Redacción Guayaquil

El presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, Miguel Palacios, dijo que el acercamiento con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se realizó por pedido de la dirigencia indígena. Las declaraciones las hizo hoy en la mañana.

La primera reunión fue en Guayaquil, en la oficina de la Junta ubicada en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, el pasado 9 de marzo.

La delegación indígena estuvo conformada por Luis Yanpis, dirigente de los Territorios de la Conaie; Ernesto Ripalda, asesor de la organización y Celestino Chumpi, delegado de la Conaie. Ellos le solicitaron a la institución apoyo público y económico para su movilización de protesta al Régimen.

La segunda reunión fue en Quito, para concretar el acuerdo y definir las estrategias de oposición. Ésta se efectuó ayer y estuvo liderada por Miguel Guatemal, vicepresidente de la Conaie. Ese día, el presidente de la organización, Marlon Santi, negó que exista una alianza con la Junta Cívica.

El presidente colombiano Álvaro Uribe aseguró este miércoles que su gobierno continuará realizando todos los esfuerzos para mejorar las relaciones con el vecino Ecuador, que durante 20 meses estuvieron rotas por decisión de Quito.

“Pueden saber que este gobierno seguirá haciendo todos los esfuerzos para mejorar cada día las relaciones con la hermana República del Ecuador”, dijo Uribe en declaraciones a una radioemisora del fronterizo departamento (provincia) de Nariño.

En su intervención, el mandatario destacó que las diligencias diplomáticas entre los dos países avanzan “con todo el esfuerzo y con la mayor buena voluntad”, para restablecer plenamente las relaciones diplomáticas.

Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia en marzo de 2008, tras un bombardeo de militares colombianos a un campamento de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano.

En el ataque murió el número dos de la organización rebelde, alias Raúl Reyes , y otras 24 personas, entre ellas un ecuatoriano y cuatro mexicanos.

Las relaciones de los dos países se restablecieron en noviembre de 2009 a nivel de encargados de negocios. Los dos países se han fijado una serie de condiciones para la normalización total de los vínculos, las cuales son tratadas por la llamada “ comisión de asuntos sensibles”.

Redacción Política, Ansa

La audiencia para resolver la acción de protección en el caso del ex presidente Abdalá Bucaram terminó luego de dos horas en la Primera Sala de la Corte Constitucional.

Abdalá Dalo Bucaram, quien acudió a la diligencia en representación de su padre, acusó a "la derecha" de haber exiliado a su progenitor. "Cobardes, persiguieron a mi padre", dijo.

Además manifestó que hay una foto en la que supuestamente aparece el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jaime Velasco, festejando "con (el partido) Democracia Popular, después de haber afectado a mi padre".

Velasco fue quien dictó la orden de prisión contra Bucaram en 2006. Hoy, en su intervención, aclaró que él dejó sin efecto las resoluciones tomadas por el ex titular de la CSJ, Guillermo Castro Dager, sobre la absolución del ex Jefe de Estado, porque se declaró "ilegal" la conformación de la entonces llamada Pichi Corte.

Además, cuestionó que la defensa de Bucaram haya pedido la acción de protección, pues no existe una resolución definitiva del caso. "Si el caso está en etapa de juicio plenario ¿por qué se quiere pedir la protección? No se los ha juzgado porque están prófugos", manifestó.

Durante su intervención, familiares de Bucaram le gritaron e insultaron por su actuación. Además a la salida de la audiencia, intentaron golpearlo, pero Velasco fue llevado a otro piso de la Corte Constitucional con resguardo policial.

Hasta el cierre de esta edición (12:00), los allegados al ex Mandatario seguían en las afueras del edificio esperando la salida del ex presidente de la CSJ.

La Primera Sala Constitucional otorgó ocho días para que las partes ratifiquen sus intervenciones. Luego, ésta tendrá 30 días para emitir un fallo que deberá ser aprobado por el pleno de la Corte, explicó Ecuadoradio.

