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Jorge Rojas. Presidente de la consultoría para los Derechos Humanos (Codhes)

Su experiencia. Tiene 52 años. Es fundador y presidente de Codhes. Trabaja en temas de derechos humanos, desplazamiento, refugio y seguridad.
Su punto de vista. La salida de los militares a las calles no es una solución a largo plazo para disminuir los niveles de inseguridad.

En estos días los militares comenzaron a vigilar incluso en las paradas del Trolebús, Ecovía y Metrovía en Quito. Frente a eso ¿qué papel le queda asumir a los policías?

Se ha anunciado hoy (ayer) una reforma que incluye una profesionalización de la Policía. Esta institución tiene que mejorar. Si le quitan el papel de la protección de los ciudadanos, el Ejército entra a realizar un trabajo que no le corresponde. Ahora puede ser que mejore la seguridad, pero en tiempo limitado. ¿Qué pasa si en ese lapso se deteriora la seguridad? Se desmejora toda la credibilidad de las fuerzas militares y otra vez hay un vacío y ¿qué pasa con la Policía Nacional?

¿Qué hacer entonces?

Me parece que el mejor anuncio es la relación Policía-sociedad. ¿La Policía responde a quién? Necesitamos una institución a la que la sociedad no le tenga miedo, que sea al revés.

Bajo esta perspectiva y con los militares en las ciudades ¿cuáles son las nuevas tareas de la Policía Nacional?

Me parece que tiene una gran función que cumplir. Primero, en asegurar que los ciudadanos tengan una protección del Estado, es decir, una cobertura total hacia el ciudadano. Eso requiere una gran profesionalización, una visión de derechos humanos, un empoderamiento de la gente frente a la fuerza pública. Pero eso también requiere de una acción del Estado para disminuir las causas que provocan la violencia en las diferentes ciudades.

¿Eso no ocurre? ¿No existe una profesionalización y no hay una relación entre policías y vecinos?

Entendemos que hay una intención del Gobierno de profesionalizar, de reformar la entidad, de asegurar un mecanismo de seguridad ciudadana con un concepto de integralidad que todavía no conocemos a fondo cómo se está operando. Pero por lo menos hay anuncios en ese sentido.

¿Entonces la propuesta de reformas es correcta?

Pero me pregunto ¿qué significa profesionalizar a los policías y dar tareas de seguridad ciudadana si de otro lado se sacan las tropas (militares) a las calles?

¿Lo que dice es que la Policía se vaya profesionalizando y vuelva a cumplir sus tareas? ¿Se puede hacer ese tipo de interpretación?

Creo que hay que observar cómo avanza (el tema), pues Ecuador tiene una nueva Constitución, está avanzando en un modelo de seguridad que se empieza a implementar. Pero el país afronta un desafío que no tienen otra naciones. Me parece que hay que darle a la Policía una tarea profesional y que juegue un papel importante en la seguridad de la gente. Pero vuelvo y planteo: esto va a ser muy complicado en la medida que otros actores de los organismos de seguridad del Estado entren a reemplazar la labor que realizan los uniformados.

En el país se comenzó a hablar de una Policía civil ¿Es viable aquello?

Creo que más que unos policías civiles, lo que se requiere es que exista una buena relación de ellos con la sociedad civil.

¿Pero no existe eso?

Creo que a todas las policías de la Región les falta una legitimidad frente a la gente. Esta institución aún es vista como un órgano represivo y no preventivo como debe ser. Entonces, me parece que falta una cultura ciudadana entorno al trabajo de los uniformados y para prevenir delitos.

¿Cuánto influyó en la imagen, en la labor y en la operatividad de la Policía la insubordinación del 30-S?

Esos temas son complicados. Son hechos recientes que se han dado. En todo caso, ni la Policía, ni los militares están pensados para interferir en la autoridad civil de los gobiernos y mucho menos para desafiar a los poderes democráticos constituidos.

Ahora, usted habla de riesgos para las FF.AA. por ocupar tareas que no les corresponde. ¿Por qué?

En principio, la idea es que la seguridad sea una responsabilidad del Estado, que se ejerza a través de la fuerza pública, es decir, de la Policía. Llevar a las calles a los militares puede ser muy contraproducente, tanto para el Ejército como para el Gobierno.

¿A qué se refiere?

A que no es la función de los militares (estar en las calles) y eso puede terminar deslegitimando su labor frente a la sociedad. O puede ser un factor perturbador para el propio Gobierno que no logre los objetivos propuestos, es decir, reducir la inseguridad.

Pero la gente dice sentirse confiada con los militares patrullando en todas partes...

Claro, pero es una percepción, es una burbuja gigante que se alza y al final, cuando ya no tenga aire, va a ser muy contraproducente para las seguridades del Estado.

¿Lo que usted plantea es una política a largo plazo?

El ministro (de Seguridad, Homero) Arellano hizo un importante anuncio y habla de una seguridad para la gente en un marco más integral. Hoy se debate en las grandes urbes de América Latina la seguridad humana con un concepto multidisciplinario. Y dijo que no es solo un problema de delincuencia, sino que necesitan de múltiples respuestas.

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