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Desde julio del 2012, Anthony (nombre protegido), de 14 años, vive en la Casa de la Niñez 2 de la Fundación Patronato San José.

Él iba a ser procesado por el robo de una cartera, pero la Justicia comprobó que este fue víctima de abuso y un juez de menores ordenó que sea internado en un hogar de acogida. La Fiscalía dispuso una investigación y detuvo al hombre que presuntamente agredió al menor. También se comprobó que este le obligó al adolescente a vender droga y robar en las calles.

Por casos como este, ocho asambleístas de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional han anunciado en estos días que se respetará la imputabilidad de los adolescentes infractores. Esto dentro del debate por las reformas del proyecto de Código Penal. El titular de esa Comisión, Mauro Andino (Alianza País), precisó que "no se juzgará al menor como adulto".

"Somos contundentes para decirle no a la reducción de la edad del adolescente para que sea considerado como adulto. No estamos de acuerdo en bajar de 18 a 16 años", agregó Mariángel Muñoz (País) de la misma Comisión.

Esta decisión fue adoptada pese a que el presidente de la República, Rafael Correa, pidiera a los legisladores "analizar la realidad y actuar en función del bien común". Esto en referencia a la fuga de 13 menores de edad del Centro de Adolescentes Infractores (CAI), en Riobamba (Chimborazo). En su huida, la Policía dijo que ellos habrían asesinado a un uniformado y a una pareja de esposos.

"Se puede llamar adolescentes a esta clase de jóvenes. Estos chicos son unos criminales, son un peligro para la sociedad y deben tener las sanciones que merecen", dijo el Mandatario durante el enlace radial número 325 del 8 de junio.

Tras la resolución de la Comisión de Justicia, en el debate del Código Integral Penal ahora se analizan otro tipo de sanciones como el endurecimiento de las medidas socioeducativas. Es decir, se prevé analizar un incremento mayor a cuatro años del tiempo de internamiento de un menor en uno de los 20 centros (CAI) del país.

Sin embargo, en la Constitución vigente (art. 77) se establece que las medidas socioeducativas, privativas de la libertad deben ser aplicadas como último recurso y por un tiempo mínimo. Hasta abril del año pasado cuando fue el primer debate del Código Integral Penal, Andino dijo que en el caso de menores infractores se respetaría la mínima intervención penal.

Según Marisol Peñafiel (Alianza País), titular del Grupo Parlamentario Defensa de los Derechos de la Niñez, la mayoría de las infracciones que cometen los menores son hurtos y robos simples. Argumentó que son pocos los casos de adolescentes que cometen faltas graves y a quienes se debería aplicar el internamiento. "La solución no es más años de (aislamiento). Se necesita un verdadero sistema de rehabilitación que proteja y oriente la vida del menor", dijo.

Muñoz coincide con ese criterio y aseguró también que en muchos casos los menores son usados por adultos para comerte delitos.

Eso lo vivió Anthony cuando conoció al hombre que lo abusó, un chofer de transporte urbano.

Al principio, el agresor le regalaba juguetes, dinero y comida pero luego le amenazaba para que saliera a atracar en las calles. Así consta dentro del expediente de la Defensoría Pública en donde asistieron legalmente al menor.

"Hay que afinar las alertas y diagnosticar si ante nosotros tenemos una posible víctima que fue obligada a cometer un delito", explica Belén Carrillo, del consorcio Confie. Esta es una red de fundaciones que trabajan con adolescentes en conflicto con la ley en el país.

¿Qué implican las medidas socioeducativas? En el Código de la Niñez y Adolescencia se mencionan 10 medidas socioeducativas que puede ordenar un juez para sancionar la mala conducta de un joven. Estas van desde la amonestación verbal del juez al infractor y a sus padres, reparación del daño a través de una indemnización, servicios a la comunidad, hasta el internamiento institucional.

Un defensor público que pidió la reserva de su identidad cuenta que protegió legalmente a una adolescente que había estado internada ocho veces en un CAI.

El funcionario añade que ella era juzgada por robo y venta de narcóticos. Cada vez que acudían a un tribunal de menores era acompañada por un familiar diferente.

Con este ejemplo, Carrillo explicó que en esta historia se debía comprobar si existía una verdadera relación familiar entre la adolescente y las personas que la acompañaban en las audiencias. "Vemos a veces que los jóvenes están inmersos en redes delictivas y son intimidados por adultos, quienes les reclutaron", sostiene.

En el caso de Anthony, el hombre que presuntamente abusó de él merodeaba la casa hogar en donde fue internado. Un día, este le pidió que se escapara y lo hizo.

Tres días después, investigadores de la Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes (Dinapen) lo hallaron en una casa del norte de Quito. Allí vivía con el conductor, quien fue apresado. Ahora, la víctima recibe terapia psicológica...

Lo que dice la ley

Artículo 141 del Código Integral Penal.  Las personas menores de 18 años no serán imputables penalmente con arreglo a este Código. Estarán sometidas al Código de la Niñez y la Adolescencia y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas.

Para los adolescentes  infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción. El Estado emitirá las sanciones.

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