Bucaram fue sacado del poder en febrero de 1997 luego de que el antiguo Congreso lo declaró incapaz de gobernar en medio de protestas populares. Desde entonces, permanece asilado en Panamá.

En franca contradicción, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea cuestionó el alcance del veto, pues dice que se debe garantizar la independencia de la prensa. Galo Lara (Sociedad Patriótica), vicepresidente de esa comisión, señaló que la objeción es una estrategia del Ejecutivo para inmiscuirse en el trabajo periodístico de los medios.

Seis asambleístas de la Comisión de Participación dieron forma a este pronunciamiento. Los oficialistas Hólger Chávez, María Soledad Vela y Mercedes Diminich se abstuvieron.

Vela opinó que los medios de comunicación ofrecen un servicio público que afecta a las personas. Por lo tanto, rendir cuentas no interfiere con su independencia periodística. Además, recalcó que la decisión sobre el veto será asumida por el bloque.

La Comisión de Participación Ciudadana es la única de toda la Asamblea Nacional que no cuenta con una mayoría del oficialismo; está controlada por los grupos opositores. El Prian ejerce la Presidencia.

De otro lado, la Comisión ocasional de Comunicación analizará el nuevo Consejo de Comunicación, una vez que concluya el debate interno sobre el papel que deberán tener los medios privados, públicos y comunitarios.

Así lo confirmó Mauro Andino (A. País), integrante de dicho organismo, antes de ingresar a la sesión realizada ayer, a partir de las 15:30, en la Asamblea Nacional.

Al encuentro asistieron, por el oficialismo, María Augusta Calle, Betty Carrillo, Rolando Panchana y Jimmy Pinoargote. Por la oposición, en cambio, estuvieron Lourdes Tibán (Pachakutik), Fausto Cobo (Sociedad Patriótica) y César Montúfar (Concertación Democrática Nacional).

Según los integrantes de la Comisión Ocasional, los diversos puntos de vista existentes en lo que respecta a los medios públicos, privados y comunitarios han retrasado el avance de la nueva Ley, la cual debe ser presentada en el Pleno el próximo 5 de abril.

Fausto Cobo considera que los representantes del oficialismo están dilatando el proceso para aprobar el texto sobre la hora y presentarlo ante el Pleno. A su juicio, no existe voluntad política para avanzar de acuerdo con la premura que exige esta nueva Ley.

“Los de Alianza País no vienen y encargan sus funciones a los suplentes. Si es que no existen las ganas de trabajar en esto, el tema se agota”, dijo el legislador.

Este punto de vista es diferente al de Andino, quien opinó que el debate ha hecho que la Ley no avance con rapidez. Andino explicó que la prioridad de la Comisión es respetar el acuerdo político alcanzado con los legisladores de la oposición en diciembre pasado. Para Montúfar, la Ley de Comunicación no debería tener un plazo fijo y ratificó su posición de que si la bancada oficialista rompe el acuerdo, se debería pensar en la revocatoria del mandato de los asambleístas.

El juez de la Primera Sala de la Corte Constitucional, Alfonso Luz, tiene en sus manos uno de los casos más polémicos de la política y la justicia del país en los últimos 13 años.

Luz deberá presentar un informe sobre el pedido de revisión de los fallos judiciales en contra del ex presidente de la República, Abdalá Bucaram (1996-1997).

Para argumentar su decisión, Luz convocó hoy a una audiencia a los abogados del ex Mandatario. Además, al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco, quien dictó la orden de prisión contra Bucaram en 2006.

Está previsto que la diligencia se inicie a las 10:00 y que en ella participen los otros dos integrantes de la Primera Sala: Patricio Pazmiño y Ruth Seni Pinoargote.
El ex Mandatario pretende que los juicios por supuesto peculado que se siguen en su contra sean anulados. Los casos se iniciaron en 1998, luego de que Bucaram fuera destituido de la Presidencia.

En ese entonces, se abrieron las investigaciones penales para descubrir un presunto mal manejo en los fondos de gastos reservados de la Presidencia, así como anomalías en el caso Mochila Escolar.

