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La desigualdad en el reparto de la riqueza en Ecuador tiene un origen histórico. Se inició con la conquista y colonización española. En tres siglos coloniales, las comunidades indígenas perdieron total o parcialmente sus tierras ancestrales y la propiedad privada de este recurso se concentró en la clase criolla. En ese período también hubo toma de minas.

Pero, ante todo, el laboreo de tierras y minas se basó en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo indígena y campesina.

La República heredó esas condiciones. Y no las superó. Porque se instaló en Ecuador un régimen oligárquico-terrateniente hasta bien entrado el siglo XX. A la tradicional clase de los propietarios de hacienda se unieron los comerciantes, desde mediados del siglo XIX los banqueros y desde comienzos del XX manufactureros e industriales.

Estos sectores concentraron la propiedad, los capitales y la riqueza, a costa de trabajadores rurales y urbanos mal remunerados, con pocos o nulos derechos laborales y condiciones de vida miserables.

La Revolución Liberal (1895) introdujo importantes cambios sociales y particularmente jurídico-democráticos, aunque no logró superar las bases del régimen heredado.

Fue la Revolución Juliana (1925) la que inició ese largo y tortuoso cambio del régimen oligárquico. Desde entonces, como en oleadas, fue creándose una legislación protectora del trabajo, se extendieron los servicios públicos, se institucionalizó la política de un Estado interventor sobre la economía antes absolutamente privada.

En las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo, el ‘desarrollismo’ impulsado desde el Estado modernizó al país. Pero ni el ‘petrolerismo’ evitó la concentración de la riqueza. Desde 1984, con la progresiva afirmación de un modelo de desarrollo que confiaba en las supuestas bondades del mercado libre, la des-regulación, el retiro del Estado, la flexibilidad laboral y el empuje absoluto de la empresa privada, el Ecuador pasó a ocupar uno de los 10 primeros lugares de inequidad en el mundo.

Las desigualdades económicas tomaron otro plano, a pesar del afianzamiento del sistema democrático.

La herencia de la desigualdad, sumada a la reconcentración de la riqueza, alentada durante las dos últimas décadas del siglo XX con la asimilación de las ideas “neoliberales”, tiene que ser abatida. Y ello no es posible sino con una clara conciencia y con una firme decisión política para redistribuir la riqueza.

El papel que comenzó a cumplir el Servicio de Rentas Internas desde los inicios del actual Gobierno, ha superado las actuaciones del pasado. Existe una clara visión sobre la necesidad de convertir al impuesto sobre las rentas en el principal instrumento tributario para la redistribución de la riqueza. En el pasado, el privilegio que se puso sobre el IVA da cuenta de la visión “capitalista” con la que se manejaban sus inspiradores.

Aunque levante protestas de los grupos con poder económico, era necesaria la conducción que ha impuesto Carlos Marx Carrasco en el SRI, para que el sistema tributario ecuatoriano se encaminara en una ruta correcta hacia la consecución de una mayor equidad social.

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