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El juicio de alimentos para el niño de 4 años lleva 12 meses y aún no hay sentencia. El 19 de enero pasado, Cecilia Pilatasig presentó una acción legal en contra de su ex pareja, pero el Juzgado III de la Niñez y Adolescencia de Pichincha no emite un fallo.

En diciembre, la mujer estuvo en el Juzgado y allí contó que subsisten con USD 60 que, en promedio, obtiene cada mes por vender muñecas de tela en casa.

Por falta de dinero pidió asesoría gratuita al Centro de DD.HH. de la Universidad Católica de Quito. Ahora, uno de sus abogados la ayuda, aunque la mujer asegura que la respuesta en el Juzgado es la misma: “hay muchos juicios” y que eso retarda la resolución final.

En su último informe presentado en diciembre, la Veeduría Internacional (VI) a la reforma judicial del país ya advirtió sobre el “exceso de carga procesal en los juzgados de la Niñez”. Incluso aseguró que eso “agrava la situación al propiciar dilaciones importantes en la resolución de los casos”.

Sin dar más detalles, la VI encabezada por el ex juez español, Baltasar Garzón, recomendó al Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) “atender los problemas consignados” en estas oficinas.

No obstante, información oficial de la Judicatura asegura que entre el 26 de julio del 2011 y el 31 de octubre del 2012, el 48% de los juicios de alimentos que ingresó a las 35 nuevas unidades judiciales de la Familia, Niñez y Adolescencia del país está resuelto. Es decir, de 121 294 demandas por pensiones, se evacuaron 58 365.

Pilatasig se queja por la demora. No está sola. En el Palacio de Justicia de Quito, Alejandra Cortez, de 52 años, contó que hace 17 meses presentó un juicio de alimentos por su nieto de 2 años.

Luego de 14 meses, en septiembre pasado, recién obtuvo una sentencia de la Corte Provincial de Pichincha e interpuso una mensualidad de USD 150, pues el Juzgado II de la Niñez, que tramitó inicialmente su caso, fijó una pensión de USD 80.

Cortez explica que el primer juez no tomó en cuenta que cuando su nieto tenía 8 meses le afectó una neumonía y que para curarle hipotecó su casa por USD 7 000. Eso debía pagar por los tratamientos médicos. La salud del niño aún es delicada y debe ir al doctor. “Aquí he llorado, he peleado. La atención ha sido indigna. Por suerte la abogada me cobró USD 250 por los 17 meses”.

Otro caso a la espera de una sentencia es el de Narcisa Navarrete. El 13 de junio del 2012, ella demandó a su ex esposo para lograr una pensión para su hija de 5 años. Luego de 7 meses, la mujer, que está embarazada de 8 meses, espera una resolución del Juzgado III de Niñez de Pichincha.

Verónica Moreira, en cambio, asegura que le fue mejor. En noviembre del 2012 presentó una acción legal y el 12 de diciembre, la Unidad Judicial de la Familia ya solicitó a la Fiscalía que realice una prueba de ADN al menor y que envíe los resultados para señalar una fecha para la audiencia.

Según Moreira, antes se necesitaban de 4 meses solo para lograr que el juez señale fecha para el examen genético de paternidad.

Para estas pruebas, el sistema judicial cuenta con un solo laboratorio a donde llegan pedidos de los juzgados de menores que operan a escala nacional. Es más, las horas y los días en que deben realizarse el ADN coinciden y no todos pueden someterse a este procedimiento.

Este escenario se dibuja, cuando apenas quedan 24 días para que el CJT termine sus funciones de 18 meses. La modernización de 28 juzgados de la Niñez, ubicados en 14 cantones, también está pendiente. Eso consta en una información que la Judicatura remitió a este Diario el 10 de diciembre.

Esas oficinas que fueron creadas en el 2012 no han sido remodeladas ni han recibido intervención en su estructura civil, según esa información de la Judicatura.

Desde julio de 2011, cuando el Consejo Transitorio planteó su plan de reforma judicial, habló de un cambio de modelo de gestión en los juzgados. El objetivo del nuevo esquema de atención era que los magistrados se dediquen únicamente al ejercicio de sus competencias como dictar sentencias y no a tareas administrativas como realizar las citaciones, ingresar causas o dar información a los usuarios de las dependencias.

Con el nuevo diseño, en las oficinas judiciales deben trabajar un juez, un secretario, un ayudante judicial, un técnico de audiencias (que se encarga de organizar las diligencias) y tres auxiliares del juzgado. Este modelo ya se aplica en 77 juzgados de menores que también se crearon en el 2012.

