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Antes de tomar las decisiones diplomáticas de mayor impacto del país, el canciller Ricardo Patiño escucha al asesor español con el que trabaja desde el 2010.

Su nombre es José María Guijarra, conocido como 'Txema', quien está al frente del Departamento de Análisis Político de la Cancillería.

Su desembarque en el Palacio de Najas fue una suerte de carambola. Cuenta que en principio (marzo 2010) tenía como objetivo brindar soporte al Ministerio de la Política. Lo debía hacer en calidad de consultor del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), la fundación española que está en Ecuador desde la campaña del 2006 (nota compartida).

Su formación económica y sociológica, así como su trabajo en campañas electorales de tres países, eran sus credenciales para llegar al Ministerio de la Política.

Sin embargo, esa colaboración no cuajó y debió esperar casi seis meses para que el CEPS lo ubicara en la Cancillería, que por entonces ya era dirigida por Patiño.

El que no tuviera ninguna preparación o experiencia en política exterior no fue obstáculo para ser uno de los consejeros del Canciller. En la hoja de vida de este militante del partido español Izquierda Unida no hay ninguna referencia que acredite su conocimiento en el campo internacional.

Durante siete años trabajó como analista de Telefónica en su país y en el 2008 se incorporó formalmente al equipo del CEPS. A partir de entonces trabajó en las campañas presidenciales del paraguayo Fernando Lugo (2008), del salvadoreño Mauricio Funes (2009) y del chileno Marco Enríquez Ominani (2010).

Alberto Montero, director del CEPS, minimiza la falta de preparación de Guijarro en materia de política internacional. Señala que si 'Txema' es consejero de Patiño es porque la Cancillería considera que su perfil es el adecuado.

Guijarro matiza esa falta de experiencia. Explica que en la academia sí trabajó temas de política exterior. Y que de alguna forma también lo hizo al colaborar en campañas presidenciales. Sin embargo, reconoce que jamás estuvo cerca de una Cancillería "No tenía experiencia en lo que es la gestión de un aparato diplomático".

Pese a ello, su actuación en los últimos meses ha trascendido las tareas de un simple consultor, para ejercer algunas de un diplomático. Por ejemplo, dialogar en representación del Canciller con miembros de delegaciones de otros países al margen de citas regionales.

Ese fue el caso de su participación en la última asamblea extraordinaria de la OEA, escenificada en marzo en Washington.

El tema central de esa cumbre fue analizar uno de los temas de mayor importancia en la agenda externa de la gestión de Rafael Correa: limitar las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esa ocasión, este Diario constató que el asesor español mantuvo diálogos con miembros de los países de la Alba, interesados en restringir el margen de acción de la CIDH.

Guijarro, casado desde hace dos años con una ecuatoriana, no niega que haya tenido contacto con miembros de otras delegaciones en la capital estadounidense.

Pero enfatiza que siempre lo ha hecho en un papel "terciario" y por un pedido expreso de Patiño, cuando él y el resto de miembros de la delegación ecuatoriana han estado ocupados en otras tareas.

Tampoco niega que una semana antes de esa cita de la OEA, conversó con un representante de Uruguay, en el marco de la reunión de los países miembros del Pacto de San José, en Guayaquil. Allí también se trataron las polémicas reformas a la CIDH, aunque Guijarro niega que en alguna vez haya redactado borradores de resoluciones planteadas por Ecuador.

"Puedo opinar sobre esos documentos, pero no redactarlos". Según dice, Pablo Villagómez, subsecretario de la Cancillería, se encarga en varias ocasiones de realizar los análisis jurídicos de los temas trascendentales.

Vivió una temporada en Londres por el caso Assange
Guijarro también ha protagonizado un papel estelar en el asilo concedido a Julián Assange, fundador de Wikileaks, recluido en la Embajada ecuatoriana en Londres, desde junio del 2012.

Al llegar la solicitud del 'hacker' australiano, su tarea fue analizar las ventajas y desventajas de concederle la protección política. Según cuenta, él solo presentó los escenarios y que la decisión final fue tomada por el presidente Correa, en función de los principios.

Sin embargo, hay una parte de su participación en este asunto que poco o nada se conoce. Una vez que el tema cobró relevancia recibió el pedido de vivir temporalmente en Londres, en compañía de su esposa. El objetivo de su estancia fue dar soporte a la Embajada para manejar el tema.

Y a mediados de junio volvió a Londres, con motivo de la cita de Patiño con Assange para estudiar el documento que fue entregado al Reino Unido. En esa reunión se reencontró con el cónsul Fidel Narváez, quien solo seis días después extendió el salvoconducto para que el extécnico de la CIA, Edward Snowden, pueda viajar de Hong Kong a Moscú. Según Guijarro, ni él ni Patiño conocieron de esa jugada de Narváez.

CEPS mantiene convenios con los gobiernos latinos

Desde inicios de la década de los 90, el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) ha buscado abrirse espacio en varios países de la región.

Su punta de lanza ha sido ofrecer asesoría jurídica a países latinoamericanos que se han embarcado en procesos constituyentes. Básicamente a través de su plantilla de constitucionalistas, como Roberto Viciano, que ha asistido prácticamente a todos los procesos de reformas de ese tipo.

La Constituyente de Colombia de 1991 y la Asamblea de Ecuador de 1998 fueron las primeras experiencias del Centro de Estudios en América Latina, sin que lograran vincularse formalmente con gobiernos de entonces.

Su director, Alberto Montero, explica que en esos dos casos los juristas de la fundación acudieron para "analizar el hecho". Y que estaban dispuestos a brindar asesoría en caso de que alguna autoridad constituyente de esos países se las solicitara.

Su siguiente parada fue Venezuela, donde el desaparecido Hugo Chávez lideró en 1999 la propuesta de una Constituyente. Y aunque en principio tampoco llegaron allí con un convenio formal, finalmente terminaron involucrándose con el Régimen.

A partir de entonces los hechos apuntan a que la fundación ha ensayado una forma particular de vincularse con organizaciones de izquierda de la región.

Esta ha consistido básicamente en brindar su asesoría en época de campaña a candidatos que tienen alguna opción de llegar al poder, sin que necesariamente tenga un costo. Y una vez ya en el poder. tratar de formalizar su colaboración a través de convenios.

El caso ecuatoriano ilustra de alguna manera esa lógica. En 2006, la fundación llegó nuevamente al país para colaborar con la campaña del naciente movimiento Alianza País, del entonces candidato Rafael Correa.

Uno de los primeros asesores en llegar fue el periodista José Alonso, quien en esencia trabajó la estrategia comunicativa.

Después del triunfo electoral, la relación con las nuevas autoridades electorales se formalizó. Por eso el Centro de Estudios asesoró en la Constituyente de Montecristi, montó la Unidad de Análisis Político de Carondelet y Cancillería, entre otros trabajos.

"La fundación convenia con el gobierno y es la fundación la que remunera a su trabajador. El asesor no es un contratado por parte del Gobierno", dice Montero. Un asesor como Guijarro, en promedio, puede ganar unos USD 2800 mensuales. Según Montero, el único convenio vigente en Ecuador es con la Cancillería.

Esa fórmula la han replicado en otros países, aunque no siempre con éxito. Por ejemplo, en El Salvador, Mauricio Funes no mantuvo el nexo con el CEPS.

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