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Ayer, Alianza País otra vez optó por evitar tocar en el Pleno de la Asamblea temas considerados ‘sensibles’ para el Gobierno. Así, el bloque oficialista y sus aliados votaron contra el pedido de cambio del orden del día planteado por Jorge Escala (MPD).

El emepedista buscaba que el Legislativo se pronunciara sobre el escándalo de la ‘narcovalija’ diplomática. Por eso planteó un texto con cuatro puntos.

Uno, exhortar a la Fiscalía a acelerar la investigación sobre los responsables. Dos, que el presidente Rafael Correa separe de su cargo al canciller Ricardo Patiño.

Tres, que el Gobierno deje sin efecto el Reglamento del 21 de noviembre del 2011, que altera el Tratado de Viena y crea la figura de la valija extraordinaria, por la cual en Ecuador es posible enviar materiales de publicidad. Cuatro, conformar una comisión con miembros de varias bancadas, para investigar y fiscalizar el caso.

Sin embargo, el resultado del intento fue adverso: 53 votos a favor, 53 en contra, cero blancos y cero abstenciones. Así, a la oposición le hicieron falta al menos 10 adhesiones para contar con la mayoría de la sala. Y al oficialismo, igual cantidad de votos, para negar la solicitud. Por lo que el tema puede ser analizado de nuevo, en próximas sesiones.

Tras la votación, el presidente Fernando Cordero dio paso a otras solicitudes de cambio del orden del día, que tuvieron respaldo. Una de ellas fue planteada por María Cristina Kronfle (Madera de Guerrero), para condenar la agresión a las personas con discapacidad en Bolivia. Y otra de Dalo Bucaram (PRE), pidiendo que el Gobierno declare en emergencia a la provincias del Guayas.

Pese a que el tema de la ‘narcovalija’ no pasó ayer, en los corrillos, los legisladores de oposición conversaban y anunciaban que insistirán. Vicente Taiano (Prian) defendió la potestad del Pleno para abordar el tema, ya que es el escenario propicio para establecer sanciones políticas. Él considera que la imagen del país resultó la más afectada.

Pero el oficialismo repite la excusa de otros casos: el tema está en manos de la Fiscalía. Y tratarlo en la Asamblea sería “politizarlo”.

Así lo sostuvo Ángel Vilema, uno de los seis coordinadores de A. País, para quien se deben agotar otros mecanismos de fiscalización internos. Uno de ellos lo lleva adelante la Comisión de Relaciones Internacionales, al pedir información a la Cancillería sobre el caso. “No tomaremos una decisión política como buscar la destitución de Patiño”.

Fernando Flores (PSP) acudió ante los organismos de control. El viernes, en la Fiscalía, presentó una demanda penal, para que se encuentre a los funcionarios responsables. Y además solicitó un examen especial a la Contraloría, para que revise la forma en que la Cancillería usó el dinero en las diferentes embajadas, con el tinte de fortalecimiento cultural o desarrollo de turismo. “Para qué existen los ministerios de Cultura y Turismo, si la Cancillería va a hacer esa tarea”.

Flores, además, asegura contar con 43 firmas, que próximamente presentará junto a la solicitud del inicio de juicio político en contra de Patiño.

Aunque él y los legisladores no afines al oficialismo temen que la Comisión de Fiscalización -con mayoría de Alianza País- posiblemente archive esta solicitud.

Taiano comenta que si Correa no hubiera logrado que la Corte Constitucional dispusiera medidas cautelares sobre la reforma legislativa, Patiño estaría obligado a responder sobre el tema ante el Pleno del Congreso. Por su parte, el canciller Ricardo Patiño reiteró que hay un “linchamiento mediático” contra su gestión.

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