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El primer paso para impulsar una consulta popular ciudadana, que evite la explotación del campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), ubicado en el extremo oriental del Parque Nacional Yasuní, se dio ayer. El político y jurista Julio César Trujillo, acompañado de un centenar de jóvenes, presentó ante la Corte Constitucional (CC) la pregunta que deberá ser analizada por el organismo: ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? Sin límite de tiempo, los jueces de la Corte deberán calificar la constitucionalidad de la interrogante. Si esta es favorable, los grupos sociales tendrán luz verde para recolectar el 5% de firmas del padrón nacional (580 000 rúbricas) que luego de pasar el filtro del Consejo Electoral permitirán llevar la consulta a las urnas.

Esta iniciativa está amparada en el artículo 104 de la Constitución que faculta a los ciudadanos a solicitar su convocatoria cuando se trate de asuntos de interés general.

El paso que se dio ayer, no obstante, tomará fuerza si es que la Asamblea Nacional, dentro de sus facultades legales, decide no convocar por su cuenta a una consulta.

La posición de estos grupos sociales es que, dado que el Gobierno y su bancada, han decidido iniciar la explotación del ITT, la obligación del oficialismo es impulsar el proyecto a través de la consulta popular. Por lo que, en caso de que no lo haga, avanzará la iniciativa ciudadana.

¿Esta es una suerte de presión social y moral sobre la Asamblea? Los colectivos (indígenas, educadores, estudiantes, ecologistas, figuras cercanas a los partidos de izquierda) así lo consideran, pues es su derecho ciudadano.

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Consulta por el Yasuní

Indígenas y ambientalistas de Ecuador presentaron la pregunta para someter a consulta popular sobre la explotación del Yasuní


Aunque de momento, este mensaje no cala en el bloque oficialista, que con sus 100 votos tiene en el Pleno una postura unificada e irrevocable: apoyo irrestricto a la decisión del presidente Rafael Correa.

A este acuerdo se llegó en los últimos días, tras varias reuniones mantenidas con el Ejecutivo para analizar el costo político de la explotación de los 920 millones de barriles de crudo del ITT.

Ahí se decidió dejar a un lado la posibilidad de la consulta popular, por iniciativa legislativa, como ratifica la legisladora María José Carrión. "Apoyaremos la decisión del Ejecutivo" y como bloque aprobarán la explotación inmediata de los campos ITT. De este modo, dice, la "responsabilidad histórica" de tal decisión será asumida por el Ejecutivo y por el Legislativo.

Para que esto suceda deberá llegar hasta la Asamblea el pedido formal para que autorice las operaciones extractivas, los legisladores esperan que el documento esté en sus manos la próxima semana.

Si el libreto de Alianza País se cumple, los grupos sociales aspiran a abanderarse, por primera vez, de un proceso de este tipo, pues las tres anteriores consultas (2007, 2008 y 2011) fueron impulsadas por Rafael Correa.

La explotación del Yasuní ITT genera protestas en Quito

En la Plaza Grande (centro de Quito) decenas de jóvenes protestaron por la explotación petrolera en el Yasuní. Fotos: Bolívar Vásquez / EL COMERCIO



Legisladores como Lourdes Tibán (Pachakutik) aún tienen esperanza de que la mayoría oficialista opte por el camino de la consulta. Pero si no lo hace, "los grupos sociales recorreremos el país para recoger firmas; esperemos que luego el CNE no nos diga que son falsas".

Tibán dice que este trabajo no debe tener banderas políticas. Por ello, ningún partido o movimiento político interesado en este proyecto se abanderará como tal de la recolección. Sería un trabajo "ciudadano, de activistas" .

El excandidato a la Presidencia, Alberto Acosta, recordó que esta es una gran oportunidad para conformar un frente ciudadano que permita dar una respuesta a una cuestión de vida. "No es el momento para oportunismos políticos o para abrir espacios electorales", esto a propósito de que la recolección de firmas podría coincidir con el inicio de la campaña electoral de febrero del 2014.

  • 580 000 firmas Se requiere para una consulta popular ciudadana.


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