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La investigación por el delito penal de tránsito, abierta por el accidente en el que murieron 30 personas, en la vía Ibarra-San Lorenzo, pudiera concluir sin responsables. Así lo aseguró ayer Gustavo Torres, fiscal provincial de Imbabura.

“Al haber fallecido el conductor y controlador no hay contra quiénes iniciar el proceso”, dijo. Sin embargo, aclaró que los familiares de los muertos y 27 heridos podrán exigir las indemnizaciones civiles correspondientes a la empresa de transporte. Ayer, Georgina Lobato, directora de Salud de Pichincha, dijo en Quito, que hubo otro fallecido, subiendo de 29 a 30 los muertos.

El autobús, de placas CAF-314, se impactó contra una peña, se volcó y cayó a un barranco, el domingo último, en el sector de Cuajara, cantón Ibarra. El vehículo viajaba con destino al norte de Esmeraldas, con 57 pasajeros y posiblemente con exceso de velocidad, según los primeros datos.

Pese a que el proceso administrativo se habría iniciado contra la cooperativa Espejo, según informó Mauricio Peña, director de la Agencia Nacional de Tránsito, ayer se atendió en las boleterías de Ibarra (Imbabura) y El Ángel (Carchi). En el cantón Espejo se invitó a la ciudadanía, a través de altoparlante, a respaldar a la cooperativa. Es la única empresa que existe en el cantón. Tiene 29 unidades y 13 turnos diarios en las rutas de Ibarra-El Ángel e Ibarra-San Lorenzo y viceversa.

A las 10:40, Jorge Padilla compró un pasaje para viajar de Ibarra a Primer Paso, en la vía a San Lorenzo, Esmeraldas. Él dijo que no tiene miedo de viajar en esos buses pese al accidente.

Según Germán Fuentes, administrador de la terminal terrestre de Ibarra, “el domingo último, día de la tragedia, la unidad 28 se atrasó al turno de las 05:40, no ingresó a la terminal y buscó pasajeros en el entorno”. Es decir, la empresa administradora no emitió la frecuencia para ese viaje, aseguró. “Es un permiso que sirve para salir de las instalaciones y que la Policía le permita desplazarse”.

Sin embargo, Camilo Herran, uno de los sobrevivientes, sostuvo que el bus sí estuvo en la terminal y tuvo problemas para salir. “La Policía nos detuvo dos veces, pero los pasajeros exigimos que continúe el viaje”, recordó.

A esa hora, Vicente Rosas, conductor del autobús que se accidentó, llamó a la oficina para comunicar el inconveniente, dijo Rubén Santafé, gerente de la empresa Espejo. Luego Rosas comunicó que continuaba con el viaje.

Para Pablo León, jefe de Operaciones de la Policía de Imbabura, los testigos deben aclarar si el autobús salió de la terminal, si tenía frecuencia y si la Policía revisó los documentos del automotor.

Los familiares de los heridos viven otro drama. De los 27 pasajeros, 11 fueron dados de alta hasta ayer. Según Yu Ling Reascos, directora de Salud de Imbabura, los más graves (8) están en Quito. Ayer, a tres días del accidente, aún no había denuncias en la Fiscalía de Imbabura por el accidente.

Aún queda pendiente, también, la cobertura de los gastos médicos, aunque hay un ofrecimiento del Estado.

La Policía acusa a  chofer del  bus

La impericia del conductor habría causado el accidente, del domingo pasado, en  Ibarra , que dejó 30 fallecidos y 27 heridos.
 
Juan Ruales, director nacional de Tránsito, informó que de acuerdo con investigaciones previas     la unidad 28 de la Cooperativa Espejo llevaba una carga de 7,9 toneladas, cuando lo permitido era 5,04.  El bus tenía capacidad para transportar 42 pasajeros, pero en realidad llevaba a  57.

La unidad también iba  a exceso de velocidad en el sitio del siniestro: 110 km/h, es decir 70 km/h sobre  lo permitido.
Ruales  deslindó  responsabilidades  de  la Policía. Dijo que el bus no pudo ser revisado en la Terminal de Ibarra. Aseguró que en el puesto de control, de la salida  de la ciudad, los uniformados se percataron del exceso de pasajeros y los obligaron a bajarse. Pero,  pese a  la advertencia   el chofer   recogió más pasajeros mientras continuaba con su recorrido.

Mauricio Peña, director de la Agencia Nacional de Tránsito, garantizó que se sancionará a la cooperativa, pero “no puede   suspenderse las operaciones, puesto que  tiene derecho a defenderse”.

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