En el trámite de esos dos procesos se dictó una orden de detención en contra del ex Presidente. Eso ha sido el motivo para extender su asilo político en Panamá desde febrero de 1997.

En los últimos años, sus coidearios del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y sus familiares optaron por el retorno, como una fórmula de negociación política.

Eso funcionó en la presidencia de Lucio Gutiérrez (2005), cuando la mayoría legislativa de Sociedad Patriótica, PRE y el Prian tumbaron la Corte Suprema y escogieron sus propios jueces.

Guillermo Castro, quien era amigo de Bucaram, fue presidente de ese tribunal. Él anuló los juicios contra Abdalá Bucaram.

La absolución motivó la protesta ciudadana que terminó con la caída de Gutiérrez, la destitución de la Corte y la anulación de los fallos que beneficiaron a Bucaram.

En enero del 2006, Jaime Velasco, como presidente de la nueva Suprema, ratificó los expedientes contra Bucaram y activó su orden de captura. Según el antiguo Código de Procedimiento Penal, estos juicios estarán suspendidos hasta que el ex Mandatario se entregue a la justicia o sea detenido.

Ahora, su defensa quiere revocar esos fallos. Para eso presentó un pedido de revisión a la Corte Constitucional bajo el respaldo de la actual Carta Política, que dice “que se podrá pedir la opinión de la Corte cuando en sentencias o en autos judiciales se hayan violado los derechos”.

El asambleísta del PRE e hijo del ex Mandatario, Abdalá Bucaram Pulley, dijo que la solicitud tiene un respaldo jurídico y no político. Desmintió que exista un acuerdo con el Gobierno para permitir el retorno de su padre. “Bucaram no tiene ningún pacto con (el presidente) Correa”.

Las sospechas de un presunto acuerdo nacieron por la cercanía de los miembros de la Corte Constitucional con el Gobierno.

El presidente de ese organismo y miembro de la Sala donde está el caso, Patricio Pazmiño, explicó ayer el trámite que tendrá la solicitud del ex Mandatario, el cual será similar al de otros casos.

Luego de la diligencia, el juez Luz tendrá 30 días para pronunciarse. Los otros dos miembros de la Sala podrán acoger ese informe o presentar otro documento al Pleno de la Corte Constitucional.

Una decisión final se tomará con el voto de al menos cinco de los nueve vocales de la Corte.

En el mismo caso está el ex vicepresidente Alberto Dahik. Hace dos semanas, sus abogados fueron a la Corte. Ahora esperan la resolución para anular el juicio penal que se sigue en su contra.

Los tres miembros de la Primera Sala de la Corte Constitucional

Patricio Pazmiño ha sido cercano a Alianza País. Redactó el texto de la primera consulta popular del Régimen. Fue candidato a Defensor del Pueblo. En 2007 fue elegido titular del Tribunal Constitucional.

Alfonso Luz es presidente del Colegio de Abogados de Guayas. Ha sido conjuez de la Corte Suprema y juez de la Corte de Guayas. Fue criticado por supuestas injerencias en el Consejo de la Judicatura.

Ruth Seni Pinoargote es una judicial de carrera. Entre los cargos que ha ocupado están Presidenta de la Corte de Manabí y conjueza de la Corte Suprema. Es profesora de la U. Eloy Alfaro de Manabí.

Redacción Política

El Consejo de Participación nace con cuestionamientos por las vinculaciones políticas de sus vocales.

Podría ser una apreciación, los medios deberían ponerle énfasis a las decisiones que tomen estos consejeros en el organismo. Confío en que los consejeros dejen ese pasado y se centren en este organismo de forma independiente.

¿Cómo evitar que no pase lo mismo con los otros concursos que hará el Consejo?

El Consejo debe hacer una fase de difusión antes de nombrar las comisiones. Así tendremos miles de ciudadanos inscritos.

¿Cómo garantizarían al país que estos delegados no serán de sectores políticos?

