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Se lleva las fotos de su hijo al pecho, como si fueran un escudo. "Ahora tuviera 8 años". Pero en ellas solo se ve a un bebé en pañales, acostado en la camilla de un hospital.

Él, en cambio, saca un folleto como defensa. Es la imagen de un médico con un pulcro traje de cirugía verde. Y con esposas en sus manos. "No somos criminales".

El endocrinólogo Francisco Vera no conoce el caso de Casilda León. Esta mujer perdió a su hijo José Joaquín en el 2005, cuando apenas tenía cuatro meses.

El 5 de octubre lo ingresó en un pediátrico guayaquileño para una cirugía de hernia inguinal. "El médico me dijo que era cuestión de horas. Pero estuvo tres meses en terapia intensiva y murió. Se pasaron de anestesia y lo descerebraron".

Vera, vicepresidente del Colegio de Médicos del Guayas, reconoce que como profesionales pueden cometer errores. "Pero no con intención (…) El médico se educa para salvar vidas, no para agredir".

La tarde el último jueves, mientras Casilda marchaba por la avenida 9 de Octubre para apoyar la inclusión de la mala práctica profesional como delito en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), el doctor Vaca lideraba un plantón en contra, en la plaza Vicente Rocafuerte, a dos cuadras.

Las reformas al Código Penal ecuatoriano, que se debaten en la Asamblea Nacional, desenmascaran historias disímiles como estas. Por un lado están las víctimas de cirugías fallidas, del exceso de anestesia, de la falta de asepsia en centros médicos, que mueren o sufren discapacidades irreversibles.

Del otro, los médicos, quienes argumentan que se escapan de sus manos aspectos como equipos e implementos en mal estado, la falta de aseo en clínicas y hospitales. Y que aceptan sanciones, ajustadas a la Ley Orgánica de Salud.

Actualmente las denuncias por presunta mala práctica médica que llegan a la Fiscalía del Guayas se tratan bajo el Código Penal vigente, de 1938. Son delitos culposos contra la salud pública, cometidos por imprudencia, negligencia, impericia, que ocasionan lesiones u homicidio inintencional.

Guayas reporta hasta cinco quejas de este tipo cada semana. En el país llegan a unas 200 anuales.

Alberto Ramírez, catedrático universitario y médico legista, explica que el problema de esta vetusta ley está en las bajas sanciones. Para el homicidio inintencional, por ejemplo, las penas van de tres meses a dos años de prisión, y multas de USD 8 a 31.

Según Ramírez, con las reformas se definirá una legislación para la práctica médica, de acuerdo con el art. 54 de la Constitución, que fija responsabilidad "por la mala práctica en el ejercicio de la profesión (…) que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas".

De ahí nace la figura de homicidio culposo por mala práctica profesional en el actual proyecto de ley. La propuesta es sancionarlo con prisión de tres a cinco años y la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo tiempo de la condena.

Las reformas

El artículo 122 en el último ajuste al proyecto de COIP, que habla de la mala práctica profesional, obliga a la Comisión de Justicia de la Asamblea a continuas pausas para su análisis. El tema, que en el segundo borrador comparte espacio con nuevos crímenes tipificados -como secuestro exprés, femicidio y muertes por metanol-, es más complejo de lo que parece.

Para hacerlo más comprensible, Gina Godoy, asambleísta por PAÍS y vicepresidenta de esta comisión, pone como ejemplo un accidente de tránsito. "Yo puedo conducir un vehículo, pero si con ese vehículo cometo un acto que afecta la integridad o la vida de una persona (…) yo tengo una responsabilidad, distinta a la de aquella persona que asalta y tiene la intención de hacer daño, pero tengo responsabilidad".

Sobre el pedido del gremio de médicos para migrar este artículo al Código de Salud, Godoy explica que tendrían que plantear una reforma constitucional. "El art. 54 de la Constitución marca la cancha".

La abogada Patricia Cárdenas dirige la Fundación Carlitos Rodríguez, de ayuda a víctimas de la mala práctica médica. Desde que creó este grupo, hace 10 años tras la muerte de su hijo Carlitos por un exceso de anestésico, ha llevado 25 casos. Y solo tres han llegado a los tribunales penales.

"Hay impunidad. En la indagación previa, que debería durar un año, pasan hasta tres. En la instrucción fiscal las audiencias son fallidas. Y en el tribunal, por obra y gracia, se sobresee a los médicos".

Ella pide que se acoja la propuesta del Ejecutivo, de prisión de nueve a 11 años. Y que exista un sistema de seguimiento para que estos casos se juzguen con celeridad.

Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Médicos del Guayas pronostica que con las actuales reformas penales el paciente saldrá perjudicado. "Nos obligan a pagarle a los abogados. Y con esto, ya las consultas no van a ser de 30 dólares, ahora van a costar 100. Una cirugía de nariz que cuesta 500, con todo esto que hay que pagarle a un abogado el 20% en la defensa, le va a costar 3 000 dólares (…) como en los Estados Unidos".

La abogada Cárdenas defendió el caso de Casilda León. Pero quedó archivado en los tribunales penales. En el hospital donde su hijo murió tuvo que pagar USD 200 por la cirugía fallida que le habría cortado la vida.

La propuesta de los médicos

Hace siete meses Jorge Acosta perdió a su esposa, Ana. El año pasado le detectaron un tumor cerebral y a través del Ministerio de Salud consiguió que para operarla la derivaran a una clínica privada, en el centro de Guayaquil.

"Salió bien de la cirugía. La vi caminar, habló. Pero no le dieron una habitación individual para la recuperación. Junto a su cama, a medio metro, había una persona con un problema estomacal que se defecó. Ella desarrolló una infección".

Ana, de 50 años, pasó tres meses en terapia intensiva. Murió el 26 de diciembre del 2012. "Yo he hablado con varios doctores y me confirman que hubo un mal tratamiento, que no siguieron los protocolos. Pero cuando les pido que den su testimonio, se niegan. El gremio de los médicos es fuerte".

El cirujano Jorge Ocaña niega que exista un "espíritu de cuerpo". Explica que los colegios de médicos también sancionan a sus miembros que incumplen los códigos de Ética y las leyes de Salud.

"Son casos tratados en los Tribunales de Honor. Nos llega la información y con asesores médicos se hace un análisis. Luego tomamos una resolución". Ocaña es vocal suplente de este tribunal.

El año pasado dos médicos fueron sancionados bajo este proceso. Uno, indica, fue suspendido y tuvo que pagar USD 15 000 de indemnización a una mujer que sufrió una ligera discapacidad luego de una intervención quirúrgica.

A inicios de año, la Confederación de Profesionales de la Salud (Cepse) pidió que temas como este sean tratados en los códigos civiles y de Salud. En una carta al presidente Rafael Correa propusieron establecer una escala para indemnizaciones. Y cambiar la figura de homicidio por mala práctica profesional por la de "homicidio culposo por imprudencia en la práctica profesional no justificable grave o muy grave", con pena de seis meses a dos años de cárcel.

También solicitaron crear comisiones de arbitraje, para "evitar la excesiva judicialización de 'errores médicos'". Y esclarecer las sanciones civiles para empresas de seguros, hospitales y clínicas "si una defunción se produce por deficientes condiciones de trabajo".

Jorge Acosta dejó pasar el tiempo antes de denunciar la muerte de su esposa en la Fiscalía del Guayas. En estos días se alista para presentar su caso aunque con varios traspiés, como no contar con un informe de autopsia.

En estos días también asiste a plantones junto a Casilda León a favor del nuevo Código Penal, que se prevé sea tratado por el Pleno de la Asamblea en septiembre próximo. El jueves, mientras ambos pedían justicia a gritos, la hija de Acosta, de 9 años, y la de última de Casilda, de 5, se escabullían inocentemente entre los carteles con las fotos de quienes ya no están.

Testimonio 

Santos Ríos,  padre de Mireya Ríos

'Ellos no saben el daño que causan'

"Han pasado 5 años desde que mi hija está postrada en una cama. Ese 1 de julio del 2009 la llevamos a una clínica en el centro Guayaquil para que diera a luz a nuestra primera nieta. Y después, nunca fue igual. Ese día quedó en coma.

Su caso ahora está en el Tercer Tribunal Penal. Estamos esperando que nos notifiquen para la audiencia. Cinco médicos están imputados. Dos presentaron un recurso de amparo. Los otros dicen que no tienen nada que ver. El Ministerio de Salud cerró la clínica en donde ocurrió todo, pero sé que los dos médicos responsables siguen atendiendo.

Ellos están tranquilos porque el problema es que ahora no hay ningún artículo claro en las leyes sobre la mala práctica médica. Si este caso avanza podrían darles de 2 a 5 años de cárcel. Pero eso es poco por dejar a una persona discapacitada para siempre. Para nosotros el sufrimiento no terminó cuando Mireya salió del otro hospital donde la salvaron de un paro cardiorrespiratorio más un exceso de anestesia.

Gastamos más de USD 500 al mes en pañales, remedios y terapias por el stent -tubo- que tiene en la garganta para respirar. Y cuidamos a nuestra nieta. Desde que pusimos la queja en la Fiscalía, el caso se estancaba una y otra vez.

Pero ahora está en etapa final, justo cuando están debatiendo el Código Penal. Espero que pongan sanciones más severas para los malos profesionales, porque no todos son malos. Pero hay otros que el tiempo de cárcel es corto para tanto daño.


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