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Galo Lara fue apresado el domingo por la Interpol en Ciudad de Panamá. Sin embargo, sus datos no aparecieron en el portal web entre los 99 ecuatorianos que tienen orden de difusión roja (de detención internacional).

En esa lista constan ex banqueros, presuntos narcotraficantes, ex policías y supuestos asesinos buscados en todo el mundo para su devolución ante la justicia.

Lara, ex legislador por Sociedad Patriótica, fue sentenciado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a 10 años de prisión como cómplice de un triple asesinato en Quinsaloma, Los Ríos.

El 4 de agosto del 2011, los tres miembros de la familia Llanos Parco fueron hallados muertos en un río y su casa fue incendiada. En este caso, tres personas más están sentenciadas.

Lara fue apresado por la Interpol en Ciudad de Panamá el domingo pasado. La condena se dio el 2 de septiembre y la orden de detención internacional se emitió ocho días después.

En la página de la Interpol, entre los ecuatorianos encabeza la lista Pietro Francesco Z., ex gerente del Banco Territorial, en proceso de liquidación.

Pero entre los 99 ecuatorianos también se puede encontrar las fotografías de personas que ya han sido apresadas. Tal es el caso de Francisco J., acusado de la muerte del ex director de diario El Telégrafo, Carlos Navarrete. Él fue detenido en Perú y deportado a Ecuador en agosto pasado.

En la lista también aparecen Rodrigo S., alias 'La Bestia'; Marco Antonio L, alias 'Tigrillo'; y los hermanos José Adolfo y Ronald M. Todos ellos forman parte del grupo de prófugos de la cárcel de La Roca y ya fueron recapturados.

Para Billy Navarrete, del Comité de los Derechos Humanos, el hecho de que personas que ya fueron detenidas sigan en la lista con difusión roja muestra una falta de coordinación entre las autoridades. "Faltan elementos de coordinación entre las policías Internacional y ecuatoriana".

Según Navarrete, el apresamiento de Lara muestra que los mecanismos de detención funcionan, pero eso es algo que no ocurre en la mayoría de casos. "Dentro de la lista están también ex agentes de Policía que han cometido violaciones a los Derechos Humanos y que siguen en la impunidad después de años de haberse conocido. Algunos casos tienen corona y otros no".

Con este criterio concuerda el ex embajador Mauricio Gándara. Él señala que "se ha demostrado la efectividad de la Interpol pero no la independencia de la justicia. No sabemos cuán justa sea la sentencia contra Lara en el procedimiento de rever la sentencia. Como el Gobierno ha tenido un enfrentamiento con él, ya no hay confianza en el sistema", agregó.

La detención de Galo Lara

El ex legislador por Sociedad Patriótica fue apresado el domingo por la tarde en el aeropuerto de Ciudad de Panamá. Según información de la Interpol, Lara había ingresado a ese país por el puesto fronterizo de Puerto Obaldía, en la provincia de Darién, limítrofe con Colombia.

Pedro Granja, abogado del ex asambleísta, apeló a la Convención Americana de los Derechos Humanos para cuestionar la detención de su cliente. En su cuenta de Twitter pidió que se revise el numeral 2 del art. 7 de la Convención Americana, donde se dice que nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

Juan Vizueta, otro abogado defensor, indicó que no ha sido notificado de la orden de detención, por lo que no saben cómo actuó la Interpol. En la CNJ se informó que esa instancia judicial no notificó a la Policía Internacional para que se localice al ex legislador.

Según el ex fiscal general Fernando Casares, la orden de detención no se podía dictar hasta que la sentencia no esté ejecutoriada, es decir, hasta que se agoten todos los recursos. "Ellos todavía podían presentar la casación y una nueva sala de la CNJ podría absolverlo".

Vizueta aseguró ayer que presentaron un pedido de asilo político a la Cancillería panameña. "Vamos a justificar el hecho de que hasta hoy (lunes) no hay una sentencia en firme. Calculamos que nos responderán en 10 o 15 días. El Gobierno ecuatoriano tiene que pedir la extradición para que proceda el asilo".

Para el jurista Rafael Oyarte, de darse el pedido de asilo político, le corresponderá al Gobierno panameño analizar las circunstancias. "Muchas veces las personas que tienen vinculación política alegan que las persecuciones judiciales tienen finalidad política".

Sin embargo, señaló que es un caso diferente al de otros asilados políticos, como el del ex presidente Abdalá Bucaram o del ex vicepresidente Alberto Dahik, porque ellos eran acusados de delitos contra la administración pública. "Lara ha sido sentenciado en un delito contra la vida y resulta menos posible vincularlo con temas políticos. Los otros casos siempre fueron delitos como peculado".

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