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El Juzgado de Flagrancias de Carapungo (norte de Quito) habría entregado el expediente del caso Sol Rojo del Grupo Combatiente Popular para sorteo de un juzgado penal que se encargue del juicio. Los 10 detenidos son acusados de supuestamente atentar contra la Seguridad Interna del Estado con reuniones ideológicas y por colocar bombas panfletarias.

El ministro del interior, José Serrano, dijo que este grupo habría estado planificando "actos subversivos" para el próximo jueves 8 de marzo. Para este día se han anunciado varias marchas en contra del Gobierno.

La audiencia oral de formulación de cargos duró casi cinco horas la tarde y noche de ayer, en esta la fiscal Diana Fernández presentó distintas pruebas. Entre las evidencias están agendas, panfletos, un instructivo del grupo y normas para reclutar más adeptos, según el juez de flagrancia Juan Pablo Hernández.

Según el juez de flagrancia, hay pruebas que los vincula con el Movimiento Popular Democrático (MPD). El asambleísta de ese partido Luis Villacis asegura conocer a cuatro de los 10 detenidos, pero afirma que ellos son inocentes de los cargos que se les imputa. Por eso han presentado esta mañana un pedido de habeas corpus para que se los libere. Esa solicitud está en trámite.

Nueve de los 10 detenidos se encuentran con la orden de prisión preventiva en el Centro Provisional (CDP). Solo Elizabeth T. está con arresto domiciliario por su condición de gestación certificada por el Hospital Isidro Ayora.

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