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Esta mañana, las cabezas de algunas organizaciones indígenas y colectivos sociales analizan los posibles escenarios políticos y jurídicos de cara a una consulta popular, planteada desde la iniciativa ciudadana, para evitar la explotación petrolera en el bloque ITT, que forma parte del Parque Nacional Yasuní.

La anfitriona del encuentro, previsto para las 09:00 es la Ecuarunari (organización indígena de la Sierra que forma parte de la Conaie). El propósito de la cita es analizar, junto al jurista y catedrático Julio César Trujillo, los caminos posibles para este proceso.

El jueves de la semana pasada, el presidente Rafael Correa anunció en cadena nacional la decisión del Gobierno de dar de baja la Iniciativa de preservación del Yasuní-ITT y emprender el Plan B, que consiste en explotar 920 millones de barriles de crudo en un área equivalente al uno por mil de toda la extensión del parque, calculada en un millón de hectáreas.

Desde ese momento, varios sectores políticos y ciudadanos, estos últimos a través de las redes sociales, han insistido al Gobierno que convoque a una consulta popular para que sea el pueblo el que decida la explotación o preservación de esa reserva natural.

El escenario de la consulta surge a propósito del artículo 407 de la Constitución que faculta a la Asamblea Nacional a convocarla, si así lo considera, pues está de por medio una actividad extractiva en parques naturales y reservas.

El presidente Correa descartó esta posibilidad y retó a que los grupos sociales recojan el equivalente al 5% de firmas del padrón electoral nacional, tal como lo dispone la Constitución en su artículo 104 para dar viabilidad a una consulta de corte ciudadana.

Hoy, la Ecuarunari y otros grupos analizan junto a Trujillo cómo proceder en este trámite, pues hay varias interrogantes de corte político y jurídico por resolver.

En primer lugar se necesita recolectar unas 580 000 firmas válidas a nivel nacional y para ello, el Consejo Nacional Electoral debe autorizar los formularios donde se reunirán las rúbricas. De manera paralela, la Corte Constitucional debe dar un dictamen previo sobre la constitucionalidad de la pregunta, según lo dispone el artículo 104 de la Carta Política.

Según Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, es necesario avanzar con mucha precaución, pues el CNE y la Corte son controladas por el Gobierno.

Trujillo ha preferido no adelantar su posición frente a los escenarios que están en análisis. En ese sentido, está por definirse si el primer trámite en realizar sería la consulta constitucional. Pérez G. también dice que"hay el riesgo de que en un eventual triunfo de la tesis del Gobierno -explotar el Yasuní- los ecuatorianos estemos autorizando al Estado a violar los derechos humanos de los pueblos no contactados (Tagaeri y Taromenane)". Su recelo es que de haber explotación petrolera, la vida de ellos correrá peligro.

Ala cita de hoy irán varias organizaciones populares, estudiantes, sindicatos y grupos ecologistas. También se pedirá el acompañamiento de Naciones Unidas.

Una iniciativa juvenil

Para hoy al medio día, un conglomerado de jóvenes autodenominados "yasUNIDOS", presentarán en la Corte Constitucional el pedido de dictamen de constitucionalidad a la pregunta para salvaguardar el Yasuní mediante consulta popular. Este grupo también dice tener el apoyo de Trujillo, pero versiones de la Ecuarunari no loa han confirmado todavía.

Este grupo insiste en que la pregunta que debe ser redactada para defender el Yasuní y "dar paso al Ecuador pospetrolero, no puede caer en "negociaciones" que incluyan retribuciones por impuestos o subsidios".

580 000 firmas se necesitarían a nivel nacional para plantear una consulta popular.

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