La corrupción se apuntaló en un modelo permisivo :: EL COMERCIO

Corrupción Especial 1 de Enero

La corrupción se apuntaló en un modelo permisivo

Jorge Glas fue condenado a 6 años de cárcel el 13 de diciembre. FOTO: Galo Paguay / EL COMERCIO

El esquema que el anterior Gobierno levantó alrededor de la contratación pública derivó en escándalos de corrupción que arrastraron al vicepresidente Jorge Glas, al entonces contralor Carlos Pólit y a exministros de Estado.

Se trataba de un sistema complejo que se ejecutó, por ejemplo, a través emergencias y del llamado giro específico de negocio, mecanismos que avalaron la contratación directa de empresas; sin concursos.

La justificación del régimen era que así se daba dinamismo y agilidad al Estado.
Pero en el 2017, la Fiscalía descubrió que esa forma de operar dejó millonarios perjuicios para el Estado, con el pago de coimas de por medio.
Cuando se revisaron los proyectos se descubrió que las empresas eran contratadas, pese a que no había estudios previos de las obras.

La investigación fiscal en el caso Odebrecht apunta a cinco mega­obras ejecutadas entre el 2011 y el 2015. FOTO: EL Vicente Costales/ COMERCIO

Solo entre el 2009 y el 2012 se determinó que en 97 declaratorias de emergencia faltó planificación o no se cumplió lo que establece la ley.
El Estado contrataba a firmas que presentaban ofertas más bajas. Pero en el camino se firmaban contratos complementarios y órdenes de trabajo. Y los valores se disparaban.

La Refinería de Esmeraldas es un ejemplo. La rehabilitación, que debía costar USD 855 millones, se elevó 2,7 veces más. Ahora, Carlos Pareja Yannuzzelli, quien impulsó estos trabajos, está preso, condenado por asociación ilícita y cohecho. Además se le investiga por posible enriquecimiento ilegal, peculado y lavado.

USD 11,7

millones en coimas fueron confirmadas en la Refinería de Esmeraldas.

En la hidroeléctrica San Francisco, el presupuesto inicial fue de USD 286 millones, pero terminó costando USD 369,4 millones. El valor de Manduriacu pasó de USD 124,88 a USD 227,38 millones.
Igual ocurrió con el trasvase Daule-Vinces y con el poliducto Pascuales-Cuenca.
El control era nulo. La red de corrupción incluía a Carlos Pólit, contralor que durante 10 años suscribió informes endebles que cubrían a altas autoridades, según sus detractores.
Cuando se pronunciaba solo sugería mejoras posteriores en las obras y señala a funcionarios de nivel medio.
Es más, el delator de Odebrecht, José Santos, reveló que le habían pagado USD 10,1 millones, para que sacara informes limpios de los proyectos.

Las declaratorias de emergencias permitieron al anterior Gobierno hacer contrataciones sin estudios técnicos ni concursos.

La investigación se trabó, pero no solamente por lo que acontecía con Pólit, sino también porque ese esquema complejo que rigió en la anterior administración implicó cambios en la normativa judicial. Desde marzo del 2010, en casos de peculado y enriquecimiento ilícito, la Fiscalía no puede iniciar instrucción fiscal (investigación pública) si es que la Contraloría no emite un informe previo con indicios de responsabilidad penal.

El fiscal Carlos Baca aseguró que esa limitación permitió “que muchos temas que debieron haber sido oportunamente procesados no lo fueron, porque en ese entonces la Contraloría estaba en connivencia o acuerdo e impedía que se hagan las investigaciones”.
Para modificar esa disposición se debiera reformar parte del art. 581 del Código Penal. La tarea está en la Asamblea.

Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de hidrocarburos, fue sentenciado a seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso de Petroecuador. FOTO: Galo Paguay / EL COMERCIO

En octubre pasado, cuando entregó el informe ejecutivo de sus labores, el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción ya pidió que se elimine el informe previo.
El actual contralor, Pablo Celi, ha remitido a la Fiscalía 11 informes con indicios de responsabilidad penal para abrir procesos por esos y otros delitos de corrupción.

El frente también sugirió que el Consejo de Participación Ciudadana sea elegido por voto popular y que se cree una nueva ley para su funcionamiento. Ese organismo fue creado para “luchar” contra los ilícitos y “promocionar la transparencia”.
En la práctica sus integrantes se alinearon con el Gobierno anterior y nombraron autoridades que fueron parte de sus filas. El presidente Lenín Moreno planteó el cese de sus miembros.

