Ecuador sigue atado a la deuda y al petróleo :: EL COMERCIO

Economía Especial 1 de Enero

Ecuador sigue atado a la deuda y al petróleo

La extracción del campo Tiputini, que es parte del ITT, crecerá en el 2018. FOTO. Julio Estrella / EL COMERCIO

El 2017 cerró con el deseo de un cambio de modelo económico sin que se haya llegado a concretar, y las acciones tomadas de cara al 2018 apuntan a que el manejo seguirá igual.
En julio pasado, el presidente Lenín Moreno reconoció lo que habían advertido varios sectores: que la situación era “crítica” y que heredó un alto endeudamiento y un complicado escenario económico.
Pero el nivel de endeudamiento no se frenó y más bien se mantuvo al alza. Hasta octubre del 2017, el saldo de la deuda agregada (incluye créditos con entes estatales) cerró en USD 46 162,4 millones; esto es, 6 228 millones más que en mayo pasado, cuando el Gobierno asumió el poder.
Esa liquidez se consiguió principalmente de emisiones de bonos en el mercado internacional a altas tasas de interés, de entre el 8,75 y 9,625%.
El Fisco también echó mano, como en el pasado, de las reservas de oro que administra el Banco Central del Ecuador (BCE) para conseguir financiamiento de Goldman Sachs.
Esa amplia liquidez explica, en buena parte, la mejora de las proyecciones de crecimiento de la economía. De acuerdo con datos del BCE, en el 2017 el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 1,5%, más que el 0,7% proyectado inicialmente.

USD 10 000

millones deberá buscar el Gobierno en el 2018, para cubrir el déficit fiscal y pago de deuda.

Otro de los motivos de este cambio de tendencia es la subida del precio del petróleo.
Entre enero y octubre del 2017 el barril de crudo ecuatoriano se vendió en un promedio de USD 44, unos USD 10 más que en igual período del año previo. Esto compensó la caída de la producción petrolera debido al acuerdo que debe cumplir el Ecuador con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Para el 2018 se espera que el Ecuador continúe registrando tasas positivas de crecimiento, ya que no se considera una reducción del gasto público, pese a los anuncios de austeridad. Para sostenerlo y, además, cubrir las obligaciones pasadas, el Gobierno necesita conseguir financiamiento por más de USD 10 000 millones.
El desempeño estará apalancado, además, en actividades extractivistas.
En el Presupuesto se prevé un precio del petróleo ligeramente superior al del 2017 y un aumento de la producción petrolera de 50 000 barriles diarios. Ese incremento provendrá del área Tiputini, que ya está en producción, y de Tambococha, cuya perforación estaba prevista que arranque a mediados de diciembre.

En la foto sobrevuelo por los bloques 43, 31 San Carlos, puerto Miranda, Apaika, Chiroisla. FOTO. Julio Estrella / El Comercio

En el área minera, el BCE espera inversiones privadas de entre USD 800 millones y 1 000 millones.
Se trata de un sector que no solo va ganando importancia en la economía sino, al igual que el petróleo, en el Presupuesto estatal. El Gobierno anterior perfeccionó el marco jurídico para eliminar todo desincentivo para la minería y eso se tradujo en nuevas inversiones hacia el país.
El Gobierno actual no ha dudado en cosechar los frutos de esas medidas. En diciembre, el Fisco recibió un segundo aporte de USD 20 millones por concepto de regalías de la firma canadiense Lundin Gold, que opera el proyecto aurífero de minería a gran escala más importante del país.
La consulta popular no frenará las actuales actividades extractivistas, ya que las preguntas relacionadas con el sector petrolero y minero no impactan los proyectos en curso.
Pensar en un cambio de modelo es difícil cuando funcionarios que integraron el frente económico del correísmo hacen parte del actual Gobierno.

El Gobierno generó expectativas de un cambio en el manejo económico, pero el modelo sigue con un enfoque centrado en lo fiscal.

La salida de Patricio Rivera y Diego Martínez, dos personajes claves del frente económico del correísmo, no significa que habrá un giro en el manejo económico. Lo dejó claro el propio ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, quien también asesoró en el área económica al anterior Régimen.
Las medidas adoptadas en el 2017 mantuvieron aún una fuerte presencia y peso del Estado en la economía ecuatoriana y todo hace pensar que esto va a seguir en el 2018.

USD 50 000

millones barriles diarios de crudo proyecta producir el país, según la Pro forma 2018.

El Gobierno actual anunció que le daría más espacio al sector privado y para ello convocó un diálogo. Pero las medidas económicas que el Ejecutivo adoptó amenazan, más bien, con restarle espacio al sector productivo por dos factores: el primero es la adopción de una tasa aduanera que preocupa a los principales socios comerciales del país.
El segundo es una reforma tributaria que resta beneficios a la gran empresa y grava sus beneficios con más impuestos para financiar un gasto público y Estado que siguen creciendo.


