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Por segunda ocasión en este año, el sistema de justicia ecuatoriano está en la mira de activistas sociales. Un 'Tribunal ético por la Justicia' conformado por los juristas Raúl Moscoso, Julio César Trujillo y la activista Elsie Monge llegaron a un consenso: que en el país existe una falta de independencia de la Función Judicial con una consiguiente criminalización del derecho de resistencia y a la protesta social.

Su tesis se explica -según dicen- luego de analizar 41 sentencias a líderes sociales (ver tabulado) que fueron enjuiciados por diferentes figuras relacionadas con el sabotaje, terrorismo y rebelión y que han enfrentado procesos impulsados desde el Estado.

También aseguraron que existe un uso de figuras delictivas incompatibles con un régimen democrático; una reiterada y común falta de la debida motivación en las sentencias condenatorias; el uso de pruebas de cargo insuficientes con una desestimación injustificada de las pruebas de descargo.

Finalmente la utilización del derecho penal para construir una estructura de miedo y eliminar toda manifestación de inconformidad con los poderes públicos.

Esta iniciativa tiene rasgos similares al Observatorio de Derechos Humanos (DD.HH.) y Justicia iniciativa del exlegislador Enrique Herrería. Este se conformó un junio de este año por el excanciller de Alfredo Palacio, Antonio Parra Gil, y el exjuez de la Corte Constitucional Jorge Alvear. Su objetivo es vigilar el trabajo de la Función Judicial y analizar los casos en los cuales las personas consideren que se haya violado el debido proceso y se actuó de forma política.

La reunión de ayer del Tribunal de Ética se realizó en la sala del antiguo Senado en la Asamblea Nacional. Hasta ese lugar llegaron líderes sociales, asambleístas de Pachakutik, dirigentes del MPD, catedráticos y juristas. Ahí se escuchó los testimonios de Mery Zamora, Pepe Acacho, Cristina Campaña, Paúl Jácome y Rosaura Bastidas quienes fueron sentenciados por la justicia y quienes aseguraron que sus juicios "estuvieron politizados". También dieron testimonio de los problemas que han tenido por lo que consideran una persecución política del poder.

"Las 41 sentencias penales han sido direccionadas políticamente. Todos los casos han sido primeros sentenciados por el presidente Rafael Corrrea antes de serlo por la Función Judicial", dijo la legisladora de Pachakutik Lourdes Tibán quien fue una de las promotoras de esta iniciativa.

El jurista Ramiro García explicó que uno de los objetivos del Tribunal ético es evidenciar las falencias que han existido en el procesamiento, juzgamiento y condena de varias personas "aplicando los tipos penales que finalmente terminan criminalizando la protesta social". Dijo que estas sentencias se han emitido bajo estándares probatorios "deleznables, con aplicación de estructuras jurídicas inconstitucionales".

Si bien esta resolución no tiene un peso jurídico ni un carácter vinculante, sí será utilizada por los sentenciados en los procesos que aseguran continuarán en las cortes internacionales, como lo explica el director nacional del MPD, Luis Villacís: "estos documentos serán entregados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como la Corte Interamericana de DD.HH. Vamos a llevar los casos a las instancias internacionales toda vez que en el Ecuador no hay las garantías constitucionales. Dijo, al tiempo que recordó que de los procesos que se han iniciado en contra 300 líderes sociales enjuiciados por sabotaje y terrorismo, 41 ya "tienen víctimas por la falta de un debido proceso".

El jurista Julio Cesar Trujillo explicó que su conclusión nació luego de haber realizado un "examen a profundidad" de las sentencias y de haber escuchado el testimonio de los involucrados.

Por su parte Elsie Monge recordó que este Tribunal ético no tiene fuerza legal ni puede cambiar las sentencias, pero sí podría ser utilizado por los sentenciados como un antecedente que demuestra la irregularidad de estos procedimientos. Considera que en el país se está utilizando la justicia "para fines políticos" pues en todos los casos existe la identificación del enemigo, luego el descrédito y una persecución política. "Es el momento de dar a conocer esta situación para evitar ir a peores consecuencias. Esto es una alerta".

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