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Las empresas que operan en países emergentes enfrentan una variedad de riesgos políticos que, en muchos casos, tienen un mayor impacto en sus negocios que los tradicionales riesgos financieros, operativos y de seguridad. Es el caso de Ecuador, en donde instituciones débiles, polarización política, relativo aislamiento internacional, falta de imperio de la ley y una herencia paternalista y populista, lo vuelven particularmente inestable desde un punto de vista político .

Sin embargo, el riesgo de desestabilización del Gobierno se ha reducido significativamente en los últimos años. La llegada de la "revolución ciudadana" y la consolidación de un sistema de dominio político e institucional sin precedente en la historia republicana, lograron cortar el tradicional ciclo de bloqueo y desestabilización que, durante décadas, caracterizó al ambiente político ecuatoriano.

La probabilidad de huelgas generalizadas, protestas callejeras violentas o golpes de Estado militares o civiles -eventos políticos que en el pasado ponían permanentemente en riesgo a las actividades económicas e inversiones- se ha reducido significativamente, revirtiendo así una peligrosa espiral de descomposición política y social que, hasta antes del año 2007, amenazaba con convertir al Ecuador en un "Estado fallido". Claro está, dicha situación es hoy altamente dependiente del liderazgo del presidente Correa, lo cual no deja de implicar un riesgo de desestabilización a mediano plazo.

Sin embargo, estabilidad política no necesariamente implica estabilidad en las leyes y las regulaciones para los negocios. La estructura política, jurídica e institucional que ha erigido la "revolución ciudadana" -empezando por la Constitución de Montecristi- le permite al Estado ecuatoriano intervenir de manera casi ilimitada en las actividades económicas en general y las actividades empresariales en particular. Basta mirar la gran cantidad de nuevas leyes y regulaciones de impacto empresarial que se han registrado en los últimos años.

Esta situación se vuelve aún más compleja en la medida en que las instituciones públicas a cargo de regular las actividades económicas, difícilmente pueden actuar con independencia de las directrices del Gobierno central y de sus principales líderes políticos. Al mismo tiempo, las empresas y los inversionistas tienen hoy menos posibilidades de cuestionar leyes, regulaciones o decisiones gubernamentales ante las cortes de justicia, ya sea porque también carecen de independencia o porque, cada vez más, las decisiones finales tienen lugar en instancias administrativas.

Entender y gestionar los riesgos y las oportunidades que la realidad política actual plantea a los negocios, debe seguir siendo una prioridad para las empresas e inversionistas que operan en Ecuador .

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