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La decisión del Gobierno de explotar una parte del Parque Yasuní trae consigo un costo político, cuya factura todavía está por calcularse.

Las críticas ciudadanas y de movimientos sociales, a raíz del anuncio del hundimiento del Proyecto Yasuní-ITT, solo son los primeros efectos de un tema que tiene un largo trayecto por recorrer.

Más allá de que el oficialismo tiene los votos suficientes para declarar de interés nacional la explotación, en la práctica debe encarar su tratamiento en la Asamblea.

Y por las primeras reacciones ciudadanas y políticas, todo apunta a que esa fase de aprobación se dará en medio de más objeciones ciudadanas, dentro y fuera de casa.

El primer escollo para el Gobierno será presentar los informes técnicos, ambientales, políticos y económicos sólidos, que puedan justificar la explotación petrolera en esa zona protegida, como lo señala el art. 407 de la Constitución.

De ahí que mientras los cuestionamientos avanzan, el Ejecutivo todavía no ha puesto fecha para entregar el pedido formal a la Asamblea, para que autorice las operaciones extractivas en la zona.

Una vez que llegue el pedido formal al Congreso, sus autoridades tienen que cumplir con el procedimiento que la Ley de la Función Legislativa establece para el tratamiento de declaratoria de interés nacional de un asunto. En esencia, señala que tiene que ir a una comisión legislativa y que debe ser analizado en dos debates.

En todos esos espacios tiene representación la oposición, que de manera unánime ha adelantado su desacuerdo en la decisión del presidente Rafael Correa de sacar el crudo de una zona del Yasuní.

Con estos antecedentes y procesos, desde la bancada de Alianza País no se niega que el tratamiento del asunto pueda acarrear un proceso de desgaste político.

Incluso la posibilidad de que voces internas no estén de acuerdo con el nuevo plan de Carondelet, ya que la Iniciativa ITT tenía un alto grado de pertenencia en la militancia del movimiento oficialista.

"Es una decisión que puede tener un costo político y una serie de reacciones individuales complejas porque se creía en la propuesta del Yasuní, pero la militancia no solo es para ganar elecciones, sino para asumir las decisiones complejas de manera conjunta".

Ese es el criterio de la asambleísta Paola Pabón, quien dice que A. País tiene dos armas para reducir el costo político de no seguir con la Iniciativa-ITT, que tiene más del 92% de apoyo en Quito y Guayaquil, según Perfiles de Opinión.

Esos instrumentos son que la Asamblea garantice el menor impacto ambiental y que el trámite se ejecute con agilidad.

No obstante, la oposición ya tiene en carpetas argumentos para restar solidez al oficialismo.

El bloque de Creo, del expresidencial Guillermo Lasso, tiene clara su hoja de ruta: mantener su postura de la campaña 2013 de apoyar que no se toque el Yasuní.

Su legislador, Diego Salgado, adelanta alternativas para que el país consiga USD 600 millones anuales que generaría esa explotación. Entre ellas, abrir la inversión extranjera, como Perú, que en el 2012 captó USD 12 240 millones, según un informe de la Cepal.

"Cuidar el medioambiente no es un patrimonio de la izquierda. Nosotros vamos a mantener nuestro apoyo al ITT, el que cambió de parecer en este tema fue el Gobierno", agrega.

A estas posturas se suman las de bloques como Pachakutik, que en cambio exigen que la Asamblea convoque a consulta. Incluso no se descartan recursos de inconstitucionalidad, que dilatarían el tema.

Pese a que en teoría el Gobierno afronta uno de los temas más complejos en sus seis años de gestión, desde la esfera académica hay dudas de que pueda salir mal parado.

Santiago Basabe, politólogo de Flacso, advierte que todo dependerá de la estrategia que despliegue el Ejecutivo y de la oposición. Desde su óptica, el Régimen intentará polarizar a la sociedad en términos electorales, para que parezca un tema de la oposición contra el Gobierno. De ahí que piense que la campaña de las elecciones seccionales puede jugar a su favor e intente capitalizarla.

  • La campaña del Gobierno

Ante el costo político de la medida, el Gobierno ha empezado a desplegar una estrategia comunicativa para explicar su postura frente a la explotación del Yasuní.

En ese escenario, el Presidente -con alta popularidad- aparece como el vocero principal para posicionar la versión oficial de que le daño ambiental será mínimo.

De hecho, ayer, en la inauguración de un nuevo complejo judicial en Cayambe reiteró que la explotación será "responsable". E insistió que la oposición debe recoger firmas si desea que el asunto sea sometido a consulta.

Para la noche, en cambio, tenía previsto dos entrevistas para hablar del tema. Una en EcuadorTV y otra con un pool de canales.

Así es el camino legal

  • Art. 49.  El Pleno de la Asamblea, en dos debates y por mayoría absoluta de sus integrantes, podrá declarar de interés nacional la petición del Presidente de la República en relación con la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles.
  • Para estos  debates el Pleno contará obligatoriamente con informes de las comisiones respectivas designadas por el CAL.
  • El trámite se  ajustará a los plazos establecidos para la aprobación de leyes.

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