seguir en Ecuador, porque -dice- sus dos hijos nacieron aquí y quiere que ellos no tengan que sufrir un destierro.

Día Mundial del Refugiado

Con Luis Varese, representante de Acnur en Ecuador y María Rosa Cajas, de la Fundación ...


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