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Poco tiempo después de la posesión de Jaime Roldós como Presidente de la República, a Argentina, gobernada en ese entonces por el recientemente fallecido Jorge Rafael Videla, llegaba el 6 septiembre de 1979 una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Luego de algunas semanas de entrevistas con familiares de desaparecidos, personajes importantes de la política y miembros del gobierno, los delegados de la CIDH que visitaron el país concluyeron que durante el período 1975-1979, correspondiente a la dictadura militar de Videla, se cometieron numerosas y graves violaciones de los derechos humanos.

Un patrón similar, de dictaduras y ataques a los derechos fundamentales de los ciudadanos se repetía en varias naciones latinoamericanas. En Chile regía Pinochet, en el Salvador la Primera Junta Revolucionaria de Gobierno se instauraba y la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay cumplía 25 años.

Solo en tres países de la región la situación era diferente, uno de ellos era Ecuador. A la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara le siguió el Consejo Supremo de Gobierno conformado por el Almirante Alfredo Poveda, el General de División Guillermo Durán Arcentales y el general del Aire Luis Leoro Franco.

Desde un inicio este triunvirato tenía como meta entregarle de nuevo el poder al pueblo. Con este antecedente y mediante el referéndum del 15 de enero de 1978 se convocó a elecciones generales, tras ocho años sin que los ciudadanos se acercaran a las urnas.

Así consta en un artículo de El Comercio titulado ‘El referendo devolvió el poder al pueblo’ publicado el 26 de enero de 1997. Según este recuento histórico, una vez convocadas las elecciones y aprobada la nueva Constitución se inscribieron seis candidaturas presidenciales para los comicios de julio de 1978: Jaime Roldós, Sixto Durán Ballén, Raúl Clemente Huerta, Rodrigo Borja, Abdón Calderón Muñoz y René Maugé.

El 29 de abril de 1979 el binomio Roldós-Hurtado triunfó en la segunda vuelta de las elecciones, con 68,49% de los votos.De esta manera Roldós, con 38 años, se convirtó en el presidente constitucional más joven de América Latina. Este fue el punto final de la etapa más larga de gobiernos de facto en la historia del Ecuador.

Han pasado más de 30 años desde aquel retorno a la democracia y para Andrés González, coordinador de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) sí se han cumplido las expectativas que ese magno suceso inspiró en los ecuatorianos.
González mide el ‘éxito’ del retorno a la democracia no tanto por la calidad de ejecución de los presidentes en sus respectivos gobiernos, sino basándose en el hecho de que en 1979 el poder para elegir mandatarios volvió al pueblo y sigue siendo así. Sin embargo aclara que “no hay democracia perfecta y no ha habido ningún gobierno perfecto, ni este ni el primero”.

Enfrentar la transición democrática no debió ser una tarea fácil para el mandatario, ya que además de lidiar con los rezagos de la dictadura militar debió encarar a los cotidianos villanos de la nación: a la oligarquía, a la burocracia acomodaticia y a la partidocracia tradicional. Como lo expresa Ney Barrionuevo Silva en su libro ‘Jaime Roldós, su legado histórico’, el principal aporte de Roldós fue impulsar un gobierno con una clara tendencia democrática a pesar de estas desventajosas circunstancias.

Entre las acciones emprendidas en el gobierno de la reinstauración de la democracia, Barrionuevo destaca el respeto a la voluntad popular, como expresión de las urnas, el impulso a una política de reformas sociales al interior del país y haber logrado una imagen internacional positiva, mediante una determinante lucha por los derechos humanos.

Para González la consolidación de la democracia en el mandato Roldós no se vislumbraba únicamente en acciones particulares, sino en el novedoso plan de trabajo que implementó el Jefe de Estado: una propuesta que no se había visto antes en el país. De esta manera el aporte del presidente al fortalecimiento de una idea de república se evidenció en “cómo el gobierno democrático, después de la dictadura, puso los puntos sobre las ies” y también en la evocación de un fuerte sentimiento de nación.

