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Alas 16:00 de ayer, unas 30 personas entre funcionarios municipales y policías metropolitanos llegaron a l edificio donde funciona la sede de Izquierda Democrática, en la calle Vancouver y Eloy Alfaro (Quito).

La visita era para una "inspección de rutina", según dijo Gloria Jaramillo, supervisora de la Zona Norte del Municipio. Pero según Henry Llanes, presidente de ese partido, Jaramillo había llegado sin un anuncio de que dicha inspección iba a realizarse. Esta visita coincide con la decisión del Consejo Nacional Electoral, de retirar del registro de partidos a 24 organizaciones políticas que no cumplieron con los requisitos de inscripción. Entre esas tiendas, están tres históricas: la ID, la ex Democracia Popular y el Partido Liberal Radical Ecuatoriano.

Ayer, en la sede de la ID, uno de los militantes dijo que Jaramillo tuvo que llamar a la oficina municipal y pedir que se emitiera la orden de inspección del inmueble, que llegó a las 17:20.

"Hubo un malentendido y yo, como autoridad metropolitana, ingreso a todos los establecimientos comerciales y no tengo impedimento", dijo Jaramillo.

La funcionaria explicó que se está analizando la donación del terreno donde funciona la ID, que hace más de 20 años hizo el Municipio de Quito para fines partidarios y no para alquilar oficinas a las tres empresas que funcionan allí. Llanes insistió que el edificio es de propiedad privada, construido con el aporte de los militantes del partido.

Por otra parte, la Unión Demócrata Cristiana (ex DP) tampoco descarta impugnar la resolución del CNE sobre la pérdida de su personería jurídica. Así lo confirmó la presidenta Sandra Alarcón.

La directiva de la UDC se reunirá la próxima semana para definir la apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Según la versión de Alarcón, la forma en la que supuestamente fue notificado el partido con la pérdida del registro electoral fue a través de un mensaje en el buzón de voz anunciándoles que debían retirar la resolución respectiva. El mensaje, añade Alarcón, le habría llegado el lunes, seis días después del fallo definitivo.

Pero ese mismo lunes, el presidente del CNE, Domingo Paredes, dijo que era imposible que las resoluciones no hubieran llegado a los partidos, puesto que "siempre son comunicadas de inmediato a las partes".

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