En Quito, se evidencian problemas en tres juzgados de la Niñez y otros tres adjuntos que cuentan con jueces temporales. En estas oficinas, ubicadas en el Palacio de Justicia, el CJT entregó computadoras nuevas y cambió a los jueces.

Sin embargo, la atención se realiza entre pilas de papel y de cartones que alcanzan el techo.

Así esperó Pilatasig. Ese día lo hizo por tres horas, pero nunca llegó el funcionario judicial encargado de emitir una notificación para que su ex esposo se presente en una audiencia de alimentos. La respuesta en el Juzgado fue que el empleado tenía permiso médico y que vuelva la próxima semana.

Las causas evacuadas Según el Consejo  de la Judicatura, en las 35 unidades judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia que se inauguraron en el país trabajan 87 jueces especializados.

Desde mayo, cuando  empezaron a operar las nuevas unidades judiciales, se han presentado 121 294 juicios de alimentos. De esta cifra, 58 365 fueron resueltos hasta el 31 de octubre.

Las personas que no  cuentan con dinero para contratar un abogado y tramitar una pensión alimenticia lo pueden conseguir en la Defensoría Pública o los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho de las universidades del país.

Una mirada a la Justicia tras 18 meses de la reforma en el país

Carlos Bastidas, Padre de Carlos Bastidas Jr., atropellado

Tengo un juicio de Tránsito por el atropello y muerte de mi hijo, Carlos Bastidas, de 22 años. Él murió en mayo del 2011. Luego de un 1 año y 8 meses, el caso tuvo sentencia pero todavía no sé cuando terminará el proceso debido a que se viene una apelación en la Corte de Pichincha.

Han sido días muy duros. Incluso dejé de trabajar los primeros 6 meses y hasta pensé en suicidarme. Los primeros días pasé metido en las oficinas y no había ninguna respuesta clara. Los gastos eran fuertes y por eso vendía el departamento y el vehículo.    

En la instrucción fiscal pasamos por algunas situaciones con un juez y una fiscal.

En la primera audiencia, el juez no fijó el valor de la fianza de la persona que estaba detenida, pues lo hizo después. Apelamos porque nos pareció muy poco el valor que se fijó por la muerte de un joven de 22 años. Luego de eso  debieron pasar tres meses para que se dé una  audiencia en que la Corte Provincial debía resolver el recurso.

La mitad de las veces que fuimos al Juzgado, nos decían que el juez estaba ocupado y que no nos podía atender. Tampoco quisieron darnos copias de un video del allanamiento a la vivienda del supuesto culpable de la muerte.

En la Fiscalía fue peor. De cada 10 veces que íbamos solamente tres nos recibían. Esto llevó a que presentara denuncias en contra del juez y de la fiscal.

Hasta tuvimos que presentar cuatro escritos y hablar con muchos funcionarios, algunos de los cuales incluso trataban de desanimarme en que habría respuesta a mis pedidos.

Luego de insistir por cuatro ocasiones y que pasaran también 4 meses, el Consejo de la Judicatura tomó cartas en el asunto y destituyó al juez por aparentes irregularidades.

Posteriormente nombraron a otro juez y otros fiscales y todo mejoró, aunque para llegar a la audiencia de juzgamiento tuvieron que cancelarse seis diligencias y días enteros de angustia por no saber qué sucederá.

Con el nuevo magistrado y los fiscales ya no tuvimos problemas. Aún así creo que el proceso fue larguísimo y no sé cuánto tendré que esperar para que finalice.

Dr. Vinicio Maldonado, Especializado en Niñez

Usted se ha especializado como abogado en temas de Niñez. Desde allí ¿ha constatado cambios en la Justicia?

En este momento estoy llevando un juicio de alimentos que presenté a inicios de diciembre y antes de un mes ya se realizó la calificación de la demanda. Esto ha sido rápido. Los jueces han aceptado el trámite y en el mismo escrito han pedido que se haga la prueba de ADN.

¿Cuánto tiempo se demoraba antes ese trámite?

En los anteriores juzgados, el tiempo estimado era de 2 a 3 meses solo para que el juez conozca la demanda. Con las nuevas unidades judiciales especializadas en Familia, Niñez y Adolescencia el tiempo es de 15 días.

¿En qué otros ámbitos se evidencian reformas?

En la infraestructura. Hay mejores oficinas, con lugares cómodos.

¿Los cambios de ubicación también han sido buenos?

Ahí hay un problema. La dispersión de las oficinas de lo Civil, Penal, Tránsito y Niñez complica la movilidad. Cuando todo estaba en el Palacio de Justicia no se perdía tiempo yendo de un lado a otro.

¿La mejora es en todo?

En lo Civil está igual. El trámites vade 4 a 5 meses.

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