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Los municipios del país deberán crear oficinas de Registro de Arrendamientos que, entre otras cosas, serán las encargadas de fijar precios topes de los arriendos. Así quedó establecido en la reforma a la Ley de Inquilinato que ayer aprobó la Asamblea Nacional, con 74 votos a favor.

La Ley, que mañana irá al Ejecutivo para su aprobación final, también establece que el dueño de casa puede pedir una garantía de hasta dos veces el valor del arriendo siempre y cuando este no supere los USD 159 (es decir, el 50% de una remuneración básica unificada).

Otra de las reformas establece que dicha garantía no se quedará con el arrendador sino que deberá ser depositada en un cuenta que establezca el Municipio, en el Banco Nacional de Fomento.

En el caso de que expire el contrato de arriendamiento son un acuerdo entre las partes, en cuanto a devolver la totalidad de la garantía, los reclamos deberán ser resueltos por un Juez de Inquilinato.

También se establece que el arrendador que suspenda la provisión de servicios básicos por falta de pago del inquilino será sancionado con una multa de dos mensualidades de arrendamiento.

Para el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino, que impulsó la Ley, "la reforma pretende evitar que algunos inquilinos (aprovechando que están más de quince años como arrendatarios) demanden acciones ordinarias para obtener esa propiedad para sí".

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