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En la calle La Pradera N30-58, al norte de Quito, un hombre se mece en una hamaca mientras goza del calor quiteño. Quizá sea la imagen apropiada de lo que allí sucede; o mejor: de lo que allí no sucede.

No hay un cartel que indique que esa casa de una planta es la sede de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), ex Democracia Popular, que perdió el pasado 9 de julio la personería jurídica por una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El terreno funciona ahora como parqueadero. El hombre de la hamaca dice que no hay nadie en la casa y que está "cerrado temporalmente". Cuando este Diario le pregunta ¿desde hace cuánto tiempo está cerrado?, levanta dos dedos. ¿Dos meses? Se ríe: "no, dos años".

Distinta es la escena en la calle Polonia N30-83, a pocas cuadras de allí: hay un letrero de la ID y la rosa de la Internacional Socialista. Es la sede de la Izquierda Democrática que también perdió el número y nombre para el CNE.

En el edificio de ladrillo visto hay un auditorio en donde se reúnen los militantes naranjas. El primer piso lo ocupa Henry Llanes, uno de los que se disputa la presidencia del partido. De la pared principal de su oficina cuelga, como nostalgia de los tiempos en que la ID llegó a tener más de 500 000 afiliados, el retrato de Rodrigo Borja con la banda presidencial .

Pero el segundo, tercer y cuarto pisos están alquilados a empresas que nada tienen que ver con la actividad partidaria.

Ambos terrenos fueron donados en la década de los 80 a los dos partidos por el Municipio de Quito con la obligatoriedad de que allí se construyeran las sedes de los partidos. Esto se colige, por ejemplo, al revisar la escritura pública de la donación a perpetuidad a la ID, del 11de agosto de 1980.

El alcalde de esos años, Álvaro Pérez Intriago (liberal), y el síndico Wilson Granja Ávalos, entregaron el terreno de 669 metros cuadrados a quien era el representante del partido: Raúl Baca Carbo.

El Municipio exigía algunas condiciones: destinar, de manera permanente, el inmueble a la construcción de la sede social en un tiempo máximo de cinco años. Incluía una prohibición: "El Donatario no podrá disponer libremente del inmueble donado, quedándose prohibido su enajenación actual o futura a cualquier título o modo de adquirir el dominio (...) sin la autorización municipal".

En el término enajenación, que en derecho significa "transferencia de dominio", que no prohibiría el alquiler de algunas oficinas, señala Henry Llanes, uno de los presidentes en disputa de la ID, para decir que la inspección que llevó a cabo el 16 de julio el Municipio no tiene asidero legal.

Pero para María José Mantilla, supervisora metropolitana de control, el antecedente para ejecutar la inspección es que el lote fue entregado a la ID "a fin de que sea utilizado como sede del partido".

"La intervención del Municipio es la demostración de las pequeñeces de la vida y de las personas. ¿Cómo así se les ocurre a estas alturas intervenir", dice uno de los referentes de la ID, Andrés Vallejo, ahora retirado de la política.

El artículo 327 del Código de la Democracia, refiere que el patrimonio de los partidos "que se extingan definitivamente, pasará a formar parte del Fondo Partidario Permanente, luego de cumplir con sus obligaciones". Pero aquello no resulta tan simple.

Vallejo señala un problema aún mayor para el CNE: la coexistencia de varias figuras legales que complicaría el destino final de estos bienes partidarios: el Municipio, donante de esos predios; el Estado a través de uno de sus poderes: el CNE que podría administrarlos; y los militantes que aportaron con plata y persona para que se construyeran aquellas edificaciones.

Roxana Silva, consejera del CNE aclaró que "los municipios tienen sus competencias establecidas en las disposiciones legales respectivas y el CNE también cuenta con sus disposiciones y cada uno, dentro de sus competencias está realizando las acciones que debe realizar. El CNE va a tener los informes de la oficina de Coordinación de Asesoría Jurídica".

Pero si en la ID hay impugnaciones, al menos de parte de la facción de Llanes, para impedir no solo la pérdida de personería jurídica sino también de las sedes, en la UDC hay todavía una demora que se delata en esa casa abandonada desde hace dos años.

La próxima semana se va a llevar a cabo la reunión de la dirigencia democristiana en la que se buscarán los argumentos para la impugnación de la resolución del CNE.

Andrés León, uno de los militantes de la UDC, comparte el argumento que la facción de la ID liderada por Llanes sostiene. Si el terreno fue donado por el Municipio, la construcción de la sede fue hecha con el esfuerzo de los militantes y no con aportes públicos.

Ambos sostienen que se realizó mucho tiempo antes de que rigiera este Código de la Democracia.

Sin pronunciarse en nombre del partido, sino a título personal, León afirma que "no se puede ir contra la ley" y encuentra algunas alternativas posibles de qué hacer con las dos casas que la UDC tienen en Quito (en La Pradera y en la esquina de las calles Saá y Pazmiño) y la tercera en Guayaquil.

"Puede haber una salida en la fusión con otro partido político o la donación a alguna entidad de servicio social", dice.

De no ocurrir ninguna de las dos cosas, la resignación será el último recurso: "habrá que cumplir con la ley", finaliza León.


Los avalúos

En el registro predial actual,  el terreno donde está la sede de la ID está avaluado en USD 136 476 y el edificio en USD 328 546. De la UDC, (en La Pradera) el terreno, USD 130 112; la construcción USD 70 804.

El edificio de la ID tiene un área de construcción de 2 758 m2. En 1991, un informe de la Cámara de Construcción de Quito avaluó la obra en 696 millones de sucres.

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