En un tercer punto de vista, Franklin Ramírez, doctor de Sociológica Política y profesor investigador de la FLACSO considera que en la transición a la democracia fue esencial la creación (o la intención de configurar) de un sistema moderno de partidos políticos, “fundamentalmente en torno a las expresiones de la Social Democracia y la Democracia Cristiana”.

De esta manera, concluye Ramírez, se abre el juego político en el país, traducido en la disputa por el poder político, en el que interactúan diversidad de tendencias y actores.

Por otro lado, no hay que olvidar el hecho de que esta transformación política por la que atravesaba el país se vio afectada de una u otra manera por la trágica y temprana muerte de Jaime Roldós el 24 de mayo de 1981.

Aunque de forma superficial este funesto suceso pudo representar un freno al impulso democrático, Andrés González lo considera más bien un ‘detonador’ del mismo. Con el fallecimiento del presidente se puso a prueba a la democracia, porque el frágil momento pudo ser aprovechado por los militares para retomar el poder (siendo que la constitucionalidad del Estado estaba en una etapa naciente) y no fue así.

Por el contrario “las instituciones políticas dejaron que Hurtado asuma el poder” acota el politólogo, además de que permitieron que la sucesión se desenvuelva de acuerdo a la Constitución.

La muerte de Roldós además marca una segunda transición de acuerdo con lo que expone Franklin Ramírez. Menciona que el mandatario prosiguió con algunas políticas de los 60’s y 70’s que los gobiernos militares, nacionalistas y revolucionarios de esas décadas pusieron en práctica y con su deceso se sella este ciclo.

Ramírez señala que de inmediato Osvaldo Hurtado, al asumir la presidencia, “entra en una política de ajuste estructural ligada a la crisis de la deuda y se cierra un momento de reconfiguración de las relaciones Estado-economía que se abrió en los años 70’s con el boom petrolero”.

Otro elemento vital para entender esta evolución de Estado ecuatoriano se evidencia en la política exterior del presidente. Así lo estableció Manuel Terán en el artículo ‘Veinticinco años después’ publicado en El Comercio el 11 de agosto de 2004.

“El proceso ecuatoriano hacia la constitucionalización mereció el interés internacional por varios factores especiales, entre ellos por el anhelo general de que terminen los regímenes de facto y América Latina pase a ser un continente regido por gobiernos constitucionales, frutos de la voluntad popular” consta en el texto de Terán.

Una perspectiva similar tiene Barrionuevo al respecto, quien establece en su libro ‘Jaime Roldós, su legado histórico, que “el gobierno de Roldós será recordado por ser el pionero en el retorno al orden constitucional en el Cono Sur y a la vez, ser el sepulturero de las dictaduras militares fascistas en América Latina”.

La demostración más clara de esta propuesta podría ser la Carta de la Conducta, mediante la cual Roldós impulsó la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica, apoyado de los otros gobiernos democráticos de la zona (Perú, Colombia y Venezuela).

Sin embargo, aunque Ecuador era en ese entonces de los pocos países constitucionalmente gobernados y su ejemplo podría haber funcionado como un motor de cambio para el resto de Estados, la visión de Barrionuevo resulta un poco exaltada.

Para Ramírez el panorama se presenta de manera diferente. Él considera que tanto los procesos autoritarios de los años 60’s y 70’s, como los de retorno a la democracia obedecieron principalmente a una ola regional, teniendo en cuenta también que cada nación seguía sus propios procesos. Lo que no significa que la influencia, en cuanto transformaciones políticas, haya sido nula o inexistente entre los países latinoamericanos.

La diferencia primordial entre los retornos a la democracia de Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y demás países con mandatos dictatoriales similares (que sucedieron a finales de los 70’s y durante los 80’s) y el de Ecuador radica en las partes involucradas.

En nuestro país la transición fue pactada entre los militares y las élites civiles, mientras que en los estados del Cono Sur a estos actores se sumaron las luchas sociales y los movimientos de derechos humanos, expone Ramírez. Adicionalmente está el hecho de que las dictaduras de este sector eran absolutamente represivas y violatorias de todos los derechos, circunstancia que no se traducía para Ecuador.

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