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El radiodifusor Wilson Cabrera critica que la Senacom justifique  la orden de arraigo en su contra, pese a que el Ministro del Interior admitió que fue un error

Ya son ocho días desde que se me impidió viajar a Washington, donde quería explicar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cómo se cerró la radio La Voz de la Esmeralda Oriental, en Macas. He esperado, sin éxito, alguna explicación de la Policía.

Fue el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, quien me dijo esta semana que está muy preocupado por mi situación. Y admitió que se cometió una arbitrariedad en mi contra, por parte de un policía, al extender una orden de arraigo sin fundamento.

En estos días logré contactar al ministro del Interior, José Serrano, quien me ofreció tomar todas las medidas para aclarar el caso, para que yo pueda viajar.

A esas alturas eso ya era inútil desplazarme a Estados Unidos, porque la reunión de la CIDH ya concluyó. Sin embargo, el tema debía ser superado porque mis derechos fueron conculcados al impedirme salir del país.

Sobre todo, porque continúa vigente en el registro informático de la Policía Nacional la prohibición de que pueda salir del país.

Por ello, el jueves, escribí un correo electrónico al ministro Serrano, manifestándole mi preocupación del tema, ya que no existía ninguna explicación del Comando de la Policía de Guayas, de donde salió la prohibición.

El Ministro respondió que se investigará el caso y, si lo amerita, se sancionará al culpable.

Pero fue más sorprendente que luego de las declaraciones de rechazo del Presidente de la Asamblea y del ministro Serrano a la orden de arraigo, se difundiese la tarde del viernes en radio América de Quito un audio, cuya autoría aparentemente es de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia (Senacom).

En la grabación se cuestionaba a la comitiva de la prensa privada que fue a la CIDH y se justificaba la prohibición policial para que yo salga del país. Por eso, otra vez, escribí una nueva carta al ministro Serrano, señalándole que llama la atención que desde la Senacom se trate de justificar lo injustificable, cuando él reconoció el hecho que fue un atropello.

Ese audio decía que yo habría tenido una orden de captura desde el 2007, por orden de la Intendencia de Policía de Morona. Pero esa orden quedó sin validez porque demostré ante el entonces ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, que fue ilegal. Incluso, fue removido de su cargo el Intendente por esa actuación.

Lo cierto es que con esta medida arbitraria de impedir mi viaje se impidió que yo demuestre ante la CIDH los atropellos del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, que se niega a renovar la frecuencia de la radio. Esto, pese a que hay un criterio vinculante del Procurador, del 5 de junio del 2009, que afirma que la estación cumple con los requisitos para acceder a esa renovación.

También iba a dejar en evidencia del atropello del que fue víctima la radio, el 3 de abril de este año, cuando sin ninguna notificación ni resolución judicial se llevaron nuestras antenas, dejando a la emisora fuera del aire. Y, por último, mi objetivo era denunciar ante la CIDH que el Gobierno persigue a periodistas a través de cadenas y de adulteración de documentos para justificar este tipo de atropellos.

Con mi abogado, Juan Carlos Solines, estudiaremos las acciones legales a tomar. El propio Fernando Cordero, en declaraciones a Ecuadoradio, dijo que tenemos derecho a daños y perjuicios ocasionados por la prohibición de salir de Ecuador. Con estas medidas yo no sé qué seguridad jurídica está garantizando el Estado.

Creo que hace falta que el Gobierno tenga coherencia frente al tema. Mientras autoridades de alto nivel reconocen el atropello, la Senacom trata de justificar una situación de esta naturaleza.

Lo menos que puedo pedir es que haya una pronta aclaración y se determine el responsable. Esta es otra acción de persecución de funcionarios del Gobierno por nuestra labor periodística, que ha destapado algunos casos de supuesta corrupción.

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