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Desde el montículo más elevado del asentamiento La Thalía 2 se apreciaba una escena de desolación. Las endebles construcciones de caña yacían hechas añicos, como si un tornado las hubiera arrasado en su camino.

Las cañas que hacían de paredes, ahora ardían amontonadas.

El operativo contra las invasiones que se ejecutó ayer dejó impotentes a los moradores de este sitio, ubicado a un costado de la vía Casuarina, aproximadamente a 5 kilómetros de la vía Perimetral, en el noroeste de Guayaquil.

Unos 1 200 policías y 255 militares acordonaron el sector desde la madrugada del viernes, para evitar incidentes y restringir el acceso de vehículos. Un helicóptero policial monitoreaba desde el aire el desarrollo del desalojo.

Enterados de antemano, los moradores de este sector y de otros que se prevé que también serán desalojados se apostaron en la vía con palos y piedras. Una batalla campal se produjo, desde las 07:00, cuando la Fuerza Pública llegó en buses y convoys militares.

Una mujer que no quiso identificarse se aferraba a los tablones en el interior de su vivienda. En su brazo derecho sostenía dos pequeños balones, quizás los únicos juguetes de sus hijos. "No ven el sacrificio que una ha hecho, yo tenía una covachita y poco a poco, con mi esfuerzo, la he ido ampliando, desde hace cuatro años. Nos censaron como cuatro veces, pero ni eso ha valido", gritaba.

Los ocupantes de esos predios, a menos de 400 metros de donde el Gobierno planea construir un hospital público, promocionado como el más grande del norte de la ciudad, fueron notificados con la orden de desalojo el pasado 25 de abril. Días antes, el 12 de abril, ya fueron desalojadas 50 casas del sector aledaño La Camila. Allí también la Intendencia del Policía del Guayas aprovechó para clausurar ferreterías y bodegas de madera que vendían sin permisos.

"Hemos hecho mingas, hemos rozado el monte, pero claro, ahora que esto está bonito, adecentado, vienen a botarnos. No es justo", reclamaba Luis Conforme, de 46 años, arrodillado sobre las hojas de zinc que pudo rescatar. Su casa, que era ocupada por tres familias, fue una de las primeras en caer bajo el peso de las orugas de las retroexcavadoras.

La zona invadida, que sus ocupantes identificaban como la precooperativa La Thalía 2, estaba ocupada por 600 casas. Ni las viviendas de construcción mixta (caña y bloques), algunas de ellas de dos plantas, se salvaron.

Julio César Quiñónez, director de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Irregulares, dijo que, según el catastro elaborado previamente, debían demolerse 420 construcciones, las cuales fueron destruidas ayer. Este asentamiento y otros cinco más en Monte Sinaí fueron notificados en abril, con las órdenes de desalojo. Hasta el mediodía, solo unas cuantas casas quedaron en pie. Eran de quienes pudieron certificar –muchos de ellos con simples pagarés- que las ocupaban desde antes del 2010.

El Gobierno emprendió a comienzos  del 2011 el plan de erradicación de las invasiones, advirtiendo que no permitiría ningún nuevo asentamiento desde esa fecha. Por ello, mediante un decreto, se creó el Área de Reserva de Seguridad de 9 232 hectáreas como forma de proteger el trasvase que por allí lleva el agua a la provincia de Santa Elena.

También se escaparon del de-salojo las viviendas en las que había un ocupante con discapacidad. Por ello, Carlos Parrales observaba  desde la ventana de la planta alta de su casa, donde habita con su hijo con deficiencia visual, cómo la maquinaria demolía las construcciones contiguas. Otros vecinos, indignados, les prendieron fuego a las cañas. “¡Mejor que ardan, porque igual ya nos quedamos sin nada!”, gritaba a los policías un hombre con el torso desnudo.

Según Quiñónez, los desalojos proseguirán según un cronograma. Muchos de los que fueron desalojados advirtieron que regresarán. “De dónde vamos a sacar 200 dólares para pagar la mensualidad de una casa, si somos madres sin trabajo, con hijos”, reclamaba Paola, la madre de tres menores de edad. Los policías la condujeron a la fuerza fuera de su vivienda, para permitir que la maquinaria empezara la demolición.

No hubo detenidos

La gobernadora  del Guayas Viviana Bonilla indicó, horas después del operativo, que las personas desalojadas tienen la opción de acceder a los planes habitacionales gubernamentales.

Según la Gobernación,  durante el operativo no se registraron heridos de gravedad ni personas detenidas.

El predio desalojado  es, según la Gobernación, de propiedad del Ministerio de Vivienda. Se trata de 17 hectáreas de tierras.

17 hectáreas de terrenos fueron de-salojadas por la Policía y el Ejército.

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