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Con lágrimas y gritos, Rocío Hurtado rechazó ayer la resolución judicial en torno al accidente de tránsito de un bus de la Cooperativa Espejo, que dejó 30 muertos y 27 heridos, el 19 de febrero último.

Hurtado, madre de Dechy Gruezo, una de las fallecidas, no aceptó la decisión de Marino Burneo, juez primero de Tránsito de Imbabura, de cerrar el caso.

A las 09:30 se inició la audiencia pública. Asistieron familiares y abogados de las víctimas, de Fernando Martínez, propietario del bus accidentado; de Rubén Santafé, gerente de la empresa de transporte de pasajeros; y de la Cooperativa Valle del Chota.

A una unidad de esta última se la acusó inicialmente de haber sido la supuesta causante del choque y volcamiento de la unidad 28 de Transportes Espejo.

Durante la audiencia se ratificó que el carro accidentado llevaba 57 pasajeros, a pesar de que su capacidad era para 40. Además, de los testimonios de los sobrevivientes e informes técnicos de la Policía se desprende que el ve-hículo viajaba, de Ibarra a San Lorenzo (Esmeraldas), a más de 100 kilómetros por hora.

Tras una hora de explicaciones, Burneo aceptó la propuesta del fiscal Édgar Pacheco. El funcionario público, que realizó la investigación previa, sugirió que se extinguiera la acción penal. Es decir, que se cerrara el caso.

El argumento de Pacheco fue que el chofer del bus siniestrado, Vicente Rosas, murió en el percance. Es por ello que se consideró que el caso debería archivarse, pues ya no hay un acusado para que responda por la tragedia.

La decisión generó malestar entre los familiares de las víctimas. Tarquino Angamarca, uno de los abogados de los afectados, solicitó que la responsabilidad se hiciera extensiva para el propietario del carro y para la cooperativa.

Durante el proceso argumentó, por ejemplo, que una de las sobrevivientes es una niña de 2 años que quedó huérfana. “Alguien tendrá que responder por el futuro de la pequeña”.

El juez Burneo aclaró a los familiares que la audiencia fue para analizar si el proceso penal continuaba o era cerrado. Y que en todo caso los deudos pueden recurrir a los jueces si no están de acuerdo con la decisión tomada.

Carlos Salazar, quien perdió nueve familiares, aseguró que continuarán luchando. Su abogado, Tarquino Angamarca, explicó que el caso se procesará a nivel civil. “Aplicaremos una demanda por los daños y perjuicios que ocasionó el siniestro ”.

En las afueras de la sala de audiencia de la Corte Superior de Imbabura, los familiares seguían cuestionando la decisión.

Entre ellas estaba Martha Rodríguez, madre de Yadira Burgos, de 16 años. Rodríguez viajó desde la isla de Limones, Esmeraldas, para asistir a la audiencia pública. Ella recordaba que su hija viajó para conocer Quito junto a Dechy Gruezo, hija de su vecina.

Esta última cursaba el cuarto año de Ingeniería Ambiental en la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), en Quito. Dechy tenía 29 años.

El  seguro  se pagó

Los  familiares de los  fallecidos recibieron USD 5 000 y los heridos 2 500. Varios sobrevivientes   gastaron más. 

Transportes Espejo se  quedó con 28 unidades. El cupo de la  unidad accidentada fue eliminado  de la  cooperativa.   

Los 28  buses son  sometidos, desde ayer, a una revisión de  la Corporación del Aire de Quito (Corpaire). En agosto los choferes de la  Cooperativa Espejo serán evaluados.

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