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Hay incertidumbre entre los empleados de las notarías. Para octubre está previsto que se posesionen las nuevas autoridades, cuando finalice el concurso de méritos y oposición que realiza el Consejo de la Judicatura (CJ). Por esa razón, ellos temen perder sus trabajos.

Estas dependencias se encargan de autorizar, a requerimiento de la gente, los actos, contratos y documentos determinados en las leyes. Según la normativa, ofrecen 73 tipos de servicios que incluyen escrituras de compraventa, contratos de arrendamiento, certificaciones de documentos, testamentos...

Actualmente, cada una de las 437 notarías en el país operan de acuerdo al número de usuarios. Es decir, en unas oficinas trabajan menos de 10 empleados y en otras son más de 15. El jefe de una de estas, quien pidió la reserva de su nombre, sostiene que contrata al personal de acuerdo a su criterio. "Aquí trabajamos 12 personas porque la carga (de trabajo) es alta".

El Código Orgánico de la Función Judicial (art. 302) dice que estos funcionarios son dependientes de los notarios y que están sujetos al Código del Trabajo.

Justamente, ese es el temor de los actuales empleados que trabajan en este tipo de entidades. Mediante oficio 4963 de julio del año pasado, el Ministerio de Relaciones Laborales indicó que "la responsabilidad laboral de los trabajadores de la notaría lo asume el notario sustituido, quien deberá indemnizar a su personal en caso de cualquier forma de terminación del contrato". Todavía no hay cifras de las liquidaciones.

Los empleados también se preparan para la transición buscando otros cargos. "Si viene otro notario, supongo que vamos a salir. Yo tengo tres hijos y no me puedo quedar sin trabajo", cuenta una mujer.

Otros servidores, en cambio, esperan que el mismo notario que tienen ahora sea reelecto y puedan continuar en sus puestos. Esto porque muchos de los actuales jefes también postularon en el concurso del Consejo de la Judicatura.

Una vez que se designe a los nuevos notarios, las oficinas prevén seguir trabajando bajo el mismo régimen de trabajo, es decir, que los empleados continúen dependiendo ahora del nuevo funcionario.

La Constitución del 2008 (arts. 199 y 200) estableció que los notarios sean electos a través de un concurso que se organizaría en un plazo máximo de 100 días después de que se posesionara el CJ.

En tanto, los notarios cuyas funciones fueron prorrogadas continuarán en sus puestos hasta que se posesionen los nuevos servidores. Así lo establece la Constitución en la transitoria novena.

Pero algunos notarios están en sus puestos por más de 10 años. Uno que pidió la reserva indicó que se posesionó tras un concurso de méritos en 1998. Estaba previsto que sus labores terminaran en el 2002, pero en ese año sus tareas también fueron aplazadas.

Los nombramientos los realizó en ese entonces el presidente de la Corte Superior (ahora Corte Provincial). La normativa disponía que se debía comunicar inmediatamente al presidente de la Corte Suprema (ahora Corte Nacional) para que ordene publicar la autorización en el Registro Oficial.

La ubicación de las notarías también responde al criterio de quien la dirige. Así lo señaló una funcionaria que lleva tres años trabajando como asistente legal.

En Quito, por ejemplo, al menos cinco de estas dependencias se ubican en las inmediaciones del ex Palacio de Justicia.

Desde junio del 2012, el Estado recibe entre el 5 y el 51% de las ganancias que percibe cada una de las 437 notarías del país. Los montos se entregan de acuerdo a la cantidad de dinero que facturan.

La renta y los sueldos de los empleados los cubre el notario luego de que se haya depositado lo que le corresponde al Estado. El año anterior se fijaron precios referenciales para cada servicio en las oficinas.

El concurso de méritos para la selección de 532 notarios a escala nacional comenzó en septiembre del 2012, pero fue suspendido temporalmente luego de una selección inicial de 936 candidatos que superaron las primeras etapas.

El certamen lo retomó el CJ. Ahora 691 postulantes que superaron la etapa de impugnación siguen un curso de formación inicial en Derecho Notarial y Registral.

La situación actual

La Constitución (art. 199) señala que la Judicatura determinará el número de notarías en cada cantón del país.

En la actualidad existen 437 dependencias: la mayor parte de ellas se ubica en Guayas (68), Pichincha (48) y Manabí (43).

Esta cantidad se determina con base en el informe estadístico elaborado cada año por la Comisión de Asuntos Relativos a los Órganos Auxiliares.

El informe se realiza sobre el número de actos y contratos realizados en cada cantón, su población y otros aspectos.

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