Que estén vinculados a un grupo o personas no es el problema. Lo importante es que haya miles participando.

¿Cuánto cree que demoren los concursos para designar a las autoridades de control?

La Ley no fija una forma de llevar adelante estos concursos. Pueden hacerse de forma secuencial, simultánea o armar dos grupos simultáneamente.

¿Cómo son esos procesos?

Secuencial significa hacer una cadena de concursos. La simultánea es que se pueden armar las comisiones y convocar a los concursos al mismo tiempo. O la otra opción es armar cadenas de tres o cuatro concursos. Eso dependerá del grado de decisión política y de lo que la ciudadanía quiera.

¿Qué sería lo óptimo?

Creo que el Consejo estaría en condiciones de hacer convocatoria para Fiscal, Contralor y otras autoridades, de forma simultánea. Así optimizarían tiempos.

Pero ¿ cuánto tiempo tomaría ese proceso?

Dos meses. Lo más importante es que no por ir muy rápido, se sacrifique la presencia real de la ciudadanía en estas comisiones.

Usted estuvo seis meses como administrador encargado del Consejo de Participación. ¿Qué hizo?

Logramos cuatro aspectos fundamentales: posicionar al Consejo mediante un acercamiento a la gente a través de 35 talleres ciudadanos. Trabajamos en posicionar a la participación a través de veedurías. También les dejamos lista la depuración sobre las tareas pendientes de investigación de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, la Secretaría Anticorrupción, el Consejo Transitorio y la administración actual.

¿En números redondos, cuántas denuncias hay?

Se han recibido 5 672 expedientes en total. Pero, 2 559 son de “no competencia”. Desde el Consejo transitorio hasta ahora hemos recibido adicionalmente 300 denuncias. Yo no puedo tomar decisiones sobre el futuro de estas investigaciones. El Consejo deberá resolverlo.

¿Qué tipo de denuncias?

El presupuesto del 2010 es de USD 5, 9 millones. De ese total, USD 4, 2millones se van en gasto de personal.

No solo de actos de corrupción sino también denuncias sobre concursos mal hechos. Estamos dejando este insumo para que se haga un reglamento. Así se definirán qué investigaciones competen al Consejo de Participación y cuáles a la Controlaría, Defensoría del Pueblo y a otras.

Los consejeros deberán cumplir más tareas...

Hay un sesgo al entender que los consejeros solo deben organizar los concursos. El Consejo tiene tres prioridades: designación de las autoridades, resolver sobre las denuncias y también deben generar un posicionamiento del Consejo ante la ciudadanía.

¿Así se evitará que las comisiones ciudadanas también terminen politizándose?

Ojalá que miles de ciudadanos participen en el concurso. Eso es una garantía de transparencia.

¿Pero qué facilidades reales va a tener la ciudadanía?

Se cambió toda la plataforma informática para que puedan hacer una convocatoria en la cual también se puedan inscribir vía electrónica. Asimismo, se tiene el beneficio de la televisión en línea. Se va a poder ver en tiempo real todo lo que se habla en las comisiones ciudadanas y en las propias sesiones del Consejo.

Para cumplir con lo que manda la Ley, deberían abrir sedes en todas las provincias. Usted no lo hizo pese a que tenía esa atribución.

Sin pretender ser un asesor de los consejeros, tengo que decir que cuando se creó el Consejo ya funcionaban las sedes de Quito y Guayaquil. Pero hay una limitación presupuestaria.

Entonces, no pudo ampliar el radio de acción.

Cómo puedo ampliar el radio de acción de trabajo si no tenía presupuesto suficiente. El presupuesto que nos asignaron para el 2010 es de USD 5 969 780,14. De ese total, USD 4 229 362 se van en gasto de personal. El dinero para lo operativo es mínimo.

¿Cuántas personas son ahora de libre remoción?

Ahora ninguno, porque yo no he nombrado a ninguna persona. El Consejo definitivo debe decidir, mediante el pleno, cuántos asesores va a tener cada consejero y deberá nombrar a los funcionarios de libre remoción.