Con el espíritu original de Montecristi, vamos a retomar un Cpccs con amplitud de voces, diverso e incluyente.

Lenin Moreno

Este tema se definirá este año, a través de la Consulta. Igual sucederá con la propuesta de que los servidores públicos declarados culpables por actos ilegales pierdan los derechos políticos. Es decir, no podrán ser ni candidatos ni funcionarios del Estado.
Para María Arboleda, de la Comisión Anticorrupción, estas iniciativas son solamente “un primer paso para la descorreización del Estado”. Pero aseguró que es necesario, por ejemplo, evitar contratos de manera directa.


El COIP debe ser reformado para evitar la impunidad

Paulina Araujo Abogada Penalista y docente universitaria

Necesitamos jueces y fiscales sometidos solo a la ley. Y por eso, se debe fortalecer la Función Judicial, que no sea dependiente del Ejecutivo.

Paulina Araujo


EL HECHO

Independencia judicial quedó en entredicho

La independencia de la justicia estuvo en duda durante los últimos 10 años. Pero en agosto pasado, con la filtración de cientos de correos electrónicos se evidenció la aparente influencia política en el sistema judicial.
Las denuncias sobre jueces que habrían sido presionados por funcionarios del gobierno de Rafael Correa se intensificaron con las revelaciones que hicieran 40 exmagistrados destituidos por la anterior y la actual Judicatura.

Hernán Ulloa es el abogado de exjueces que denunciaron haber sido separados por presiones políticas. FOTO: ARCHIVO EL COMERCIO

En la lista de funcionarios separados está el nombre de Madeline Pinargote, exjueza de la Corte Provincial del Guayas. Ella aseguró que su sanción se produjo por haber declarado la nulidad en el juicio por lavado de dinero en contra de la empresa Fondo Global S.A.
Otro caso es el Richard Proaño, exjuez del Guayas. Él dijo que fue destituido por fallar en contra de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, en un juicio de alimentos.
Desde agosto del 2011, cuando iniciara la modernización de la justicia, hasta mayo, fueron destituidos 711 jueces.
Tras las denuncias, Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura, aseguró que detrás de los exfuncionarios hay intereses políticos que intentan desestabilizar la función judicial.

711

juecesfueron destituidos desde agosto del 2011 hasta mayo del 2017 por negligencia o error inexcusable.

Además, cuestionó la veracidad de los correos, entre los que constan e-mails que aparentemente fueron obtenidos de su cuenta electrónica.
En ese material se detalla la correspondencia que mantuvieron funcionarios de la Presidencia con los del Ministerio de Justicia, de la Judicatura y abogados particulares.
Los correos fueron enviados entre octubre del 2009 y junio del 2013. Allí, por ejemplo, solo desde las cuentas de Correa y Alexis Mera, exasesor Jurídico de la Presidencia, se enviaron o se recibieron 44 correos sobre 17 juicios que se ventilaban en los tribunales del país.
Entre los juicios que interesaban a Correa aparece el expediente sobre alumnos del Central Técnico, acciones de protección en contra del Estado, la situación legal del periodista de Loja Freddy Aponte, acciones legales para que los funcionarios de Gobierno no acudan a los medios, etc.

Baltasar Garzón fue veedor internacional en 2011 en el proceso de reestructuración de la justicia. FOTO: Archivo / EL COMERCIO

Allí también hay correos sobre el proceso de selección de la anterior Corte Nacional de Justicia. Ese concurso, realizado en el 2011, estuvo a cargo de la Judicatura de Transición, presidida por Paulo Rodríguez, delegado de Correa.
En uno de los e-mails, funcionarios del Ministerio de Justicia hicieron un análisis de los candidatos según sus afiliaciones políticas y recomendaron a quienes eran cercanos al Gobierno. Ese concurso fue cuestionado por la veeduría de Baltazar Garzón. Él denunció la falta de sustento técnico en las calificaciones.
El actual Consejo de la Judicatura realizó el año pasado el concurso para renovar la Corte Nacional. Esta vez se acogieron las recomendaciones y, por ejemplo, se eliminó la calificación de la prueba oral, que evaluaba cuestiones subjetivas como la opinión del postulante sobre el sistema judicial.