O una política económica realista, o un ajuste al apuro

Walter Spurrier Director de la publicación Análisis Semanal

El desempeño de la economía en 2018 dependerá que el crédito internacional para el Ecuador siga abierto, lo que a su vez depende del precio del petróleo.

Walter Spurrier

Las expectativas de que luego de la consulta el Gobierno adopte una política económica adaptada a la realidad de que hemos perdido cerca de USD 5 000 millones en divisas petroleras se desploman. Las expectativas las creó el presidente Moreno, declarando que Rafael Correa no dejó la mesa servida, y convocó a los empresarios a conformar un consejo consultivo para delinear en conjunto una estrategia que reactive la inversión privada.
Pero el Presupuesto 2018 mantiene la misma necesidad de crédito externo que el del 2017 y los anteriores, sin que haya reducción del gasto corriente del Gobierno; incluso, aumenta. La ley llamada de reactivación no recoge los planteamientos de las empresas en el Consejo Consultivo: reduce en lugar de ampliar los incentivos a la reinversión, y profundiza una política de sustitución de importaciones, cuando el empresariado busca apertura y crecer con base en la exportación.
Al menos en este aspecto de sus declaraciones, se corrobora lo dicho por Eduardo Mangas: que el diálogo era para que los actores económicos se sientan escuchados, pero no que el Gobierno acogería sus planteamientos. El desempeño de la economía en 2018 dependerá que el crédito internacional para el Ecuador siga abierto, lo que a su vez depende del precio del petróleo. Si viene el crédito, será posible que la economía crezca al mismo ritmo de la población, alrededor de 1,5%. Si se seca el crédito, la situación será similar a la que vivimos en el 2015 y el 2016: crecimiento nulo o contracción. Entonces tendrá que venir el ajuste, pero al apuro.


EL HECHO

La agenda del diálogo espera impulso político

Los diálogos entre autoridades de Gobierno y empresarios fueron un capítulo que levantó expectativas, aunque en la práctica quedaron más en el lado de las propuestas que de los logros.
La idea surgió a inicios de junio, días después de la posesión del nuevo Gobierno. El objetivo fue acercar posiciones y trazar un plan de trabajo para reactivar la economía nacional. Para el desarrollo de esta instancia, el Gobierno creó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario.

Representantes del gobierno y empresarios participaron en el Consejo Consultivo Productivo. FOTO: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Seis funcionarios del Gobierno -liderados por el entonces vicepresidente Jorge Glas, luego reemplazado por la ministra de Industrias, Eva García- y seis representantes del sector privado conformaron este Consejo Consultivo.
Los diálogos arrancaron el 31 de julio del 2017. El sector turismo fue el primero en sentarse a la mesa. Luego le siguieron construcción, manufactura, banca, entre otros. En total, fueron 24 mesas sectoriales.
La expectativa era grande y los planteamientos de los empresarios fueron creciendo. Las conversaciones avanzaron y hasta finales de septiembre se contabilizaron 139 propuestas que se concentraban en cuatro áreas: ajustes tributarios, reformas laborales, apertura comercial y el incremento de la competitividad.

Autoridades y empresarios se reu­nieron para trazar un plan de reactivación productiva.

Ministros del frente económico y otras autoridades participaron en los encuentros y los empresarios veían con optimismo las reformas que surgirían de las mesas de diálogo. La previsión era que las propuestas se tradujeran en un paquete de medidas económicas, que el Gobierno ofreció para finales de octubre. Pero cuando se materializó, el sector empresarial estuvo -en principio- dividido. Pequeños empresarios y exportadores estuvieron satisfechos. Las cámaras mostraron su rechazo y no tardaron en criticar las acciones del Gobierno. Los empresarios resumieron su posición al señalar que las medidas del Gobierno no resolvían los problemas estructurales, pues solo buscaban recursos para un Estado obeso.

139

propuestasse presentaron tras las mesas de diálogo público-privadas.

Entre las medidas planteadas por las autoridades estaban, entre otras, el incremento de tres puntos porcentuales al Impuesto a la Renta y el cobro de una tasa aduanera.
Esta última medida agrupó a todo el sector empresarial y generó una avalancha de críticas. Desde el 13 de noviembre, fecha en la que entró en vigencia la tasa aduanera, la relación entre autoridades y empresarios cayó en un bache.
El Presidente de la República quiso -fiel a su estilo de mostrarse conciliador- dijo que “los diálogos continúan y nunca se agotan”. Además, anunció la implementación de una nueva mesa, la de competitividad, para acoger las demandas que no habían sido incluidas.
Hoy la conformación de esta nueva mesa está pendiente. El sector productivo, sin embargo, mantiene la esperanza de que el Gobierno salga fortalecido políticamente luego de la consulta popular, lo cual le permitiría materializar la agenda que salió del diálogo.