Estaba pendiente hacer un estatuto orgánico funcional. ¿Qué pasó con ese trámite?

Pedimos a la ex Senres (hoy Ministerio de Relaciones Laborales) que nos asesorara. Lamentablemente, para ello se debía cumplir primero una auditoría remunerativa. Recién ayer (15 de marzo) pude tener la resolución. Hemos empezado a hacer el estatuto pero los consejeros deberán asesorarse con el Ministerio.

¿Qué resolvió la auditoría?

Determinó, en términos generales, que hay grandes diferencias en los sueldos. Tienen que incorporarse Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Dejando los nombramientos de las autoridades de control, ¿cuál es otra prioridad de lo vocales del Consejo, una vez que se posesionen?

Primero, deberían presentar la necesidad de incrementar el presupuesto. Fácilmente se puede detectar que con este presupuesto no se puede cumplir con lo que está establecido en la Ley del Consejo de Participación.

Los 14 vocales se posesionan

Mañana terminará el proceso de conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sus miembros (siete vocales principales y siete suplentes) serán posesionados por el pleno de la Asamblea Nacional, conforme lo señala la Constitución vigente. Sin embargo, todavía hay críticas al proceso de selección de los consejeros, la ID pidió la revisión de los nombramientos de los ganadores.

Redacción Política

En la sede de la Conaie se dio una reunión poco probable años atrás. Los representantes de la Junta Cívica de Guayaquil visitaron a los indígenas.

La reunión duró una hora. El presidente de la Junta Cívica, Miguel Palacios, quien la víspera había anunciado este encuentro a través de los medios de comunicación , dijo a la salida que se había consolidado un pacto para “combatir a nuestro enemigo en común, el Gobierno”.

“Ahora, que (Rafael) Correa empiece a temblar, porque dos organizaciones sociales han llegado al acuerdo de luchar unidos para integrar una oposición nacional”, expresó Palacios.

Miguel Guatemal, vicepresidente de la Conaie, recibió a Palacios. Pero, aclaró que no se llegó a ningún acuerdo, “ fue una visita informal”. Según el dirigente, dar o no paso a un acercamiento con la Junta Cívica es una decisión que dependerá del Consejo Político de la Confederación.

“Hemos tenido una reunión para ver qué posición tiene la Junta Cívica y ver si estamos de acuerdo o no. No vamos a permitir que nos vengan a imponer nada. Realmente hasta aquí no pedimos ningún apoyo”, aclaró .

No obstante, los dirigentes guayaquileños anunciaron que “apoyarán a la Conaie con lo que necesite”, sea con recursos económicos o con su participación. Esta cita sui géneris generó reacciones en diferentes sectores.

Luis Andrango, presidente de la Fenocin, que no es parte de la Conaie, cuestionó la visita de la Junta y señaló que “hay una intención muy fuerte de los grupos de derecha de infiltrarse” en el movimiento indígena.

En la reunión no estuvo presente Marlon Santi, presidente de la Conaie. Él participó en un taller organizado por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe), sobre las políticas públicas del Gobierno en materia de interculturalidad y plurinacionalidad.

En ese taller también participó la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades del Gobierno. La cita, que fue en Puembo, terminó pasadas las 15:30. Santi dejó la reunión luego del mediodía sin dar ninguna declaración.

El subsecretario de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Orlando Pérez, criticó el diálogo entre la Conaie y la Junta Cívica. A su juicio, la Conaie “está dejando de lado su razón de ser, al unirse con grupos de derecha”.

Guatemal rechazó este punto de vista al asegurar que ninguna organización “va a utilizar al movimiento indígena para conseguir sus objetivos”.

Ante la serie de declaraciones que se produjeron luego de esta reunión, Santi convocó a una rueda de prensa, pasadas las 17:00, para desmentir cualquier pacto. Dijo que Guatemal no estaba autorizado para esta cita y que sus resultados no tienen validez.