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Los 57 ciudadanos que participarán en los concursos públicos para elegir al Contralor General del Estado y al Defensor Público tendrán dos fuertes rivales.

Se trata de Carlos Pólit y de Ernesto Pazmiño, titulares de la Contraloría y de la Defensoría Pública, respectivamente. Los funcionarios aspiran a permanecer otro período, por eso, se postularon la semana pasada para participar en los concursos de méritos y oposición impulsados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Sin embargo, estas postulaciones contradicen uno de los principios de la participación ciudadana: la renovación de las autoridades y la posibilidad de que sangre nueva esté en cargos estratégicos.

En una democracia “no es conveniente que las autoridades se perpetúen en el poder”, dice Ruth Hidalgo, directora de la ONG Participación Ciudadana.

A su juicio, la alternabilidad de funcionarios es una herramienta importante para generar procesos inclusivos y para tener la posibilidad de “refrescar ideas”. Por eso cree que la pretensión de Pazmiño y de Pólit, de permanecer 10 años en esos cargos, debilita el sistema democrático y la estructura de nuevas formas de contar con una participación objetiva.

De hecho, dos autoridades que han pasado por el filtro del Cpccs han sido ratificadas en sus puestos. Se trata del procurador, Diego García, y del Superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, quienes fueron designaron en el 2008 por la Asamblea de Montecristi, y estando en los cargos dos años cuatro meses, recibieron el visto bueno del presidente Rafael Correa al ser ubicados en ternas enviadas al Cpccs.

Anunziatta Valdez, otra funcionaria de Participación, es más radical y dice que ninguna de las actuales autoridades del Gobierno deberían terciar, pues sobre sus derechos individuales de participación deben primar los derechos colectivos. En este punto sostiene que la renovación de funcionarios debe ser real, ya que si bien las autoridades son elegidas mediante un concurso público, los servidores que apuntan a la reelección tendrán mayores ventajas por su experiencia.

“Estaba animado a participar, pero cuando me enteré de que el actual Contralor se inscribió para el concurso, desistí”, dice un jurista cuencano, que pidió el anonimato. Asegura que si bien los funcionarios tienen derecho a postularse, deberían dejar esa pretensión para que nueva gente pueda ingresar. A su juicio, si concursaba hubiera estado en una gran desventaja en comparación con Pólit, que tiene cinco años al frente de la Contraloría General.

En este punto Manuela Gallegos, ex colaboradora del Régimen, reconoce que la premisa inicial de este Gobierno y el espíritu de la participación ciudadana era un cambio de la élite política que ha manejado el país. Considera que tanto Pólit como Pazmiño tienen todo el derecho a participar. Pero aboga por un concurso transparente, en el que a todos se les dé las mismas oportunidades.