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La indignación de Viviana Salazar era evidente. La madre de Ariel E., un niño de cuatro años portador del VIH, solo atinaba a lanzar vituperios contra quienes considera son culpables de la muerte del menor de sus hijos.

En las afueras del Hospital de Niños Francisco de Icaza Bustamante, la mujer indicó que su hijo soportó hasta ayer las complicaciones de esa enfermedad. Desde hace dos años, ella mantiene una denuncia por una supuesta mala práctica médica contra otro hospital para niños en esa ciudad.

Los padres del menor, que cumplió sus cuatro años con afectaciones respiratorias y tumores cerebrales, reclamaron ayer por justicia.

En la Fiscalía el proceso sigue en indagación, indicó Patricia Cárdenas, quien dirige la Fundación Carlos Rodríguez Cárdenas y que brinda la asesoría legal en este caso.

Esto a pesar de que "se ha demostrado -dijo- mediante varias pruebas de sangre que el menor no obtuvo el virus de sus padres". Explicó también que son al menos ocho casos similares los que su Fundación da seguimiento.

Según el testimonio de la madre, el menor ingresó a la casa de salud investigada en octubre del 2011. Allí, le realizaron una intervención quirúrgica para controlar un problema gastrointestinal. "Le pusieron sangre contaminada con VIH y sentenciaron la muerte de mi niño", dijo desconsolada.

En el 2011, la familia de Ariel E. formó parte de la marcha de los familiares de las 21 víctimas que, en 1995, contrajeron el virus del VIH en una clínica de Guayaquil. Se demostró en un tribunal penal que en el hospital se reutilizaban los equipos para el tratamiento de hemodiálisis de los pacientes.

Para Patricia Cárdenas, el caso de Ariel E. debería promover la urgente reforma al Código Penal. "No está tipificada la mala práctica médica. Los delitos se investigan por homicidio inintencional".

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